UNA SEMANA después de haberse conocido los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en donde afirmó haber conseguido más de 15 mil millones de pesos para financiar la campaña electoral de Gustavo Petro en la costa Atlántica, hay tres conclusiones sobre este grave escándalo.

La primera es que si bien el Gobierno primero guardó silencio y luego sí decidió salir a negar anomalías en la financiación proselitista, no pudo evitar que tanto las cuentas de la campaña terminaran bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General de la Nación, ni que el propio jefe de Estado fuera denunciado por partida triple ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En cuanto al alto tribunal electoral, allí se decidió ampliar las tres denuncias que ya cursaban por las cuentas de la campaña presidencial de Petro en 2022. Por ahora están en los despachos de los magistrados Cristian Ricardo Quiroz, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.

De hecho, mientras se define si se pueden acumular esas causas o es posible designar una subcomisión que asuma todo el proceso, se decidió, en la sesión del miércoles, aplazar la citación que ya estaba fijada para el próximo martes tanto a Benedetti como a la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, que era la interlocutora del exembajador en los audios que fueron filtrados y publicados por la revista Semana.

La Fiscalía, a su turno, la tarde del viernes anunció que ya tenía una “línea investigativa” activa al respecto, que está a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Tras indicar que los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas, se advirtió que el frente investigativo está enfocado a determinar si hay lugar a posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de topes electorales y otros.

Ello implica, entonces, que Benedetti será citado a declarar así como Sarabia y otros altos cargos de la campaña, especialmente Ricardo Roa, quien fue el gerente de la misma y hoy funge como presidente de Ecopetrol. Se sabe también que los fiscales del caso harán una revisión exhaustiva de cada uno de los aportes que fueron reportados por esa campaña tanto al portal “Cuentas Claras” como al CNE. También se pedirían conceptos contables forenses.

Por lo mismo, en el marco de la colaboración institucional, una de las primeras medidas que se tomarán desde la Fiscalía es pedir una copia de los expedientes que al respecto ya adelanta el CNE y la Comisión de Acusación.

De igual manera, como lo alcanzara a insinuar Benedetti en declaraciones a Semana, se buscará determinar si hay vasos comunicantes entre esta nueva “línea investigativa” y el proceso que ya está en marcha contra Nicolás Petro, hijo del Jefe de Estado, cuya exesposa, a mediados de marzo, denunció que el hoy diputado del Atlántico habría recibido dineros de Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, así como de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, investigado por sus nexos con el paramilitarismo.

Como se sabe, la Fiscalía trata de establecer, incluso, si Nicolás Petro pudo haber incurrido, entre otros delitos, en el de lavado de activos, toda vez que su expareja, con audios de prueba, insiste en que los dineros, que irían destinados a la campaña Petro en la Costa, terminaron en la compra de una casa privada del diputado.

También trascendió que los fiscales indagarán si el proceso abierto alrededor de las afirmaciones de Benedetti puede tener alguna relación con otra causa preliminar que se lleva contra Juan Fernando Petro, hermano del Jefe de Estado, quien terminó en el ojo del huracán luego de que circularan versiones en torno a que en campaña y después de la elección presidencial habría visitado algunos penales para hablar con narcotraficantes y bandas criminales. De acuerdo a algunas denuncias, se habría pedido, supuestamente, colaboración electoral e incluso dineros a cambio de ‘cupos’ para entrar en una política de paz flexible.

Es apenas claro que si Benedetti habló de que consiguió 15 mil millones de pesos de financiación en la Costa e incluso advirtió, en los audios filtrados, que si se sabe de dónde salió esa plata “todos vamos presos”, la Fiscalía quiera establecer si hay alguna relación entre esta circunstancia, los dineros recibidos presuntamente por Nicolás Petro de Lopesierra e Hilsaca así como las sospechosas gestiones del hermano del Presidente en las cárceles. En los tres procesos hay una coincidencia: la sospecha de una presunta financiación ilícita de la campaña Petro o de la violación de los topes máximos de inversión para la primera y segunda vueltas.

No hay que olvidar que la Procuraduría también investiga a Nicolás Petro, al tiempo que ya tiene indagaciones preliminares en torno a las implicaciones de las afirmaciones de Benedetti y Sarabia en el escándalo más reciente.

Comisión de Acusaciones

El tercer flanco de pesquisas derivado de este escándalo recayó sobre el propio Jefe de Estado. En menos de dos días se radicaron en su contra tres denuncias penales ante la Comisión de Investigación y Acusación.

Las causas fueron radicadas por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, el senador uribista Miguel Uribe Turbay y el parlamentario antipetrista Miguel Polo Polo.

En el caso del exaspirante a la Jefatura de Estado pidió a la célula congresional investigar a Petro por presuntamente haber incurrido en el delito de financiación ilegal de campañas, “posiblemente dineros del narcotráfico”.

En las tres denuncias se advierte la posible violación a la Ley 1864 de 2017, en la que queda claro que es delito sobrepasar los topes de financiación de campañas así como la recepción de dineros ilícitos o de fuentes prohibidas.

La norma establece penas de prisión de 4 a 8 años para los directivos de la campaña y el propio candidato.

No hay que olvidar que esta Comisión, si bien ejerce funciones judiciales y puede instruir procesos y elevar imputaciones, es un órgano que tiene una composición política.

A hoy el Gobierno no tiene mayorías allí, sobre todo después de la ruptura de la coalición parlamentaria hace dos meses. Tienen asiento en esta célula congresional dos parlamentarios de La U, tres liberales, tres conservadores, uno de Cambio Radical, dos de Alianza Verde, dos del Centro Democrático, tres del Pacto Histórico y uno de las curules de víctimas. Es decir, que los partidos independientes y de oposición son mayoritarios frente a los de centroizquierda.

Ya esta semana trascendió que esas tres denuncias contra Petro se acumularon con otros procesos por la misma causa en esa célula congresional, bajo un expediente con número 5914, que se basó, a su turno, en un proceso que fue remitido por la Corte Suprema de Justicia, que trasladó a la Comisión todas las denuncias contra el Presidente, dada su calidad de aforado especial.

Los representantes instructores, que tendrán seis meses para proyectar una decisión, son Wilmer Carrillo (de La U, presidente de la comisión), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras) y Alirio Uribe (Pacto Histórico).

Se sabe, igualmente, que copia del expediente fue enviado al CNE para las indagaciones de su competencia administrativa.

Más réplicas que defensa

Una segunda conclusión de lo ocurrido esta semana alrededor de este escándalo se refiere a que la estrategia de defensa del Gobierno ha sido bastante contradictoria y confusa.

Inicialmente, el propio presidente Petro trató de minimizar el alcance de los audios filtrados de Benedetti, sacando apenas un trino al respecto. No hubo, tampoco, ningún comunicado oficial de la Casa de Nariño, salvo algunos pronunciamientos de ministros como el canciller Álvaro Leyva, dirigidos a desprestigiar al exembajador, tachándolo de adicto e incluso resentido político.

Sin embargo, en vista de que esa estrategia no le dio muchos resultados y, por el contrario, la dimensión del escándalo fue creciendo hora tras hora, el Ejecutivo pasó a la ofensiva.

Primero, el partido Colombia Humana salió a recalcar que la campaña no había recibido dineros ilícitos y que el propio CNE y el portal “Cuentas Claras” habían revisado los reportes contables sin encontrar anomalía alguna.

Después fue el propio Roa el que dio la cara, afirmando que Benedetti no había conseguido ni gestionado ningún aporte de 15 mil millones de pesos en la Costa y que la financiación de la campaña se dio principalmente a través de créditos bancarios que se pagaron con los recursos de la reposición de votos.

Tras ello fue Petro el que salió a replicar los señalamientos a su campaña. Y lo hizo el miércoles, en plena plaza de Bolívar, y ante miles de sus seguidores a los que convocó a marchar para urgirle al Congreso que apruebe las reformas pensional, laboral y de salud, que se encuentran en vilo en la agonía de la legislatura.

“… Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio”, sostuvo el Jefe de Estado.

Ese mismo día no solo lanzó duros ataques a la prensa, sino que volvió a poner sobre la mesa la tesis de que todas estas denuncias harían parte de una estrategia de ‘golpe blando’ para sacarlo del poder.

A la par de ello, buscó solidaridad internacional, logrando la firma de una declaración de dirigentes de izquierda de distintos países que hicieron eco a la hipótesis del ‘golpe blando’. Incluso, nombres tan cuestionados como el español Pablo Iglesias, del partido Podemos, y el segundo a bordo del régimen dictatorial venezolano, Diosdado Cabello, salieron en su defensa.

A la par de lo anterior, fue evidente que el Gobierno trató de debilitar y quitarle piso a las investigaciones. Por ejemplo, en el CNE hubo maniobras de magistradas de la centroizquierda para tratar de quedarse con el proceso de investigación a la campaña, objetivo que no se cumplió. De otro lado, el Pacto Histórico denunció ante la misma Comisión de Investigación de la Cámara al fiscal general Francisco Barbosa, sindicándolo de estar, presuntamente, incitando a la Fuerza Pública a desobedecer al Presidente. En cuanto a la Procuraduría, ese partido reiteró críticas contra la entidad y su titular, Margarita Cabello, señalándola de actuar con sesgo político.

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Y a todo lo anterior, debe sumársele que, en medio de la crisis de gobernabilidad, más caídas en las encuestas y el alud de críticas de la oposición y otros sectores por casos como los de las interceptaciones ilegales y las sombras de duda sobre la financiación electoral, el presidente Petro anunció el miércoles que un día después viajaría a Cuba para firmar con el Eln un cese el fuego, noticia que solo se concretó el viernes.

No pocos analistas y dirigentes políticos advirtieron de inmediato que esta sería una estrategia gubernamental para tratar de distraer a la opinión pública de la gravedad del escándalo Benedetti.

Dudas sobre el tapete

Ahora bien, una tercera conclusión de lo ocurrido una vez se conocieron los audios de Benedetti, la apertura de las investigaciones y las réplicas gubernamentales, es que las dudas sobre la financiación de la campaña persisten.

Por ejemplo, Benedetti terminó dando declaraciones y haciendo algunos pronunciamientos contradictorios. Tras conocerse los audios, inicialmente trató de disminuir la gravedad de sus afirmaciones, indicando que las hizo al calor del “trago y la rabia”. Luego pidió disculpas al Presidente y Sarabia, al tiempo que reiteró su lealtad con el Gobierno. Sin embargo, a mitad de semana no solo denunció amenazas en su contra y su familia, sino que pidió protección a la Fiscalía.

“Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”, sostuvo antes de salir del país con rumbo a Turquía para asistir ayer a la final de la Liga de Campeones, prometiendo regresar el próximo martes, cuando debía asistir al CNE, pero se aplazó la diligencia.

Tampoco está claro todavía a qué se refiere el exembajador cuando en tono airado le dijo a Sarabia que si contaba la verdad sobre el origen de los 15 mil millones de financiación en la Costa “… nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

Es evidente, de otra parte, que hay una intencionalidad manifiesta del Ejecutivo y el Pacto Histórico por desprestigiar a Benedetti, señalándolo de adicto y borracho, aspectos que hasta hace dos semanas no parecían graves, al punto que era uno de los principales socios políticos de Petro.

Asimismo, debe esperarse que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen las afirmaciones de Benedetti en torno a presuntas actuaciones de corrupción del exministro Alfonso Prada y el expresidente del Senado, Roy Barreras.

No hay que olvidar que esas acusaciones se dan en la misma semana en que surgieron varias denuncias sobre ferias de contratos en el Fondo Nacional del Ahorro, el Ministerio del Trabajo e incluso a la par de la imputación de cargos de la Fiscalía a la exministra María Isabel Urrutia.

Otra duda que sigue en el ambiente es la referida a vacíos en las cuentas reportadas por la campaña al CNE. Por ejemplo, hay muchas preguntas sin responder en torno a cuánto costó y de dónde se pagó a los miles de testigos electorales así como a asesores locales y extranjeros.

Asimismo, para no pocos críticos y analistas la tesis del Gobierno en torno a que las denuncias e investigaciones hacen parte de un presunto ‘golpe blando’, lo que estaría buscando es deslegitimar no solo la libertad de prensa sino bloquear las pesquisas sobre la financiación de su campaña.

De igual manera, hay flancos internacionales de este escándalo que podrían crecer en poco tiempo. Por ejemplo, tanto en la oposición venezolana como en sectores parlamentarios estadounidenses, e incluso en altas esferas del Departamento de Estado, hay especial interés por lo que eventualmente pudiera confesar Benedetti sobre lo que ocurrió en la campaña y estos 10 meses del gobierno Petro.

Como se ve, en estos primeros días del escándalo derivado del caso Benedetti, más allá del rifirrafe político, lo que queda claro es que la campaña Petro está bajo la lupa por distintos flancos y entidades. Por ahora, los procesos apenas comienzan, pero es evidente que en pocas semanas, una vez avancen las indagaciones y pesquisas, es posible que se pase a las formulaciones e imputaciones, lo que podría golpear a muchos altos cargos del Gobierno.

Parece que, al final de cuentas, todo depende de lo que haga Benedetti. Algunas versiones indican que corregirá sus acusaciones y las atribuirá a un brote de rabia y despecho político. Otras apuntan a que, si desde el Gobierno continúan desprestigiándolo, podría abonar el camino a una eventual colaboración con la Fiscalía, sobre todo en el marco de un Principio de Oportunidad, lo que le permitiría convertirse en testigo de cargo y no ir a la cárcel.

Es claro, finalmente, que estos dos escándalos sucesivos agravan la crisis de un Gobierno cada vez más a la defensiva. La forma en que esta semana se volvió a trabar el debate a los proyectos de reforma en el Congreso, evidencia que se estrecha el margen de acción de la Casa de Nariño. Esto, aunado a la caída en las encuestas y el impacto de noticias como la misteriosa muerte, el viernes en la noche, de un teniente coronel de la Policía que estaba adscrito a la seguridad presidencial y que había pedido a la Fiscalía declarar en torno al escándalo de las pruebas del polígrafo ilegales y las interceptaciones a las exempleadas de Sarabia, no hacen más que aumentar la incertidumbre ciudadana y la inestabilidad institucional.