Varias determinaciones clave que ha tomado la administración de Iván Duque, en recientes semanas, han causado escozor en Gustavo Petro y el sector político que lo respalda, porque consideran que por ir de salida, era prudente dejar que las asumiera el entrante gobierno.

Ello ha estresado más una relación de por sí distante por las diferencias ideológicas que los separan, y suma a la polarización política que vive el país.

Es claro que el presidente Duque y los integrantes de su equipo en las diferentes instituciones están facultados para tomar decisiones hasta el próximo 7 de agosto, cuando se posesionará Gustavo Petro.

A continuación, algunos hechos que han sido “florero de Llorente”:

Junta Directiva de Ecopetrol

La controversia que más ha escalado es por la decisión de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, en la cual el Gobierno tiene más del 80% de presencia, de prorrogar por dos años más el periodo de la Junta Directiva.

Siete de los nueve integrantes de la Junta Directiva de la estatal petrolera representan al Gobierno.

Frente a esta decisión el martes pasado, Petro trinó que “no nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias”.

El Presidente electo ha manifestado su intención de que el país migre hacia energías limpias y que deje la dependencia del petróleo y el carbón. Incluso durante la campaña anunció que en su gobierno no se expedirán licencias para explotación del llamado oro negro.

Ahí se vislumbra una situación compleja porque el principal negocio de Ecopetrol es el petróleo.

Ayer el presidente Duque señaló a la FM, frente a las críticas porque supuestamente su gobierno quiso atornillar la Junta Directiva de Ecopetrol, que “se ha ido suscitando una controversia con relación al gobierno corporativo de Ecopetrol, en cuanto a que la empresa en teoría hay algunos que dicen que están atornillando a los miembros de su junta directiva para no poder ser reemplazados”.

Fue claro el Jefe del Estado en que “todo gobierno como accionista mayoritario de la empresa tiene la posibilidad de que si quisiera remover a todos los miembros de la junta, hacer una convocatoria de una asamblea extraordinaria o esperarse a la asamblea ordinaria que es en marzo de 2023 y también hacer los cambios”.

Por su parte, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado, anunció que "convocaremos a una junta extraordinaria de accionistas porque Ecopetrol es del Estado. Este gobierno no debió haber tomado las decisiones que tomó porque van en contra de los principios de la posibilidad de cada gobierno”.

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Comisionados de CREG

Hay polémica también por la designación que hará en los próximos días el presidente Duque de tres comisionados en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por el vencimiento en noviembre próximo del período de cuatro años de María Claudia Alzate, Daisy Cerquera y Óscar Muñoz.

Una vez que se haga efectiva esta designación, los seis comisionados habrán sido nombrados por el presidente Duque, pues ya le correspondió en el caso de tres a los que venció su periodo.

Entonces cuando llegue el gobierno Petro encontrará que de los nueve integrantes de la CREG, solo contará con sus ministros de Hacienda y Minas así como el director de Planeación Nacional, lo que a juicio de algunos lo pondría en desventaja en las decisiones que está Comisión deba tomar en materia energética.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, dijo al respecto que “un abuso por parte del ministro Diego Mesa (Minas) el querer nombrar con afán y a pocos días de terminar este Gobierno a tres nuevos comisionados de la CREG para intentar torpedear a la administración entrante en un área estratégica como la regulación del sector energético y gasífero”.

El presidente Duque tiene previsto designar comisionados de la CREG a la actual superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño; el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Suárez; y el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.

Fondo Paz

Otro motivo de discusión es por la contratación que ha adelantado el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en las últimas semanas con recursos del Fondo Paz, por cerca de $50 mil millones en 24 contratos.

Según un informe de W Radio, entre los contratos figuran algunos para comprar vehículos blindados para el Ejército, ambulancias, equipos biomédicos, mantenimiento de canchas y construcción de vías terciarias.  

Al respecto el senador Gustavo Bolívar, uno de los alfiles del petrismo, dijo que “en un país donde los periodistas son quienes descubren la corrupción, nos sale caro tener Fiscal, Contralor y Procurador elegidos por políticos”.

Sin embargo, el director del Dapre, Víctor Muñoz, explicó que los recursos del Fondo Paz van a las llamadas Zonas Futuro, regiones con problemas de seguridad, y que entre 2019 y 2021 se realizaron inversiones por $299.152 millones con recursos del Presupuesto General de la Nación y $32.106 millones con recursos de cooperación internacional.

De igual forma el funcionario descartó que se tratara de contratos exprés de última hora, pues “los procesos de contratación en curso son el resultado de más de seis meses de concertación con las comunidades y los entes territoriales”.

Lote Diamante

La venta de un lote de grandes dimensiones en un sitio privilegiado de la capital de la República, en El Salitre, por parte de la Superintendencia de Notariado, hizo que el presidente electo Petro pidiera a la Procuraduría “iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad”.

Con el lote, conocido como Diamante y que tiene aproximadamente 8.689 metros cuadrados, esta Superintendencia espera obtener al menos $75 mil millones que, asegura, son necesarios para sufragar el déficit que arrastra.

Sin embargo, llama la atención a algunos la premura con la que se hace este proceso, al punto que el pasado martes venció el plazo para presentar ofertas.

Venta de bienes en extinción

Un tema que despertó suspicacias en el entrante presidente Petro fue la pretendida venta de al menos un millar de inmuebles en poder de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), tras ser objeto de extinción de dominio, en un proceso a cargo de la Central de Inversiones (CISA) por cerca de un billón de pesos.

Petro pidió a la Procuraduría iniciar una investigación acerca de “la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA”.

Sin embargo, en los últimos días, la SAE decidió suspender temporalmente este proceso.

“La Sociedad de Activos Especiales solicitará el acompañamiento y validación de los entes de control para ratificar que los procesos de venta se ajustan completamente a las normas y a los principios de publicidad, transparencia y libre competencia”, afirmó en un comunicado.