HOY, el presidente Gustavo Petro está cumpliendo diez meses de mandato. Una gestión que, indudablemente, es muy accidentada y ha estado marcada por no pocos escándalos y hechos polémicos que, sin duda, han afectado el ritmo de la administración.

El país tiene claro en su memoria, por ejemplo, cómo apenas unos días después de asumir la Casa de Nariño, se desató el primer hecho controvertido, referido a un tema sin duda menor, pero que, dado el discurso de ahorro de recursos públicos e incluso la causa animalista que el Pacto Histórico defendió en campaña, tuvo mucho eco lo acontecido el

Día 3 de octubre se conoció que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) adquirió electrodomésticos de lujo e incluso cobijas de plumas de gansos por un valor de 127 millones de pesos para dotar la Casa Oficial de la Vicepresidenta Francia Márquez.

Tras ello, prácticamente no hubo semana en la que no se generaran discusiones alrededor de políticas e ideas del Presidente, como cuando planteó en el marco de la reforma a la Ley 418, una excarcelación automática de los integrantes de la llamada “Primera Línea”, así como cuando planteó la posibilidad de subsidiar con una ayuda de 1 millón de pesos mensuales a jóvenes que estuvieran en riesgo de caer en la delincuencia.

También fue intensa la discusión cuando desde altos cargos de la Casa de Nariño empezaron a realizar duras críticas contra la cúpula gremial o incluso por su afirmación en torno a que en el marco del viraje de política antidrogas planteó la posibilidad de reducir de forma sustancial la erradicación forzada de narcocultivos.

Ya por entonces, las propuestas en materia de transición energética tenían dividido al país, más aún por varias declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, en la dirección de marchitar rápidamente la exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia.

De igual manera, la decisión de la Casa de Nariño, no solo de reanudar las relaciones políticas y comerciales con Venezuela, sino las reuniones del presidente Petro con el jefe del régimen dictatorial, Nicolás Maduro, dividieron al país. No pocas críticas le surgieron a Petro por una clara intención de ‘normalizar’ la interacción con un gobierno Chavista vetado a nivel internacional.

Hasta el último día del 2022 la controversia estuvo al orden del día, ya que el 31 de diciembre el Gobierno anunciaba la firma de acuerdos del cese el fuego con grupos residuales de las Farc y bandas criminales como ‘El Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’.

Esas treguas, como se sabe, fracasaron en su mayoría porque esos grupos irregulares se aprovecharon de las mismas para extender su accionar delincuencial. Más grave aún resultó para el Gobierno que la guerrilla del Eln negó en los primeros días de enero que existiera tal acuerdo de cese el fuego con esa organización armada y le tocó al Ejecutivo aceptar la equivocación y derogar el decreto respectivo, dejando muy mal parada la política de la llamada ‘Paz Total’, que ha estado rodeada de otros altibajos y hechos polémicos por las actuaciones del alto comisionado, Danilo Rueda.

Las polémicas alrededor de Vélez se agravaron a finales de enero por cuenta de las inconsistencias del informe de reservas de gas. El documento ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’, presentado en noviembre del año pasado y citado en el último Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza; sería la base con la que el Gobierno tomó la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.

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Los expertos advertían que los cálculos estaban mal hechos porque confundían reservas aprobadas con reservas potenciales, un error garrafal.

Luego, en un nuevo capítulo del rifirrafe por el metro de Bogotá, el 2 de febrero el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, llegó al extremo de advertir que, si el Distrito no aceptaba cambiar los diseños de la primera línea a un sistema subterráneo, la Nación podría no financiar el 70 % del costo de la obra, pese a ser una obligación legal.

El ‘balconazo’ 

Al paso de un par de semanas, el 14 de febrero el presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar una dura polémica. En un hecho inédito, desde el balcón de la Casa de Nariño, al defender los proyectos de reformas, llamó a la ciudadanía a ‘levantarse’ y presionar desde las calles la aprobación de los proyectos aludiendo que estos eran ‘un mandato popular’ desde su elección a la jefatura de Estado.

Sin embargo, en medio de las primeras críticas de los partidos de centro derecha de su coalición, la Casa de Nariño empezó a amenazar a los conservadores, liberales y de la U con quitarles los viceministerios que estaban a su nombre.

Aún, así, no pudo frenar las críticas a las reformas y vino entonces el 27 de febrero el primer remezón ministerial, saliendo los titulares de Educación, Cultura y Deporte. La baja más sensible fue la de Alejandro Gaviria, quien había hecho fuertes reparos al proyecto de salud.

Al siguiente mes, la situación también seguiría complicada, esta vez teniendo por protagonista a Nicolás Petro Burgos, hijo del Primer Mandatario. Su exesposa, Days Vásquez, reveló que en campaña presidencial habría recibido dineros extraditados e investigados por narcotráfico.

En este escándalo terminó salpicado también el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, puesto que se le había señalado de haber visitado, en plena campaña presidencial, varias cárceles para entrevistarse con condenados por narcotráfico, a los que se les estaría prometiendo una política de paz flexible.

El jefe de Estado, ante ambas situaciones, no tuvo más remedio que pedir a la Fiscalía que los investigara a ambos, e incluso llegó a decir, en una afirmación que causó mucha controversia, “que él no crio a Nicolás Petro”.

La vicepresidenta Márquez volvería a quedar en el ojo del huracán, debido a que se estaba transportando en helicóptero a su residencia privada en un exclusivo sector ubicado en Dapa, Valle del Cauca. Aunque la alta funcionaria reiteró que lo hacía por cuestiones de seguridad, no cesaron las críticas, frente a las cuales ella respondió: “Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar, ¡si quieren!, y que sea un juez quien defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo lo correcto”.

A finales de ese mes se daría otro de los hechos más polémicos en este mandato. Por orden presidencial de no proceder por la fuerza, más de 76 policías que buscaban evitar la destrucción de una sede de una empresa petrolera en la inspección de los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá), terminaron prácticamente secuestrados, y uno de ellos asesinado, por una turba de campesinos. Lo más complicado es que el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, trató de minimizar la situación, afirmando que no era un secuestro masivo sino un ‘cerco humanitario’.

No terminarían allí los hechos controvertidos alrededor de la Policía. El director de la Institución, general Henry Sanabria, fue removido del cargo en medio de debates en torno a que su orientación religiosa estaba influyendo en las órdenes operacionales.

Segundo remezón

Abril también estaría marcado por varias situaciones polémicas. Sin duda la de mayor significación fue el segundo remezón en el gabinete. Esta vez fueron siete los descabezados: José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alfonso Prada, Carolina Corcho, Arturo Luna, Sandra Urrutia y Guillermo Reyes, quienes lideraban las carteras de Hacienda, Agricultura, Interior, Salud, Ciencia, TIC y Transporte, respectivamente.

Fue evidente que esta crisis ministerial, la segunda en menos de nueve meses de gestión, se dio en gran parte por la ruptura de la coalición parlamentaria mayoritaria, debido a que el Gobierno no concertó las reformas. En el caso de Ocampo, el sar de las finanzas, vino a saberse que Petro lo excluyó porque no le había hecho caso en oponerse a la elección de Germán Bahamón, como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en un claro hecho de intento de afectar la autonomía gremial.

Otro ‘descache’ del Gobierno, se dio cuando el presidente Petro a mediados de mayo reportó que se habían encontrado con vida cuatro menores de edad que se encontraban desaparecidos tras el accidente de una avioneta en las selvas del Guaviare, pero la información resultó falsa.

De esta manera se llega a lo que hasta el momento han sido los sucesos más escandalosos en su Gobierno: las interceptaciones ilegales a dos ex empleadas de la entonces jefe de Gabinete, Laura Sarabia, y los reveladores audios del exembajador Armando Benedetti en los que habló de la consecución de más de $ 15.000 millones de pesos para la financiación de la campaña presidencial en la Costa, e incluso llegó a decir que si ‘contaba la verdad’ del origen de esos dineros ‘todos se caían’.

Faltan en este inventario muchas otras polémicas gubernamentales, como las referidas a los duros enfrentamientos con la Procuraduría y la Fiscalía; las implicaciones constantes del Presidente a una especie de lucha de clases; sus alusiones al complot y ‘golpes blandos’ en su contra; las extrañas funciones derivadas a la Primera Dama… En fin, un constante clima de polémicas y escándalos que han marcado su accidentada gestión.