Son nueve las observaciones que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le hizo saber al presidente Gustavo Petro con respecto al proyecto de ley de sometimiento a la justicia presentado por el ministro Néstor Osuna.
El encuentro entre el jefe de Estado y la cabeza del organismo de control fiscal se llevó a cabo ayer en la tarde y el tema central de discusión fue la iniciativa denominada por el Gobierno nacional como “de desmantelamiento a las organizaciones criminales”.
Al final del encuentro, el fiscal Barbosa se refirió a las conclusiones tras su reunión con el presidente Petro, donde hablaron sobre el proyecto de “paz total” presentado al Congreso. "El proyecto se va a someter a discusión en el Consejo de Política Criminal".
Al respecto, el fiscal indicó que "fue muy importante conversar con el presidente cada uno de los temas que tiene ese proyecto, pero también sobre la proyección que tiene la paz total en tanto se verifican las competencias de la Fiscalía" en lo que tiene que ver con el tema.
"Dos temas centrales generan un acuerdo entre la Fiscalía y el presidente: era necesario el proyecto de ley de sometimiento y era necesario pensar en un sometimiento colectivo de grupos armados”, indicó Barbosa.
Nueve recomendaciones
En ese sentido, el fiscal general aseguró en sus redes sociales que tras la cita le presentó al mandatario nueve puntos claves a resaltar y que "son, a nuestro juicio, fundamentales para que esa iniciativa tenga asidero constitucional y legal", dijo.
En primer lugar, "se estableció en el proyecto de ley que el proceso debe hacerse en la Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación, que fue creada en el acuerdo de La Habana y cuyo director fue ternado por la JEP", explicó el fiscal Francisco Barbosa.
En segundo lugar, indicó que se abordaron temas que preocupan con respecto a que los términos procesales son muy cortos, “ya que diríamos que la Fiscalía no tendría mucho tiempo para corroborar probatoriamente todos los hechos incluidos en las actas de sujeción".
"Un tercer tema: no se puede limitar las formulaciones de imputación solamente a lo que señale la persona que la firme, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que puedan no estar reconocidas en la imputación", agregó el fiscal.
Un cuarto punto tiene que ver con “la inexistencia de topes frente a bienes que se les van a entregar a estas personas que hacen parte de organizaciones criminales de alto impacto. En ese sentido, la Fiscalía considera que debe ajustarse al Código de Extinción de Dominio".
En quinto lugar: "La Fiscalía no debe aprobar listados y verificar cumplimiento de obligaciones porque no es función de la Fiscalía (...) nosotros podemos constatar en casos concretos si existen otras conductas delictivas frente a las decisiones penales que tengamos que tomar”.
El fiscal explicó que, en sexto lugar, "la aplicación del principio de oportunidad no puede ser otorgado sino en suspensión; quiere decir que cuando se otorgue este principio se otorga siempre y cuando quien lo recibe cumpla con lo que está establecido en justicia restaurativa".
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“En séptimo lugar recomendamos que las víctimas no queden desprotegidas en el proyecto. Es un proyecto en el que no se encuentra esquema de reparación de víctimas, su rol en los procesos y hay un gran vacío alrededor de la reparación", subrayó el fiscal Francisco Barbosa.
"Octavo punto: nos parece que se viola el principio de cosa juzgada. Hablan de que un juez proferirá una sentencia colectiva, pero dice que si después aparecen otros hechos atribuibles a una persona en la sentencia colectiva, se tiene que abrir de nuevo la discusión", indicó.
El fiscal habló sobre la inexistencia de topes frente a los bienes que se entregarían a quienes hagan parte de los procesos de sometimiento, y dijo que esto debería ajustarse al artículo 133 de extinción de dominio, para que haya concordancia jurídica. Además, reiteró que los bienes que ya hayan pasado ante un juez o la SAE, no deberían hacer parte de estas negociaciones con las estructuras criminales.
En último lugar, "no es posible aplicar en el principio de oportunidad la figura de concierto para delinquir para delitos graves, porque hay una sentencia que ya había establecido que no podía desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos".
“Hoy encontré que el presidente escuchó. Yo creo que llegaremos a acuerdos en el Congreso de la República”, señaló el fiscal.
Por último, aseguró que "la voluntad de la Fiscalía está en que se debe acompañar el proyecto. Votaremos sí en el Consejo de Política Criminal con los comentarios que les acabamos de plantear y, por supuesto, tenemos una voluntad clara de que el sometimiento colectivo es una buena alternativa".
La reunión se dio luego de varias semanas de tensiones entre ambos por las diferencias que han tenido a la hora de interpretar la Ley. La más fuerte de esas disputas se dio cuando el fiscal se negó a levantar las órdenes de captura contra un grupo de 16 cabecilllas del ‘Clan del Golfo’ y los ‘Pachelly’.
Recientemente, el Gobierno radicó ante el Consejo de Política Criminal un documento de 22 páginas que contiene el proyecto de Ley con el que Petro quiere desmovilizar alrededor de 20 mil personas armadas.
El Gobierno insiste en modificar los tratados de extradición con Estados Unidos para que los narcos que entren a la “paz total” no sean enviados al extranjero, un punto con el que el fiscal se ha mostrado en desacuerdo.
“No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, había expresado el fiscal en una pasada reunión con el primer mandatario.
“No podemos repetir los Mancusos yendo al Congreso, ni los don Berna”, dijo el fiscal, concluyendo que la ley debe fundamentarse en la verdad.