Al tiempo que la fiscal general, Luz Camargo Garzón, ordenó iniciar de inmediato una investigación por la denuncia que hizo la Corte Constitucional sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, crecen las voces en sectores de la oposición e independientes que exigen al Gobierno garantías para hacer su labor política y que dé claridad sobre si esta práctica irregular se está registrando.

La Fiscalía informó en un comunicado, que frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al recibir “en la Corte Constitucional la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”.

Agregó el ente investigador que “la fiscal general dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles”.

La Corte Constitucional invitó la semana anterior a la fiscal Camargo para ponerla en conocimiento de esta situación, que según ha trascendido, ha afectado el despacho del magistrado Jorge Ibáñez y su equipo. El presidente del alto tribunal, magistrado José Reyes, le entregó una carta con esa denuncia.

También, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se reunió con la Policía para ponerla al tanto de las presuntas chuzadas y seguimientos. En este encuentro estuvieron presentes los magistrados Jorge Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional; Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Milton Chaves, presidente del Consejo de Estado; Jorge Vallejo, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, y Mauricio Rodríguez Tamayo, vicepresidente de la Comisión de Disciplina Judicial.

"Semana" dijo que tuvo acceso al documento que la Corte entregó a Camargo, en donde, sostuvo, en una de sus apartes el magistrado Ibáñez señala que “desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la DIAN y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF)”.

Agregó el togado que “también he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.

Tras el debate de control político la semana pasada en la plenaria del Senado al que citaron al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Ramón González, para preguntarle “si era cierto que estaba interceptando, perfilando y haciéndoles seguimiento a periodistas, a militares en retiro y a miembros de la oposición”, según el citante David Luna, el presidente Petro dijo que “no le hacemos a nadie lo que hicieron con nosotros. Quienes chuzan comunicaciones, quienes persiguen a la oposición y a los magistrados fueron otros, los que ahora nos acusan para tapar sus crímenes”.

González sostuvo en el Senado que “el país tiene que saber que este Gobierno nunca, jamás, lo hace o lo haría, por principio y valor ético, por principio fundante de nuestro mandato”.

Crecen reacciones 

En las últimas horas se sumaron voces manifestando su preocupación y críticas por las supuestas chuzadas en este gobierno.  

A propósito de ello, el senador Luna, de Cambio Radical, dijo que “no es paranoia. Están repitiendo los errores y crímenes del pasado. Hoy con certeza se puede hablar del peor gobierno de la historia de este país: chuzadas, corrupción y clientelismo en niveles insospechados. Vamos a proteger nuestra democracia con la ley y llegaremos al fondo de toda esta podredumbre”.

El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó que “empezaron chuzando a Marelbys y ya van en magistrados de la Corte Constitucional”.

Igualmente, el exministro Juan Camilo Restrepo dijo que “el silencio del alto Gobierno sin condenar las chuzadas  a los magistrados de la Corte Constitucional, retumba”.

En tanto que el exministro Rodrigo Lloreda dijo que “les piden a los ratones cuidar el queso. ¿Tendrá interés la fiscal Camargo en desentrañar el caso de las chuzadas si ya engavetó las investigaciones contra las personas cercanas al presidente?”.

Mientras que Íngrid Betancourt Pulecio, directora del Partido Verde Oxígeno, señaló que “lo que había denunciado David Luna, lo confirma el magistrado Ibáñez: el gobierno de Petro está violando los derechos fundamentales de los máximos jueces de la República. Se están menoscabando los contrapesos establecidos por el orden constitucional. Ese es el golpe blando tan anunciado por Petro. Estos delitos no pueden seguir cometiéndose en las narices de todo el mundo sin que sean investigados. Los responsables deben ir a la cárcel”.

Así mismo, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, dijo que “el Nuevo Liberalismo expresa su rechazo a este golpe duro a la democracia. El gobierno de Gustavo Petro debe responder ¿por qué está chuzando a la Corte? Está no solo violando la Constitución, sino la ley estatutaria de inteligencia 1621/2013”.

A su turno, el exsenador Jorge Robledo dijo que “este no es un asunto de importancia menor. Es muy grave. Debe ser investigado con todo rigor".

Caso Meza

La primera vez que se habló de supuestas interceptaciones ilegales en el gobierno Petro fue en el caso de Marelbys Meza, en medio del escándalo porque el 30 de enero de 2023 fue llevada por integrantes de la Policía de manera irregular a una prueba de polígrafo para interrogarla en dependencias de la Casa de Nariño, después de que la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, denunció el robo de 4.000 dólares de su residencia, en donde esta mujer se desempeñaba como la niñera de su hijo.

A mediados de 2023, el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que como parte de las investigaciones por la pérdida de un dinero en la residencia de Sarabia se estableció que las líneas telefónicas de dos extrabajadoras de la funcionaria fueron interceptadas de manera ilegal para establecer si tenían conocimiento sobre el paradero de la suma extraviada.

“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de derecho en Colombia. Podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, aseguró el entonces fiscal general.

Explicó Barbosa que el 30 de enero del 2023, un día después de que Sarabia y su esposo pusieron en conocimiento la pérdida de 4.000 dólares, integrantes de la Dijín de la Policía elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de Meza con el supuesto de que sería la cocinera de alias ‘Siopas’, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango, del Clan del Golfo; y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas, porque estaría vinculada al componente logístico de alias 'Omar', segundo cabecilla de la citado grupo armado.

Por el citado caso, esta semana siguen las audiencias preparatorias del juicio a cuatro policías que acusó la Fiscalía por las chuzadas a Meza y la otra empleada que estaba entonces al servicio de Sarabia. Ellos son Dana Cañizales, Carlos Correa, Alfonso Quinchanegua y John Morales  Cárdenas, por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.