Optimista. Así llega la defensa del expresidente Álvaro Uribe a la audiencia virtual en la que un juez de Control de garantías deberá decidir si el exmandatario, quien desde el 5 de agosto pasado se encuentra en detención domiciliaria por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, puede recuperar su libertad.
Según conoció EL NUEVO SIGLO, el apoderado de Uribe, el penalista Jaime Granados, tiene absoluta certeza de que el juez validará las razones expuestas por la defensa en torno a que el exsenador, a la luz de las realidades procesales propias de la Ley 906 de 2004, que regula el sistema penal acusatorio, tiene derecho a seguir defendiéndose en libertad del proceso penal que le sigue como presunto determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Como se sabe, desde mediados 2018 Uribe es investigado por presunta manipulación de testigos en el marco de un proceso penal derivado de la denuncia que años atrás había interpuesto por el mismo delito contra el senador del Polo, Iván Cepeda, quien fue absuelto por la Corte en abril del mismo año.
Tras rendir indagatoria en octubre del año pasado, la Sala de Instrucción solo le definió la situación jurídica el pasado 4 de agosto, ordenando su detención domiciliaria, que desde un día después cumple en su hacienda el Ubérrimo, en zona rural de Montería.
Tras considerar que el proceso en su contra estaba lleno de anomalías, que van desde la presunta validación de pruebas ilegales hasta un sesgo político en su contra, el exmandatario terminó renunciando a su curul del Senado el pasado 18 de agosto. Un día después, en vista de que ya no era un funcionario aforado, la defensa pidió que su proceso pasara a la Fiscalía, lo que solo se vino a definir el pasado 30 de agosto, cuando la Sala de Instrucción remitió el expediente al ente acusador.
Tras considerar que el proceso en su contra estaba lleno de anomalías, que van desde la presunta validación de pruebas ilegales hasta un sesgo político en su contra, el exmandatario terminó renunciando a su curul del Senado
Casi de inmediato, la defensa de Uribe pidió a la Fiscalía que su cliente quedara en libertad inmediata, pero el 4 de septiembre el fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes (coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema) respondió que esa decisión solo la podía tomar un juez de Control de Garantías (que elegido por reparto y esto se hará poco antes de las audiencia).
Y ese, precisamente, es el motivo de la audiencia virtual que se llevará a cabo este miércoles, desde las 9, y a la que asistirán, obviamente, Jaimes, Granados, el delegado del Ministerio Público y el abogado Reynaldo Villalba, apoderado de Cepeda, que se constituyó en parte civil en el proceso.
¿Qué puede pasar?
“En realidad no es una decisión particularmente complicada, ya que las ritualidades procesales de la Ley 906 de 2004 son muy reiteradas y es más bien estrecho el margen interpretativo del juez, más aun tratándose de solicitudes de libertad… Creo que la balanza se inclina por la libertad del sindicado, a menos claro que la Fiscalía presente pruebas nuevas más allá del expediente conocido o que se convenza al juez de Garantías de que el sindicado es un peligro para la sociedad, hay riesgo de evasión o que podría afectar las pruebas o testigos en su contra, explicó un experimentado abogado penalista que pidió la reserva de su nombre porque lleva varios procesos ante la Corte y la Fiscalía.
“Pero como Uribe siempre ha comparecido y se ha sometido a las órdenes judiciales, no creo que esto proceda… De hecho, hay medidas de aseguramiento intermedias que aplican al caso, como por ejemplo la prohibición de salir del país o la de acercarse a los testigos o al acervo probatorio, restricción que cabe dada la naturaleza del delito imputado”, añadió.
Respecto a la sustentación de Granados, en realidad está ya se conoce, en la medida en que es la misma que ya expuso ante la Fiscalía inicialmente para pedir la libertad de Uribe pero que le fue negada, ya que la competencia del caso es del juez de Garantías.
La ritualidad procesal del Sistema Penal Acusatorio propende por limitar al máximo la afectación de libertad en este etapa procesal
En ese memorial Granados argumentó las razones por las cuales considera que la nueva realidad procesal deja inválida la privación de la libertad ordenada por la Sala de Instrucción. La primera de ellas es la diferencia procedimental entre la ley 600 de 2000, que rige los procesos en la Corte, y la 906 de 2004, bajo la cual actúa la Fiscalía.
“Sí… entendemos que la indagatoria no puede equipararse a formulación de imputación, estaríamos en un escenario de imposición de medida de aseguramiento sin la existencia de formulación de imputación, lo cual no guarda ninguna lógica, en el ámbito de la ley 906 de 2004, pues no se solicita ni se impone una medida de aseguramiento sin que exista una imputación de cargos”, explicó el defensor.
Así –recalcó el abogado– mantener la detención preventiva generaría una “paradoja constitucional, pues se estaría tramitando el proceso bajo la ley 906 de 2004, con una persona que fue privada de la libertad por un fiscal, cuando dicha situación no se permite en dicho esquema procesal”.
Según Granados, ello “implicaría no sólo romper el principio de reserva judicial de la libertad, el cual es una característica esencial del sistema penal acusatorio que desarrolla la ley 906 de 2004, sino también el principio de igualdad de armas, pues el procesado estaría detenido por decisión de quien fungió como fiscal y no por un juez de Control de garantías”.
Trayendo a colación providencias de la propia Corte Suprema en los casos de un exparlamentario e incluso del fugado cabecilla de las desmovilizadas Farc (hoy en las disidencias) ‘Jesús Santrich’, la defensa de Uribe insiste en que no se pueden mantener vigentes ni válidas sobre un sindicado medidas judiciales tomadas bajo otra realidad procesal. Incluso advirtió que hacerlo implicaría un claro desconocimiento de varias normas constitucionales.
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“Así, es evidente que ante esta nueva realidad procesal la detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional, en un proceso que se debe regir por la ley 906 de 2004, siendo necesario, en garantía de los derechos del doctor Álvaro Uribe Vélez, corregir la actuación, ordenando su libertad.
Cartas sobre la mesa
Como se ve, las cartas están sobre la mesa y ya dependerá de los argumentos que las distintas partes expongan ante el juez de Garantías la decisión final de este.
Según trascendió, la parte civil, en cabeza del abogado de Cepeda, insistirá en que se mantenga la medida de detención domiciliaria, esto bajo el argumento de que existe riesgo de que el exmandatario o terceros traten de afectar el acervo probatorio o las versiones de los principales testigos de cargo. De hecho, esta es la base del proceso contra Uribe, a quien se le sindica de ser el determinador de las gestiones de su exapoderado, Diego Cadena, para presuntamente cambiar el testimonio en su contra de Juan Guillermo Monsalve.
Lo que sí está claro es que Cepeda falló en sus gestiones para que el fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera se declararan impedidos y fuera necesario designar funcionarios ad hoc. La Corte le negó tal pretensión. Y también le fue negada, por el propio fiscal general, la recusación contra Jaimes.
No se sabe qué postura tomará la Procuraduría, pero en los corrillos judiciales se dice que siempre en este tipo de casos y etapas procesales se inclina por una tesis garantista de la libertad, a menos que exista un argumento fuerte de la Fiscalía en contrario.
No se sabe qué dirá Jaimes, aunque es claro que apenas si lleva un par de semanas con el voluminoso expediente, razón por la cual mantener a Uribe privado de la libertad no parecería su prioridad
En este último caso, no se sabe qué dirá Jaimes, aunque es claro que apenas si lleva un par de semanas con el voluminoso expediente, razón por la cual mantener a Uribe privado de la libertad no parecería su prioridad en este momento procesal. Podría, incluso, optar por pedir una medida de aseguramiento más flexible, salvaguardando eso sí cualquier riesgo de afectación del acervo probatorio y los testimonios que obran ya en el proceso.
En cuanto al propio Uribe, el pasado domingo expidió un nuevo pronunciamiento titulado 'La honorabilidad es mi gran afán', en el cual, ante nuevas filtraciones del expediente, insiste en que no presionó a Monsalve por intermedio de Cadena o el representante Álvaro Hernán Prada ni de Carlos López, alias ‘Caliche’ o Juan Guillermo Villegas.
Así las cosas, este miércoles será un día clave para Uribe. Aunque pareciera que el viento sopla a su favor, la última palabra la tiene el juez de Garantías.