EL NUEVO SIGLO conoció que La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó el fallo emitido el 22 de marzo de 2024 en favor de un fiscal de Bello, Antioquia, a quien le fue archivada una investigación por presunta mora judicial en un proceso de inasistencia alimentaria.

Esta causa disciplinaria tuvo origen en la queja presentada por la madre de un menor de edad, quien actuando como su representante legal, alegó indiligencia y mora en la gestión del fiscal a cargo del proceso penal que había sido interpuesto por las actuaciones del padre de su hijo.

Para ello, el Juzgado Penal Municipal de Conocimiento de Bello emitió sentencia condenatoria y declaró civilmente responsable al padre del menor, ordenando el desembolso de 11 millones 684 mil 133 pesos, no se logró el pago de la suma reconocida en la sentencia ni de las cuotas alimentarias posteriores al fallo.

Según el expediente, el padre se sustrajo dolosamente de las obligaciones con su hijo, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, siendo el fiscal la persona facultada para investigar la presunta comisión de un delito por parte de este ciudadano.

El término máximo con que contaba el fiscal para adelantar la etapa de indagación, siendo un solo delito y un solo indiciado, era de dos años, período que inició el 13 de agosto de 2014 y finalizó el trece 13 de octubre de 2016. Lo que se pudo establecer dentro de la investigación disciplinaria, es que desde la fecha de la radicación de la denuncia en agosto de 2014, hasta la interposición de la queja en septiembre de 2023, no se había adelantado ninguna gestión para salvaguardar los derechos de la víctima, es decir del menor de edad.

No obstante la queja presentada, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia (en primera instancia) consideró que el fiscal no era responsable de falta de La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y La Comisión Nacional de Disciplina Judicial por irregularidad  alguna, en razón a que, por un lado, tenía una carga laboral equivalente a 483 casos, y por otro, a que habría hecho lo necesario para obtener la ampliación de denuncia, consultar el historial financiero del indiciado y adelantar otras labores en aras de hacer cumplir la decisión del Juzgado Municipal de Conocimiento.

Sin embargo, al estudiar el recurso de apelación interpuesto en mayo de este año por la madre del menor en condición especial, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estableció que no se tuvieron en cuenta los derechos de las víctimas, y estableció la apertura de la investigación sobre la continuidad del caso.