Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló con EL NUEVO SIGLO sobre el fallo de la Corte Interamericana  por el caso de la Unión Patriótica y a cuánto ascienden hoy por hoy las demandas contra la Nación.

EL NUEVO SIGLO: ¿El fallo de la Corte Interamericana contra Colombia por el caso de la Unión Patriótica qué implicaciones tiene desde el punto de vista de responsabilidad estatal política, económica e institucional?

MARTHA LUCÍA ZAMORA: Desde el punto de vista de la responsabilidad estatal política, se trata de una decisión ejemplificante por los graves crímenes cometidos contra los integrantes y miembros de la Unión Patriótica. En ella se estudiaron múltiples violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, entre otros, cometidos contra este grupo. Todos estos actos, según la Corte Interamericana, fueron sistemáticos y se dirigieron a exterminar a los miembros de la Unión Patriótica, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.

Por tra parte, desde el punto de vista económico la sentencia ordena diversas medidas de reparación, como la reapertura y continuidad de los procesos penales, la búsqueda de las personas desaparecidas, la atención en salud, medidas para la dignificación de las víctimas, de memoria de lo ocurrido y las indemnizaciones dependiendo de las violaciones. En este último punto aún se desconoce el monto total de la sentencia, por cuanto hace falta identificar a varias víctimas de la UP, pero debo destacar que por la seriedad y magnitud de las violaciones será una sentencia muy cuantiosa en términos económicos.

Finalmente, en lo relacionado con la responsabilidad institucional, la sentencia generará unos retos muy importantes para la implementación de las medidas, dentro de ellas el pago de las indemnizaciones. En este momento estamos trabajando desde la Agencia para prever los mejores escenarios y lograr su cumplimiento. Debo resaltar la importante labor que en todo caso vienen haciendo entidades como la Fiscalía General de la Nación, Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para lograr esclarecer lo sucedido con los integrantes y miembros de la UP.

ENS: ¿A cuánto ascienden hoy por hoy las demandas contra la Nación? ¿Qué tanto se ha depurado y neutralizado ese riesgo jurídico y presupuestal?

MLZ: A corte del 31 de diciembre de 2022 se tienen 332.206 procesos judiciales activos en contra de entidades del orden nacional, el valor económico indexado de estos procesos asciende a $498,2 billones. 

La mayoría de los procesos activos (253.496, que corresponden al 76,3 % del total) han sido admitidos a partir de 2018. Sin embargo, los procesos admitidos con anterioridad a 2018 acumulan el 61,7 % del total de pretensiones de los procesos admitidos (78.710 procesos).

La tasa de éxito judicial de la Nación hace referencia a la relación de procesos con fallo favorable a la Nación sobre el total de procesos terminados por fallo en el período bajo análisis. Es decir, la tasa de éxito del año 2022 incluye solamente los procesos que terminaron judicialmente en lo corrido de ese año. 

La Agencia tiene la competencia legal de participar en los procesos en contra de la Nación, con el fin de realizar una protección efectiva del patrimonio público y disminuir el impacto fiscal. En este sentido el ahorro al Estado en procesos judiciales entre 2018 y 2022 del orden nacional en los que interviene la Agencia ha sido alrededor de $61,2 billones, incluyendo los procesos en los cuales el fallo fue favorable al Estado y el valor que se evitó perder en procesos con fallo desfavorable. Por otra parte, los ahorros generados por las intervenciones en procesos del orden internacional, entre 2018 y 2022, ascienden a $18 billones, incluyendo igualmente controversias internacionales con fallo favorable y ahorro en procesos que tuvieron fallo desfavorable.

ESN: ¿Continúa siendo la Fuerza Pública la entidad más demandada?

MLZ: La Policía Nacional y el Mindefensa son las dos entidades con los procesos más onerosos contra la nación (ver gráfico). Sin embargo, se debe precisar que la entidad con el mayor número de procesos activos en contra es Colpensiones, seguida del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

• Le puede interesar: La paz es un resultado de que haya justicia: Luis Camilo Osorio

ENS: ¿Cuál es el pleito más cuantioso hoy contra la Nación y qué tanto riesgo hay de perderlo?

MLZ: El proceso judicial activo en contra más cuantioso cursa en la jurisdicción contenciosa administrativa y corresponde a una acción de grupo (reparación de los perjuicios causados a un grupo), la cual tiene un valor económico indexado que asciende a $4.348,2 billones. Esta acción de grupo tiene como finalidad la indemnización de personas que fueron desplazadas entre 1984 y 2015.

Según la demanda, son 6'103.274 desplazados incluidos y no incluidos que sostienen que fueron desplazadas de sus territorios en esos años.

Haciendo uso del modelo de pronóstico de probabilidad de pérdida con el que cuenta la Agencia, este proceso tiene una probabilidad de pérdida máxima del 14,73 %, es decir, que probablemente el sentido del fallo será favorable para la nación.  

De acuerdo con la información registrada en el Sistema Único de Información Litigios E-Kogui, se trata de una acción de grupo en contra del Mindefensa, la Policía Nacional y otras entidades públicas, interpuesta por varias personas naturales que sostienen ser desplazados por la situación de violencia que vivió el país en el pasado y que estiman sus pretensiones en $3.018"316.611'942.000, cuyo valor indexado a la fecha equivale a $4.403"025.901'573.797.

ENS: ¿Qué ha pasado con demandas internacionales de alto calado contra entidades estatales, como la anunciada por una multinacional española contra el proceso de liquidación de Electricaribe?

MLZ: En relación con las demandas internacionales de inversión, se han emitido seis laudos arbitrales, que representan ahorros por más de $15 billones. En cinco de estos laudos el tribunal internacional arbitral decidió a favor de Colombia, ordenando adicionalmente una recuperación de recursos a favor del Estado por concepto de costas por $17.500 millones.

Dentro de estas controversias, cuatro fallos favorables fueron en 2021, donde se encuentra el caso de la intervención de Electricaribe, el cual es el arbitraje de inversión más cuantioso y complejo de la historia del Estado colombiano. Así mismo, se encuentran los dos arbitrajes iniciados por la familia Carrizosa en relación con sus acciones en Granahorrar y la controversia iniciada por América Móvil por un contrato de conexión con Comcel.