El Ministro del interior Guillermo Rivera dijo que las Farc como partido político deberán seguir las reglas que ya están en la carta política como "los compromisos en materia de equidad de género".

El Gobierno a través del alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, explicó en la Corte Constitucional los alcances de lo acordado en La Habana, Cuba, entre el ejecutivo y las Farc en materia de participación en política para la reincorporación de los integrantes de esa organización.

En una exposición sobre lo pactado, Pardo explicó que todo proceso de paz tiene la finalidad de desarmar a una organización a cambio de que puedan ingresar a la democracia para que cambien las balas por votos y que precisamente eso se hizo con las Farc.

Contó que para ese fin se echó mano de lo aprobado en la Constituyente del 91 en donde se fijó que se podría entregar beneficios políticos a aquellas organizaciones que salieran del conflicto a través de la vía dialogada.

“No es la primera vez que se usa esta legislación para la reincorporación de integrantes de grupos armados que hayan hecho acuerdos de paz con el Gobierno”.

Pardo explicó ante los magistrados que las Farc tendrán unos beneficios políticos por un tiempo determinado para que puedan ingresar a la democracia y que deberán someterse a las urnas.

“El acuerdo de paz establece que las Farc podrán inscribir listas al Congreso y que tendrá que participar en las elecciones. Sin embargo se les otorgó cinco curules en Cámara y cinco en Senado. Si las Farc no obtienen el umbral necesario para obtener las curules, estas se asignarán de manera adicional en las dos corporaciones. Si las Farc tienen la votación para elegir uno de ellos, ese entraría dentro de los cupos ordinarios del Senado y cuatro entrarían dentro de los cupos adicionales”.

De esta manera Rafael Pardo sustentó por qué constitucional el punto pactado entre las partes sobre la participación en política.

De otro lado, el excomisionado de paz Camilo Gómez hizo duras críticas al acto legislativo 3 de 2017, en el cual se establecen las reglas de la reincorporación política de las Farc. En audiencia pública por el estudio de constitucionalidad en la Corte Constitucional dijo que de no hacer modificaciones, el país tendría como políticos a personas con procesos penales vigentes en la Jurisdicción Especial para La Paz.

 "Sería el único país en el mundo que permita al Congreso o la presidencia que estén eligiendo personas con delitos de lesa humanidad, sin pasar previamente por un sistema de justicia", puntualizó.