La urgencia de levantar los bloqueos será el tema central del encuentro que sostendrán esta mañana los delegados del Gobierno y del Comité Nacional de Paro.

Ya el jueves, en su primera declaración como jefe negociador del Gobierno, el consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, Emilio Archila, expuso la necesidad de incluir los desbloqueos en el preacuerdo logrado entre las partes.

“Desde el 17 de mayo le solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto; este requerimiento no es nuevo. El día de hoy hemos insistido que ese componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno nacional ese punto no es negociable”, manifestó.

Archila expresó que “el país reconoce que, rebasando el ejercicio legítimo de los derechos de protesta, manifestación y paro, se han presentado bloqueos en vías que interrumpen de manera grave el abastecimiento en zonas enteras del país. Dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, al trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural de nuestros compatriotas. En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el Gobierno nacional es perentorio garantizar también los derechos del resto de los colombianos”.

Efectivamente, no se trata de una posición sorpresiva. Desde el encuentro exploratorio del 3 de mayo unos y otros habían puesto sus cartas sobre la mesa: el Comité quería garantías para el cese de la represión y el Ejecutivo levantamiento de los bloqueos; en ambos casos se entendía que buscar acuerdos sobre esos aspectos era una etapa previa a la instalación de la mesa de negociación del pliego de emergencia presentado en julio por centrales obreras y organizaciones sociales.

Desbloqueo

Tras nueve reuniones, algunas de ellas sumamente extensas, Gobierno y Comité lograron un preacuerdo sobre las garantías para cesar la represión. En ese punto era claro que faltaba pactar el levantamiento de los bloqueos. Sin embargo, avanzar en ese sentido tiene un problema: realmente sindicalistas y líderes sociales no tienen control sobre ese asunto. Así lo reconoce tácitamente el Ejecutivo cuando rechaza los corredores humanitarios, pero lo que pide de su contraparte es un deslinde claro de esas prácticas.

Basta con repasar los comunicados del Comité para ver que los bloqueos no son parte de las jornadas de protesta, pero si había alguna duda al respecto, lo aclara la carta de la regional antioqueña de la Confederación General del Trabajo (CGT) al presidente nacional de esa organización conminando al Comité a apartarse de los bloqueos.

En la comunicación dirigida a Percy Oyola, presidente de la CGT, el Comité Ejecutivo de la seccional Antioquia de esa central obrera le recordó que el “paro que promovemos no es el paro de la producción ni de la libre movilización; es decir, los trabajadores deben seguir trabajando, las empresas funcionando y la sociedad transitando libremente”.

“En nuestro sentir los bloqueos son una amenaza más grave para los trabajadores y para la población en general que para el mismo Gobierno y, así hay que hacerlo saber al Comité de Paro”, le dijeron a Oyola, conminándolo a que como presidente de la CGT “haga los esfuerzos de exponer ante este escenario, es decir ante el Comité de Paro en pleno, que lo importante ya se logró. Ahora lo trascendental es negociar con el Gobierno nacional y sacar el pliego de emergencia avante, para beneficio del pueblo colombiano”.

Los sindicalistas alertaron acerca de que los actos de vandalismo “son situaciones que han desdibujado significativamente la verdadera protesta”.

Violencia

Lo que pasa es que, si las partes concuerdan en condenar esa práctica, eso enviaría un mensaje diáfano sobre su real naturaleza.

En el entretanto, la persistencia de esas situaciones y la polarización que conlleva han ocasionado graves enfrentamientos, no solo entre la Fuerza Pública y quienes bloquean las vías, sino entre civiles, como ocurrió en Cali este fin de semana, cuando se perdieron varias vidas en ese tipo de incidentes.

El escalamiento de la violencia debería servir para que en la reunión de esta mañana se debata el tema con seriedad y se busquen soluciones constructivas.

Para Archila, que ha hecho parte del equipo negociador del Gobierno desde el comienzo, la de hoy será la primera reunión como líder de la delegación, lo que ya de por sí implica una nueva etapa del proceso para hallar salidas al paro nacional que el viernes completó un mes.

En estos primeros 30 días de movilizaciones, la protesta ha sido opacada por un estallido de violencia y vandalismo, en medio del cual se han visto tanto ataques desmedidos contra integrantes de la Fuerza Pública, como uso excesivo de las atribuciones de esta para hacer frente a los disturbios.

Fuerza Pública

Aunque el Gobierno ha tomado distancia de los servidores públicos que no cumplen cabalmente con su deber, las bancadas de oposición en el Congreso procuraron sin éxito pedir la cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, por considerarlo responsable de los hechos en que uniformados se han visto involucrados en actos que son investigados por los organismos de control.

Se promovieron entonces debates de moción de censura, el lunes en el Senado y el martes en la Cámara, tras lo cual la plenaria de la primera corporación votó el jueves en contra de la salida de Molano.

Conocida la decisión, Molano aseguró que la entiende "como un voto de confianza a las instituciones de las Fuerzas Armadas" y a la cartera en estos momentos que atraviesa el país en materia de violencia y bloqueos en vías.

"Esta decisión nos alienta a seguir trabajando por tener una Fuerza Pública y unos soldados y policías admirables. También la entiendo como una exhortación a avanzar para seguir protegiendo la tranquilidad y la libertad de millones de colombianos que no marchan", dijo.

Asimismo, exhortó a la Fuerza Pública a seguir acompañando las manifestaciones pacíficas, porque la decisión del Senado debe entenderse como un respaldo "que nos alienta para enfrentar con determinación a vándalos y criminales que quieren incendiar el país".

Finalmente, Molano reafirmó su compromiso para "seguir avanzando en desbloquear al país, en garantizar que campesinos, trabajadores, empresarios, jóvenes, sindicalistas puedan garantizar su libertad en su actuar todos los días".

Superado todo esto, como se dijo, viene una nueva etapa, en la que el país espera que prime un ambiente pacífico para poder encontrar caminos de entendimiento sobre el pliego de emergencia, cuya solución requiere, como se planteó con el retiro del proyecto de reforma tributaria, un acuerdo político que posibilite fórmulas para la financiación de los programas sociales; los bloqueos, la violencia y el vandalismo que ha vivido Colombia este mes no aportan al trámite de los problemas, sino que por el contrario los agravan.