Tras más de un año de estar ad portas de la resolución del caso del expresidente Alvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal, que inició la Corte Suprema Justicia y que posteriormente pasó a la Fiscalía, parece oportuno hacer una recapitulación de los momentos clave de este proceso. 

El caso inició en 2012 con la denuncia del expresidente Uribe ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Cepeda por un complot con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares, responsables de violaciones de derechos humanos, sin embargo la corte falló a favor de Cepeda y en cambió lo llamó a indagatoria por este mismo delito el 16 de febrero de 2018. 

El 22 de febrero de 2018, Reilando Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, denunció que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue buscado por personas enviadas por el expresidente Uribe para que este grabara un video retractándose de haber asegurado que Álvaro y su hermano, Santiago Uribe, participaron en la creación del Bloque Metro de las autodefensas.

 Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor y en agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación. 

“Como reacción a esa providencia judicial (la que absolvió a Cepeda) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, dice el comunicado de la Corte Suprema.

Uribe, que cuestionó a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre Uribe. 

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Aunque la corte Suprema trasladó todas las pruebas contra el mandatario, el fiscal Gabriel Ramón Jaimes expuso tres causales por las cuales el caso debería ser precluido.

La primera, la atipicidad de la conducta, la segunda, la ausencia de intervención del investigado y la tercera, la imposibilidad se desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.

Sin embargo, en esa audiencia, Deyanira Gómez, la expareja de Juan Guillermo Monsalve, condenado por paramilitarismo y principal testigo de cargo contra el exmandatario, así como el periodista Gonzalo Guillén pidieron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso obligaron que la decisión fuera aplazada. 

Tras la evaluación de la Juez, Gómez fue reconocida provisionalmente como víctima, sin embargo la pretención de Guillén fue rechazada. 

Posterior a ello aparecieron nuevas víctimas, entre ellas el abogado Luis Alfredo Castro, a nombre propio, y del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, reportado como desaparecido en Bogotá, las cuales según la defensa del senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre buscaban dilatar el proceso, incluso un vencimiento de términos.

Al respecto de estas nuevas víctimas,  la Juez argumentó que la corte no tiene ningún poder por parte del padre Barahona Castro para que se realizara esa petición en su nombre; en cuanto al abogado Luis Alfredo Castro, señaló que no adjuntó ninguna prueba que demostrara su condición de víctima.

Posterior a ello, Cepeda y Montealegre instauraron una demanda contra el fiscal Jaimes asegurando que  "es un acto manifiestamente contrario a la ley", porque en el proceso existirían evidencias que demuestran que el expresidente cometió delitos de soborno y fraude procesal.

Del mismo modo aseguraron que "el fiscal Jaimes desconoció esta evidencia y distorsionó la existente" y aseguraron que también existen evidencias de que el exabogado de Uribe, Diego Cadena, "entregó dinero al testigo Carlos Enrique Vélez (exparamilitar) para que faltara a la verdad en su declaración y engañara a la Corte Suprema de Justicia".

Ahora, tras solucionar los percances presentados, la jueza 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Carmen Elena Ortiz, decidió no precluir la investigación contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y manipulación de testigos y el señalado deberá ir a juicio.