El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó un incremento del 43% en el área sembrada con coca en Colombia, pasando de 143 mil hectáreas en 2020 a 204 mil en 2021.

La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014.

Los cultivos de coca se siguen localizando en los mismos territorios con condiciones de vulnerabilidad. El 62% se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

Incentivos para producir cocaína

De acuerdo con el informe existen diversos desafíos para determinar los factores que incidieron en el incremento del cultivo de coca y la producción de cocaína; no obstante, es posible atribuir algún grado de incidencia al entorno, entre otros, a factores económicos externos, relacionados con el ámbito económico nacional, y a internos, asociados a la economía de la cocaína.

En cuanto a los factores externos, cabe resaltar que en el 2021 el peso presentó una devaluación del 43,5% frente al dólar, siendo la moneda más devaluada de Latinoamérica el año pasado. Esta tendencia se viene presentando desde el 2014, lo que podría haber facilitado la generación de incentivos para el incremento de la producción de cocaína. Una de las posibles explicaciones frente a esta relación radica en que la devaluación aumentaría el margen de ganancia del narcotráfico, pues la producción de cocaína podría ser flexible al comportamiento del tipo de cambio, si se considera la capacidad de capital y las conexiones de las organizaciones criminales transnacionales y los GAI para ingresar divisas y financiar la cadena productiva asociada a la coca-cocaína.

En relación con los factores internos, se resalta una serie de incentivos en torno a la producción de coca en sus diferentes etapas, que cuenta con el financiamiento que proveen los grupos criminales nacionales e internacionales, los cuales, en algunas zonas del país, controlan toda la cadena productiva con el objetivo de garantizar la calidad del producto.

Del mismo modo se estima que el nivel de ganancia de aquellos cultivadores que venden hoja es proporcionalmente más alto, si se compara con actividades agrícolas lícitas; por ejemplo, en los últimos cinco años, en promedio, el ingreso neto del cultivador que vende la hoja corresponde al 78% del valor de la producción, siendo un nivel más alto al compararlo con el ingreso neto del sector agrícola en ese mismo periodo (del 53% del valor de la producción).

También se evidencia que la especialización productiva de los procesos en finca se fortalece, en la medida en que hay un aumento en el ingreso neto mensual por hogar del cultivador que procesa pasta básica de cocaína, como consecuencia de una mayor capacidad de producción e incremento de los precios. En los últimos cinco años, este indicador pasó de $401.500 (US$201) en el 2014, con un rendimiento promedio de 7,8 kg de PBC/tm de hoja al año reportado por el 29% de cultivadores, a $1.462.000 (US$391) en el 2021, con una productividad del 13,8 kg de PBC/tm de hoja al año registrado por el 51% de cultivadores.

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Así mismo, se calcula un crecimiento acumulado del 15% del precio de la pasta básica de cocaína entre el 2014 y el 2021. Como resultado de la influencia de estos factores estructurales se evidencian cambios en los procesos y productos de la coca/cocaína, así como en sus actores dinamizadores.

Entre esos cambios resaltan tres fundamentales: la presencia y la aparente consolidación de actores que dinamizan estas actividades ilícitas y la forma como interactúan; los productos que se tranzan en los territorios, en particular una mayor oferta de bienes y servicios para transformar el dinero en bienestar; y territorios con mayor concentración y permanencia de la coca, donde coinciden nuevas dinámicas en el cultivo, representadas en nuevas cultivariedades, métodos de siembra tecnificados y mayor eficiencia en la transformación de la hoja en cocaína, bajo un modelo de enclaves.

La convergencia de estos elementos genera incentivos para mantenerse en el negocio ilegal, reducir la percepción de riesgo y promover una mayor eficacia en la generación de rentas.

Hallazgos relevantes del informe

• El 45% del total de la coca se concentra en solo 10 municipios. En estas regiones, en años anteriores, se reportó una reducción en el área con coca, asociada en gran medida a la intervención de la erradicación forzosa. Sin embargo, las dificultades para sostener este tipo de mecanismos y la falta de medidas complementarias que logren cambiar las condiciones de vulnerabilidad, resultaron en el aumento del área sembrada en el 2021.
• De los 1.122 municipios que tiene Colombia, 181 presentan afectación por coca, y en tan solo 12 se concentra la mitad de la coca. Tibú ocupa el primer lugar con cerca de 22 mil hectáreas.
• El 41% de la coca se localiza en los enclaves productivos, donde hay más hectáreas de coca por kilómetro cuadrado y los lotes son más productivos, situación que se ha mantenido por más de cuatro años.
• El incremento del área sembrada con coca incluye lotes nuevos que aún no han alcanzado su edad más productiva, lo que explica en parte la diferencia entre las magnitudes de incremento. En las nuevas áreas el incremento ocurrió de forma acelerada, lo que facilita la conformación de nuevos enclaves productivos en zonas como el norte del Chocó y Cauca.
• La concentración y permanencia de los cultivos de coca pueden ser explicadas por una relación geográfica funcional al tráfico. Doce de los 14 enclaves se localizan en departamentos fronterizos o con salida directa al mar. En estos enclaves existe una convergencia de los grupos armados ilegales, los narcotraficantes y los productores.
• Los cultivos de coca siguen amenazando el potencial cultural del país y su biodiversidad. Cerca del 50% de la coca se localiza en zonas de manejo especial. Un alto porcentaje se concentra en las tierras de las comunidades negras y en zonas de reserva forestal.
• Estos resultados son producto de la interacción de factores estructurales presentes en Colombia y que están relacionados con la vulnerabilidad territorial, el aumento de la demanda global de cocaína y la dinámica de los actores ilegales del narcotráfico.