El expediente que enfrenta a procuradores | El Nuevo Siglo
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Martes, 22 de Junio de 2021
Redacción Política

La decisión de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien en un fuerte pronunciamiento culpó a su antecesor, Fernando Carrillo Flórez de “negligencia” en la investigación contra varios militares por presuntas anomalías en el manejo de gastos reservados y que obligaron al Ministerio Público a archivar el expediente, igualmente tuvo una dura respuesta.

El caso se refiere al proceso que se inició en 2017 contra varios miembros del Ejército, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica por presuntas irregularidades en el manejo de dichos recursos.

El pasado domingo, Cabello Blanco culpó a Carrillo Flórez y su viceprocurador Juan Carlos Cortés, de dejar vencer los términos en los procesos disciplinarios que se adelantaban contra varios militares por malos manejos de recursos destinados a gastos reservados.

Según un comunicado de la Procuradora, su despacho “advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas” por la anterior administración. Y concluyó que “ante estas grandes falencias investigativas encontradas por esta administración, la única decisión jurídica procedente era el archivo de la actuación disciplinaria”.



Carrillo, en un comunicado, ayer le respondió que él mismo ordenó en mayo de 2018 dos líneas de investigación separadas: la interceptación de comunicaciones, y los presuntos manejos irregulares de los gastos reservados.
Asegura el exprocurador que Cabello Blanco “no expone razonablemente, por demás, en qué consiste la falta de contundencia de la prueba, limitándose a calificarla de manera general”.

Y dice que la decisión de archivo del proceso tomada en la actual Procuradora “contrasta” con el criterio del viceprocurador Juan Carlos Cortés que “con las pruebas recaudadas, citó a juicio disciplinario a varios oficiales del Ejército”.

En declaraciones radiales, Carrillo dijo que la decisión de Cabello Blanco “es una infamia. Las pruebas eran muy sólidas. Testimonios, grabaciones y documentos de cómo se desviaron esos recursos no fueron tenidos en cuenta por esta administración”, afirmó.