En la antesala de que se reactive la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado en tercer debate, el expresidente César Gaviria, jefe del partido Liberal, hizo ayer nuevas críticas al proyecto y a la forma como se conduce el sector, al punto de afirmar que el Gobierno tiene la “desquiciada intención de poner fin al sistema”.

Gaviria se refirió a la reciente decisión de la Corte Constitucional al ordenar al Ministerio de Salud pagar a las EPS las deudas por los llamados presupuestos máximos, dineros que gira el Estado para cubrir los servicios y tecnologías que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

El exmandatario dijo que “la realidad recientemente expuesta por la Corte Constitucional demuestra un retraso sistemático en la transferencia de billones de pesos de los presupuestos máximos, afectando gravemente el flujo general de recursos en todo el sistema. Esta situación reviste extrema gravedad, ya que desencadena una serie de efectos que culminan en el cierre de servicios y, en última instancia, en la vulneración del derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos”.

Agregó que “el Gobierno ha decidido ignorar tal decisión y ni siquiera mencionarla a pesar del enorme impacto que ella tendrá en el funcionamiento del sistema de salud. Ha preferido seguir mintiéndole al país sobre la crisis que él mismo ha provocado”.

Expresó el jefe del partido Liberal que “resulta paradójico que este Gobierno, autoproclamado defensor de los más necesitados y comprometido con la protección de los derechos humanos y fundamentales, termine afectando a millones de usuarios y destruyendo un sistema que se construyó en 30 años. Esta acción parece impulsada por una obsesión ideológica que busca aniquilar un modelo de desarrollo que Colombia ha forjado”.

Sobre el proyecto de reforma dijo que “lo que enfrentamos en la actualidad es una ley estancada en el Senado debido a un proyecto de ley con enormes deficiencias, sumado a múltiples errores procedimentales documentados, lo que anticipa que difícilmente superará el eventual escrutinio de la Corte Constitucional. El Gobierno ha optado por desmantelar el sistema de manera administrativa, dejando de cumplir con sus obligaciones financieras y llevando al borde del colapso a todo el sistema de aseguramiento”.

Agregó que el Gobierno pretende, con la reforma que presentó, tener “un sistema extraordinariamente complejo y unas instituciones que requerirían varios años para desarrollarse, y cuya transformación aún no ha comenzado. Hasta la fecha, la Adres sigue siendo una oficina con capacidad para atender solo unas decenas de miles de facturas, a pesar de los millones de operaciones mensuales que verifican las EPS”.

Sostuvo Gaviria que la reforma se derrumbó, pues “frente a la desafortunada demanda del ministro de Salud contra las EPS, la Corte, al examinar el funcionamiento del sistema, concluyó que este se ajustaba al régimen constitucional. Se identificó que el problema radicaba en una gigantesca deuda que el Estado tenía con las EPS, confirmando así su condición de empresas privadas y la obligación del Gobierno de saldar las deudas acumuladas por falta de pago. A pesar de las afirmaciones previas del Gobierno de que no existían deudas con las EPS y de que estas recibían los recursos públicos, resultó ser completamente falso”

Agregó que se busca llevar el proyecto "ante el Senado, en un ejercicio infructuoso, dado que ya se derrumbó en la Corte Constitucional y no conduce a ninguna parte. No hay duda de que el Gobierno engañó al país y a la Cámara de Representantes, y ahora, con halagos y promesas vacías, intenta darle continuidad en las comisiones séptimas”.

Replica el presidente

El jefe de Estado, Gustavo Petro, sin referirse directamente a lo manifestado por Gaviria, expresó ayer en su cuenta X que “lo dijimos a tiempo y desde hace varios años. El sistema de intermediarios financieros en la salud colapsa. Es insostenible. Son decenas de billones de pesos los que se han esfumado en corporaciones comerciales e incluso políticas”.

Agregó que “aún hay sectores políticos autistas que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se priorice el derecho y no los flujos mercantiles. Nuestra propuesta de un sistema fuertemente preventivo y de giros directos a hospitales y clínicas es indudablemente una solución. El Congreso tiene la oportunidad de responderle al país".