EL PARTIDO Conservador presentó ayer un proyecto de ley para sancionar el porte de sustancias estupefacientes en espacios públicos, facultando a la policía para decomisarlas. La iniciativa revive la disposición en este sentido que estableció la administración Duque en el Decreto 1844 de 2018, pero que acaba de ser derogada por el Gobierno nacional.

A juicio de muchos la falta de esa norma expedida en la administración Duque termina beneficiando al microtráfico y afectando los derechos de los ciudadanos, especialmente los niños, porque no faltarán los consumidores y traficantes que se tomen parques y el entorno de colegios.

El gobierno de Gustavo Petro en el Decreto 2114 de 2023 derogó el Decreto 1844 de 2018, para lo cual tuvo en cuenta, entre otras consideraciones, que en la sentencia C-491 de 2012, la Corte Constitucional explicó que el concepto de dosis personal corresponde a una categoría jurídica que se encuentra vigente y regulada por el ordenamiento jurídico y, por ende, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 376 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal, de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas sintéticas.

El proyecto de ley

El Partido Conservador calificó hace días como “inaceptable que el Gobierno nacional derogue el decreto que facultaba a la Policía para decomisar estupefacientes y multar a los portadores de droga en el espacio público. Con esta decisión, el microtráfico queda con patente de corso para actuar con plena libertad, lo cual disparará el consumo poniendo en grave peligro a jóvenes y niños”.

Por ello, anunció que “desde el Partido Conservador presentaremos un proyecto de ley para restituir lo derogado por el Gobierno nacional”.

Pues bien, la colectividad materializó este anuncio radicando ayer el proyecto de ley “mediante la cual se regulan comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas”.

Cuenta con 6 artículos, incluida la vigencia, el primero regula los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, en lo relacionado al porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

El segundo artículo indica que se aplicará el procedimiento establecido en el proceso verbal inmediato de que trata el artículo 222 de Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), en el marco del proceso único de Policía, cuando la autoridad advierta la posible infracción de la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas.

En un parágrafo del artículo segundo, el proyecto recoge que “el porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal será judicializado de conformidad con la normatividad vigente”.

El tercer artículo establece que la autoridad competente procederá a oír en descargos al presunto infractor.

El artículo cuarto ordena la medida correctiva de destrucción de la sustancia prohibida, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar, en el evento en que el presunto infractor, una vez surtido el trámite del proceso verbal inmediato de que trata el artículo 222 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sea encontrado como responsable de un comportamiento contrario a la convivencia relacionado con el porte de estupefacientes o sicotrópicas.

En el quinto artículo se fija el protocolo del medio de policía de incautación y de la medida correctiva de destrucción de la sustancia.

El senador Efraín Cepeda, quien preside el Directorio Nacional Conservador, dijo que “este decreto Duque era un decreto sano que iba en la dirección de la protección de la niñez, de las familias, porque combatía el microtráfico. Era un tema que se le daba ese poder a la Policía Nacional para no permitir el microtráfico, menos en zonas como parques y aledañas a centros de educación”.

Agregó el parlamentario que hoy en Colombia los niños inician el consumo de estupefacientes a los 14 años, “300.000 de ellos han probado alguna droga en el último año, y es precisamente el microtráfico el que los induce a ello”.

Añadió que “por eso el Partido Conservador ha decidido radicar este proyecto de ley para que haga tránsito rápidamente, le correspondería a la Comisión Primera del Senado. Todo el Partido acompaña a las familias colombianas, todo el Partido acompaña a los niños, que no envenenen a nuestros niños y a nuestros jóvenes en Colombia”.

Demanda contra Decreto del Gobierno

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, interpuso esta semana una demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo en que el presidente Petro derogó el Decreto 1844 de 2018, que había prohibido poseer sustancias alucinógenas en espacios públicos, facultando a la policía su decomiso.

Ruiz explicó que acudió ante el Consejo de Estado “con el propósito de evitar que los expendedores de drogas, consumidores de dosis mínima y traficantes sean los más beneficiados. Mi objetivo es proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas deportistas que utilizan parques y espacios públicos en su vida diaria. No podemos permitir que los delincuentes tengan más derechos por encima de las familias”.

Ruiz dijo a EL NUEVO SIGLO que en el Decreto expedido por el gobierno Petro, “realmente, se violan los artículos de la Constitución Nacional en materia de seguridad. Por lo mismo, lo hemos demandado, de modo que esperamos que el Consejo de Estado suspenda ese Decreto”.

Una de las preocupaciones expresadas por Ruiz es que, con la reciente medida, “lo que impone es una prevalencia de los derechos de los portadores y los consumidores de la dosis mínima. Cuando la norma que el gobierno Petro derogó buscaba la armonización del equilibrio de derechos de unos y de otros. ¿Para qué? Para poder armonizar la convivencia y paz de la comunidad”.

Sostiene el exministro de Justicia que “en este decreto, están contrariando completamente la sentencia de la Corte”.

Ruiz Orejuela se mostró confiado en que “el Consejo de Estado tomará la mejor decisión, pues cuando se violan normas del orden superior y se meten en su autonomía judicial, es deber del Consejo de Estado, dentro de sapiencia y conocimiento, decretar medida cautelar y suspender el decreto para proteger la integridad de niños y adolescentes, además de todas las personas de Colombia frente a ese ‘adefesio’ que sacó el presidente de Colombia”.