En firme dejo la Corte Suprema de Justicia el juicio contra el exsenador Ciro Ramírez por presuntamente haber participado en el caso de corrupción al interior del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). El próximo 2 de octubre se continuará con la audiencia en el Alto Tribunal.
Durante la tarde de este lunes, se llevó a cabo una diligencia en la cual la Sala Especial de Primera Instancia rechazó la solicitud de nulidad que fue presentada por el exsenador, advirtiendo así que se continuará con el proceso durante el próximo mes, tras la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien desestimo las pruebas solicitadas por la defensa.
Ramírez es acusado por supuestamente haber participado en el entramado de corrupción del DPS, durante el año 2021 y 2022, en proyectos orientados a la adjudicación de contratos para obras públicas en distintos departamentos de Colombia.
Es importante recordar que el exsenador ha estado en prisión preventiva desde diciembre de 2023, condición en la que se mantendrá por orden del alto tribunal.
“El senador Ciro Ramírez es capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión en desarrollo del proceso en su contra por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”, informó la Corte Suprema, a través de su cuenta X, durante diciembre del año pasado.
¿Por qué se adelanta un proceso contra el exsenador?
Dichas acusaciones insinúan que el congresista, posiblemente en colaboración con otros funcionarios, habría participado en la influencia indebida en al menos 15 contratos, específicamente en las regiones de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
La pesquisa contra el exsenador del Centro Democrático, hizo parte de una decisión de la Fiscalía General de la Nación de compulsar copias, a fin de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema indagara los presuntos nexos del congresista en el entramado de la red de corrupción.
Los resultados de la investigación revelaron que un contratista y una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) estarían relacionados con el presunto direccionamiento de contratación pública, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
Según las indagaciones, la red de corrupción era liderada por el exsenador Mario Castaño, quien aceptó cargos y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. El pasado 18 de noviembre se conoció que el político falleció en la cárcel La Picota, aparentemente por un ataque cardíaco.