EN EL Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y producto de distintas políticas, el Gobierno tiene previsto crear varias entidades, por ejemplo, ya esto se hizo efectivo con el Ministerio de la Igualdad. Llama la atención que algunas de estas pretendidas instituciones cumplirían funciones parecidas a unos organismos que hace tiempo desaparecieron porque se juzgó eran innecesarios, no cumplían sus objetivos o incluso porque fueron presa de la corrupción.

Una de las apuestas del Gobierno es la reactivación del modo férreo, para lo cual ha planteado, entre otros, obras ambiciosas como un tren que comunique los océanos Pacífico y Atlántico; así como un trayecto que junte la capital de la República con el Pacífico.

Con el propósito de reactivar los ferrocarriles y recuperar la importancia y el esplendor que tuvieron en los años 50, el Gobierno radicó el proyecto de la denominada ley ferroviaria, que ya superó el primer debate en la Cámara.

La iniciativa prevé la creación de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte – CRIT, que, además, será la encargada de la infraestructura de este modo y también deberá planificar y ejecutar las obras para su desarrollo.

La CRIT fue creada en 2014 por el Decreto 947, sin embargo, no se ha implementado. Pero un cambio fundamental que le hace el proyecto de ley ferroviaria es que les adiciona a sus funciones el planificar y ejecutar las obras de infraestructura.

Ferrocarriles Nacionales fue una empresa estatal insigne en la época dorada de este modo en el país, que entre sus funciones tenía a cargo el mantenimiento y las obras de la infraestructura. Aspecto del que en adelante se ocuparía la CRIT.

En 1986 fue liquidado Ferrocarriles Nacionales debido a problemas financieros por malos manejos, corrupción y algunos beneficios excesivos que consiguieron los sindicatos. Para esa época apenas estaba en operación el 20% de la capacidad férrea.

Vías terciarias

En noviembre pasado, el Gobierno dio vida por medio del Decreto n.º 1961 al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), con el propósito del “fomento de la construcción, mejoramiento, y conservación de las vías regionales, en el territorio nacional, en cooperación con los departamentos, municipios o con otras entidades oficiales, semioficiales y privadas”, según se explica en este acto administrativo.

El Invir tendrá patrimonio propio, autonomía administrativa y será adscrito al Ministerio de Transporte.

El organismo ejecutará las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura de carácter regional, así como la Red Vial Nacional de carreteras terciarias y sus infraestructuras conexas.

Incluso, el Gobierno determinó que contratará con las juntas de acción comunal el arreglo de vías vecinales. Ayer, el presidente Petro dijo al hacer un balance de esto que “se han contratado 1035 vías veredales con la comunidad y las juntas de acción comunales para arreglarlas”.

El Invir hará varias de las funciones que tuvo en su momento el Fondo de Caminos Vecinales, creado en 1961 y que fue liquidado hace dos décadas.

El primer gobierno de Álvaro Uribe suprimió esta entidad en un proceso de renovación de la administración pública, que eliminó varias por ineficientes o porque sus funciones podrían ser asumidas por otras instituciones para reducir gastos al Estado.

Como consecuencia, las funciones del Fondo de Caminos Vecinales fueron asumidas por el Invías.

Estatización de la salud

Una de las mayores críticas al proyecto de reforma a la salud que impulsa el Gobierno y que avanzó en la Cámara, es que volvería a un modelo estatizado, que fue reemplazado por uno mixto producto de la Ley 100 de 1993.

Incluso algunos consideran que se quiere revivir el modelo del estatal Instituto de los Seguros Sociales, que fue creado en 1946 para prestar la salud a los colombianos, pero que terminó de ser liquidado en 2007 tras sufrir un largo proceso de declive en su gigantesco aparato, en medio de desgreño administrativo y corrupción.

Por ejemplo, la cotización por el servicio de salud la pagaban los colombianos al Instituto de los Seguros Sociales. Algo parecido contempla la reforma que se tramita en el Congreso, pues los ciudadanos ya no cotizarán a las EPS, que desaparecen con la iniciativa, sino a la estatal Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

Para Fabio Aristizábal, exsuperintendente Nacional de Salud, la reforma no revive el Seguro Social, pero sí con ésta el Gobierno se devuelve en el tiempo al querer estatizar el sistema.

“Me parece que la reforma es peor que el Seguro Social porque usted antes sabía que era el asegurador, así fuera del Estado, aquí no se sabe quién va a responder por nada. El gran problema de este proyecto de ley es que van a dejar a los pacientes en manos prácticamente de hospitales públicos”, consideró.

Agregó que la reforma “no revive el Seguro Social”, pero en cuanto al sistema explicó que “¿Por qué se habla de estatizarlo? Porque quedamos en manos de hospitales públicos, y el único pagador sigue siendo el Estado. Pues, entonces queda siendo un sistema netamente estatal”.

Nueva entidad en minería

El Gobierno pretende crear la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), para lo cual acaba de radicar un proyecto de ley. Ecominerales hace parte del plan para transformar la minería en el país. Se propone como una empresa industrial y comercial del Estado, con autonomía administrativa y financiera, inspirada en el modelo de Ecopetrol.

Sin embargo, varias instituciones con estos propósitos han sido suprimidas en las últimas décadas, como fue Ecocarbón y Mineralco.

Las funciones de esas entidades fueron asumidas por una nueva, Minercol (Empresa Nacional Minera), en 1997, como fue el fomento de las actividades mineras y carboníferas. Empero ésta también fue liquidada hace cerca de dos décadas, cuando contaba con 286 empleados.

En ese entonces, según el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), el ahorro que logrará el Estado con la liquidación de Minercol será de 17.706 millones de pesos.

En el Decreto 254 del 28 de enero de 2004, en los considerandos el Ministerio de Minas afirmó que la decisión de liquidar Minercol se adopta cuando “los objetivos señalados del organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser y/o cuando las evaluaciones de gestión administrativa aconsejan la supresión o la transferencia de funciones a otra entidad”.