EN LA instalación del primer Congreso Agrario de la Defensoría del Pueblo, en el que la premisa es pensar en conjunto un nuevo campo colombiano, Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, invitó a quienes forman parte de la implementación de la Reforma Rural Integral y tienen interés en ella a concertar su alcance y manera en la que debería ser puesta en funcionamiento.
“Para la correcta implementación de la reforma agraria, debemos participar todos los colombianos y, especialmente, los órganos que tenemos a nuestro cargo la vigilancia de las actuaciones administrativas y la protección de los derechos humanos. En este congreso vamos a escuchar a todos los sectores para que, con el nuevo campo colombiano que queremos, podamos alcanzar la tan anhelada paz estable y duradera como superación de tantos años de violencia y conflicto armado. Concertar la reforma es evitar escenarios de conflictividad social”, expuso el defensor del Pueblo ante el auditorio de la Universidad Libre de Barranquilla.
En la misma línea, aseguró que la coordinación interinstitucional es la única opción razonable para que el nuevo panorama normativo y social permita llevar a cabo eficazmente una reforma agraria integral, y por ese motivo la Defensoría del Pueblo señala que las medidas adoptadas deben cumplir con el requisito de integralidad, es decir, que no se trate de actuaciones dispersas desde diferentes dependencias, sino de políticas públicas diseñadas con el concurso de todas ellas.
Uno de los propósitos principales del Congreso Agrario es trabajar en conjunto para evitar hechos violentos, como la ocupación de tierras, el robo de ganado, la siembra de minas antipersonal, las consecuencias de la minería no formalizada y episodios de desplazamiento forzado. Las jornadas de diálogo con representantes de las organizaciones campesinas, el Gobierno nacional, la Rama Judicial, la academia y las asociaciones productivas del sector agropecuario del país deben apuntarle a ese propósito.
“En cuanto a las medidas normativas, los esfuerzos deben estar dirigidos a la integración entre la regulación jurídica de la propiedad privada y los mandatos de desconcentración de la posesión y el dominio. Si no se acepta la exigencia de readjudicación de la propiedad de la tierra en nuestro país, no podrán combinarse exitosamente las legislaciones sobre propiedad y desconcentración”, finalizó el defensor del Pueblo.