EN MEDIO de la alerta que hay en el país por la llegada de la variante JN. 1 del covid-19, el representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció ayer que el Ministerio de Salud dejó vencer, según él con base en documentación que obtuvo, 1.080.416 vacunas pediátricas. Dijo que por ello se habría presentado un detrimento patrimonial de más de $ 70.000 millones y anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría.
El parlamentario del Centro Democrático dijo a EL NUEVO SIGLO que adquirió esta información por resoluciones y varios derechos de petición que presentó, “unos enviados a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y varios otros al Ministerio de Salud. Adicionalmente, hay algunas actas de remisión que son las que publicó sobre Bogotá, sobre Bucaramanga. En el caso de Bucaramanga son actas de recepción de las vacunas, y un resumen que me mandaron de la Secretaría Departamental de Salud de Antioquia”.
Forero explicó que el Gobierno anterior firmó un contrato para traer vacunas, “pero había un restante que tenía que llegar. Este Gobierno atrasó por razones ideológicas la llegada de esas vacunas, entonces obviamente eso hizo que una vez que llegaron al país, pues estuvieran más cerca de la fecha de vencimiento”.
Agregó que “además cuando llegaron, y esto es lo que responsabilizo al señor Jaramillo (Guillermo Alfonso, ministro de Salud), porque lo primero fue que se había demorado en llegar por cuenta de la señora Corcho (Carolina, la primera ministra en este Gobierno), pero cuando llegan las vacunas pediátricas de Moderna el 4 de abril (de 2023), que es lo que dice la resolución, ellos las guardan tres meses y medio en el Ministerio”.
Sostuvo que apenas el 12 de julio pasado, “empezaron a distribuirlas, pero, además, no las distribuyeron todas, sino que fue de a poco”. Puso como ejemplo que “en el caso de Bogotá, cerca de 32.000 vacunas las distribuyeron un mes y medio antes de que se vencieran. A Bucaramanga le llegaron 3.000 vacunas un mes y medio antes de que se vencieran; a Antioquia 60.000 vacunas antes de que se vencieran. ¿Y por qué?, porque se vencían el 16 de noviembre”.
El parlamentario también responsabilizó al ministro Jaramillo porque “ellos no hicieron una debida campaña de socialización y concientización sobre la importancia de utilizar las vacunas, sobre todo en los niños. Entonces, ahora no hay vacunas pediátricas, no hicieron oportunamente la solicitud de nuevas vacunas pediátricas, pero, además, los niños no se vacunaron porque el Ministerio no hizo la gestión debida y no empezó a tiempo”.
Sostuvo, asimismo, que cada dosis cuesta 16,75 dólares, “por lo que al restar 121.484 vacunas aplicadas de las 1.201.900 que llegaron, se tiene que se perdieron 18 millones de dólares. Asumiendo una tasa de cambio de $ 3.900 por dólar, eso implica una cifra de $ 70.000 millones”.
En junio pasado, la procuradora Margarita Cabello alertó sobre el riesgo inminente de que los colombianos se queden sin vacunas para covid. En ese momento, la jefa del Ministerio Público advirtió que, de acuerdo con las indagaciones adelantadas por su Delegada para el Trabajo y la Seguridad Social, no hay claridad sobre la adquisición de vacunas contra el covid-19, si está planeada la compra de biológicos y de vacunas bivalentes de ARNm contra el COVID-19, ni sobre la cantidad de vacunas que estarán disponibles para lo que resta de 2023.
Se espera respuesta
Al cierre de esta edición el Ministerio de Salud no se había pronunciado sobre la denuncia del representante Forero ni el ministro Jaramillo, quien se encuentra con el presidente Petro y el resto del gabinete en el litoral Pacífico, en donde están despachando esta semana.
Esa cartera indicó en diciembre pasado en un comunicado que “el Ministerio de Salud y Protección Social adquirió 757.400 dosis de vacuna Moderna Bivalente (BA.4/5), las cuales arribaron al país el 28 de septiembre y 2 de octubre de 2023. Esta administración realizó los trámites requeridos para legalizar el biológico e iniciar con la distribución para su aplicación”.
Aclaró que el inicio de la distribución de las dosis en las distintas regiones tardó más de 30 días por el trámite de nacionalización, legalización y levantamiento de importe.