COINCIDIÓ EN esta semana que sobre varias decisiones y medidas que en su momento el Gobierno adoptó en distintos campos, a pesar de las advertencias de conocedores que podrían ser equivocadas e improvisadas, se presentaron resultados que muestran que no salieron bien.
- Rebaja en el SOAT
El Gobierno ante el problema de la evasión en el pago del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito) disminuyó en 50% el valor de la póliza a los propietarios de distintos vehículos. Por lo anterior, se ajustaron los montos para los pagos de cobertura de los servicios de salud a las víctimas de siniestros viales.
Sin embargo, la Contraloría General encontró en un estudio que en 10 meses de la medida la evasión no disminuyó y que, por el contrario, esto sumado a los menores ingresos al sistema por la reducción en la tarifa, ha generado un déficit que al final de este año se proyecta en $ 810.000 millones en el pago de los servicios de salud.
- Vaivenes en sector energético
Frente a las altas tarifas de energía, especialmente en la costa norte, el presidente Petro para reducirlas buscó vía decreto tomar el control de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Varios exministros le advirtieron que no lo podía hacer, sin embargo, no escuchó. En marzo pasado, el Consejo de Estado suspendió el citado decreto, entre otras, porque dijo que la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada por el Constituyente “a las comisiones de regulación de los servicios públicos, por lo que el presidente de la República no podía reasumir funciones que no son de su competencia”.
Por otro lado, la CREG anunció esta semana que “en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionadas con la regulación de los servicios públicos", debido a que no tiene al menos tres comisionados en propiedad. Este organismo cuenta con seis integrantes designados por el presidente de la República, pero el jefe de Estado nombró en abril pasado a cuatro en provisionalidad. A lo que se suma que recientemente se hizo efectiva la renuncia de José Fernando Prada.
Entonces, no solo al presidente no le salió su movida para regular vía decreto las tarifas de energía, sino que la CREG por el momento queda acéfala e impedida para tomar decisiones en esta materia.
- Caen utilidades de Ecopetrol
Desencanto produjeron esta semana los resultados que presentó Ecopetrol en el último trimestre, pues las utilidades se desplomaron 46,5% al reportar $ 5,1 billones, cuando en el mismo periodo del año pasado logró $ 9,5 billones.
Los señalamientos no se hicieron esperar al Gobierno porque algunos creen que puede ser el resultado de su política minero-energética, que no pocos consideran errática, pues comenzando la administración la entonces ministra Irene Vélez anunció que no entregarían en el cuatrienio nuevas licencias para exploración petrolera.
Lo anterior, generó una verdadera hecatombe de reacciones, la mayoría en contra del Gobierno, fundamentadas en que la transición que pretende hacia las energías limpias, no se puede hacer a costa de una industria que provee gran parte de los recursos de regalías con los que se financian la salud y la educación en el país.
Sin embargo, el ahora ministro de Minas, Andrés Camacho, dijo otra cosa. “Definitivamente nuestra tarea es incorporar reservas. Y mantener la actividad exploratoria pasa por allí, porque la transición energética implica tener los recursos y reservas necesarias para ese periodo”, sostuvo el funcionario en un debate en la Cámara.
A ello se suma que esta semana, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que convocará una asamblea extraordinaria de Ecopetrol para cambiar los estatutos de la empresa, con el objetivo de abrir su actividad también al sector energético, que hasta ahora se ha limitado al petróleo y gas. Hay quienes ven con temor este cambio.
- Emergencia, un tiro al aire
Esta semana se cayeron en la Corte Constitucional dos decretos más de los 11 que expidió el Gobierno al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica que declaró para La Guajira, con el fin de atender la crisis humanitaria y de agua, que esto segundo se puede recrudecer en estos meses debido al fenómeno del Niño.
El Decreto 1276 habilitaba a Ecopetrol para ejecutar proyectos de energías renovables en el departamento y establecía una sobretasa de $ 1.000 por seis meses en las facturas de energía en todo el país a los estratos 4, 5 y 6.
El alto Tribunal determinó que el impuesto “no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico”.
También se cayó el Decreto 1250 para definir medidas para garantizar el acceso al agua. Aunque el efecto de esta decisión es diferido por un año para darle tiempo al Gobierno a brindar soluciones en este campo.
La Corte tumbó esta Emergencia porque determinó que las situaciones de crisis en La Guajira que argumentó el Ejecutivo para acudir a un estado de excepción son sobrevinientes, es decir, que no surgieron repentinamente, y por ello las medidas para atenderlas deben ser por el procedimiento ordinario.
Algunos constitucionalistas advirtieron al Gobierno que no cabe en este momento acudir a un estado de excepción para atender la crisis en el departamento. Sin embargo, insistió y tras la decisión de la Corte, tendrá que partir de cero presentando los proyectos de ley con las medidas que considere necesarias. Con el saldo negativo de que mientras tanto perdió un tiempo vital.
- No arranca solución para taxistas
A pesar de que el Gobierno ha mantenido una mesa permanente para escuchar los reclamos de los taxistas, las soluciones que ha propuesto ninguna le ha funcionado. Uno de los reclamos es porque no se ha regulado las plataformas tecnológicas tipo Uber, lo que ellos consideran genera una competencia desleal. El Ministerio de Transporte habló de presentar un proyecto de ley en este sentido, y no lo ha hecho.
También los taxistas protestan por los incrementos en el precio de la gasolina. Piden soluciones de fondo, como revisar la fórmula para que desaparezcan de la misma una serie de impuestos que encarecen el producto. Sin embargo, el Gobierno les ofreció el beneficio de una tarifa diferencial, que luego se tuvo que echar para atrás porque la implementación generaba varios problemas. Uno, que los avivatos adquirieran el combustible barato para luego revenderlo.
Lo más reciente es que el Gobierno determinó dar un bono mensual de entre $ 80.000 y $ 100.000 a cada taxista para compensar las alzas. En septiembre pasado se debía entregar el primero, pero no ha sucedido hasta ahora porque el Ministerio de Transporte está terminando de diseñar el mecanismo; al tiempo que los taxistas no lo quieren porque dicen que esta suma en nada les soluciona su problema.
Como consecuencia, los taxistas anunciaron que el próximo 22 de noviembre realizarán nuevamente un paro.
- Banco Agrario no puede solo
El Gobierno decidió hacer los giros de los diferentes subsidios que entrega el Estado a la población por medio del Banco Agrario, un cambio de fondo porque en anteriores administraciones se acudió a la banca privada.
El sector financiero advirtió que el Banco Agrario no tiene la capacidad para adelantar esta labor. No obstante, ahora la fuerza de los hechos por los problemas que se han presentado en este proceso parece que hace al Gobierno cambiar de opinión.
La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, aceptó esta semana en un debate en la Cámara que es necesario contar con el apoyo de la banca privada.
“Soy consciente y soy partidaria de que haciendo sinergias con el sector privado y con el sector financiero podemos llevar resultados exitosos a las comunidades y por eso para mí ha sido importante no solo tener un aliado como el Banco Agrario, sino poder encontrar sinergias y ver cómo nos articulamos con los diferentes operadores financieros”, dijo.