El día de ayer la Misión de Observación Electoral (MOE) mostró una relevante preocupación, porque a seis meses de las elecciones regionales, la Registraduría Nacional no ha hecho público el cronograma de contratación de la logística, que podría estar por encima de $1 billón. Esta ONG, expresó también que por el monto de los recursos es necesario que se revele el esquema de auditoría externa.

Así lo indicó la MOE en su segundo informe de observación, en el marco de la Segunda Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para las Elecciones de Autoridades Locales 2023, el cual fue entregado a las entidades estatales.

Marlon Pabón, coordinador en la MOE de Administración Pública y Transparencia, señaló que “de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2022, la contratación podría ascender a $1 447 039 050 553”.

La MOE ha sido insistente en la importancia de que la Registraduría Nacional divulgue con suficiente antelación la fecha de apertura de los procesos y las modalidades de selección de los contratistas.

La ONG explicó que en agosto del 2022 y el 19 de enero del presente año, solicitó a la Registraduría “acceso a la información sobre estos procesos. Sin embargo, el ente gubernamental que organiza las elecciones en sus respuestas el 4 de octubre de 2022 y el 13 de febrero del 2023 se limitó simplemente a señalar que se encuentran en los actos preparatorios y de planeación”.

En lo referente a la creación de puestos de votación, la MOE destacó la importancia de que éstos sean debidamente georreferenciados, y solicitó al Consejo Nacional Electoral la expedición de una resolución en la que defina los criterios para la creación y ubicación de los mismos.

En tal sentido, Alejandra Barrios, directora de la MOE, indicó que las elecciones locales son el escenario propicio para acercar la logística electoral a las comunidades que residen en zonas de más difícil acceso. En ese marco, recordó que el 42 % de los Consejos Comunitarios y en el 87 % de los resguardos indígenas aún no cuentan con un puesto de votación en sus territorios.

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De igual manera, Barrios mencionó que “se necesita que junto a la creación de estos nuevos puestos de votación, se elabore material electoral en lenguas nativas, se realicen campañas de cedulación, de inscripción de cédulas y pedagógicas para que la población que no ha participado en procesos electorales por falta de acceso, lo hagan para las elecciones de octubre”.

Grupos significativos de ciudadanos

En el desarrollo de la Segunda Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para las Elecciones de Autoridades Locales 2023, la MOE alertó sobre la opacidad en la información de los ingresos y gastos que están siendo invertidos por los grupos significativos de ciudadanos en la recolección de firmas, con el fin de respaldar listas a corporaciones y candidatos a cargos uninominales en las elecciones de octubre próximo.

Señaló esta ONG que de los 243 grupos significativos de ciudadanos inscritos ante la Registraduría para apoyar candidaturas de alcaldes en ciudades capitales y en gobernaciones, solamente se encontró información de tres.

Agregó, que ello contrasta con el monitoreo que ha hecho a los gastos de publicidad en las redes sociales reportadas por los grupos significativos de ciudadanos.

A este respecto, explicó que “en los últimos 90 días, solamente en Facebook e Instagram, la MOE identificó un total de 24 cuentas de GSC aspirantes a las gobernaciones y a las alcaldías de ciudades capitales que, en los últimos 90 días, pautaron 865 anuncios publicitarios por la suma global de $194 115 950. De acuerdo a la información suministrada por las plataformas, anteriormente mencionadas, el 58 % de dicha pauta corresponde a candidaturas que están recogiendo firmas para la Alcaldía de Medellín”.

En lo relacionado con la violencia contra las mujeres en política, la MOE le recomendó al Consejo Nacional Electoral poner en funcionamiento un canal directo para la recepción de denuncias exclusivo para el conocimiento de casos, de tal forma que se garantice que los recibidos puedan ser conocidos y clasificados desde una perspectiva de género, tal y como lo establece la Resolución 8947 de 2021.

Asimismo, la MOE solicitó al CNE la expedición de una resolución en la que se adopten medidas concretas para la atención, prevención, reparación y no repetición de casos de violencia contra mujeres en política.