Por Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de El Nuevo Siglo

Preceptos que se deben tener en cuenta para la entrega de avales a candidatos, como que se haga de forma democrática y que el beneficiado reúna las condiciones morales y de aptitud, no fueron plenamente tenidos en cuenta por los partidos para las elecciones de este año.

Así lo manifestó la procuradora Delegada para Asuntos Electorales, de la Procuraduría General, María Eugenia Carreño. Añadió que son decisiones autónomas de las colectividades, pero se cuestiona la forma como se hizo.  

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene la Procuraduría sobre las elecciones de octubre?

MARÍA EUGENIA CARREÑO: La Procuraduría General de la Nación observó con preocupación la forma como fueron otorgados los avales a los diferentes candidatos. Ello a raíz de las desavenencias, afectos, desafectos que se presentaron al interior de los partidos. Incluso se llegó a comentar de la compra de los avales, y en ese orden lo que se vislumbra es que hubo una desnaturalización de la figura de los avales, que tenía como propósito la escogencia democrática por parte de los partidos de los candidatos que reunieran  las condiciones de aptitud, moral y profesional.

La sociedad observó a través de los medios de comunicación las disputas y animadversiones en dicho proceso de escogencia. Se dejó en el ambiente un espectáculo nocivo para la democracia.

En ese orden, la clase política está llamada a recomponer, está llamada a ganar la confianza de la sociedad a través de unas campañas en las que se expongan las ideas, en las que se presenten proyectos de beneficio para la sociedad y es lo que reclama la sociedad luego del espectáculo bochornoso que observamos en algunos procedimientos de escogencia de los candidatos.

ENS: ¿Cómo conciliar la responsabilidad que tienen los partidos en la entrega de avales con la autonomía de otorgarlos?

MEC: La decisión de entregar los avales es autónoma de los partidos y como lo ha indicado el Consejo Nacional Electoral en los términos que establezcan los estatutos, y esos términos siempre son de darle cabida al debate, darle cabida a decisiones deliberantes, democráticas, y eso fue lo que no se reflejó en la sociedad. Para el ciudadano común y corriente se impuso la ley del más fuerte, se impusieron intereses alejados de los dictados democráticos.

ENS: El Ministerio del Interior y la MOE alertaron por el riesgo de trashumancia en estas elecciones, ¿coincide en ello la Procuraduría?

MEC: Por supuesto puede existir un gran peligro porque al lado de la trashumancia está el trasteo de votos y dentro del trasteo de votos está la compra del voto, y ya sabemos cuáles son los mecanismos o instrumentos que se utilizan para conquistar el voto: la dádiva, la prebenda, la retribución económica. En ese orden hay que combatir la trashumancia, hay que luchar contra esos desplazamientos masivos de electores que no residen en el correspondiente municipio y que desconocen la noción de residencia a la luz del Código Civil y de los conceptos del Consejo Electoral y del Consejo de Estado, consistente en que la residencia es el sitio en donde habitualmente se labora, donde se tiene un establecimiento de comercio que se atiende directamente al público por parte del ciudadano elector. En fin, de lo que se trata es que la expresión del ciudadano se refleje en el sitio en donde habitualmente realiza sus actividades.

Funcionarios

La Procuradora Delegada dijo que el Ministerio Público está vigilante en estos comicios  de que los funcionarios no participen en política. “Teniendo en cuenta que la Ley de Garantías Electorales está vigente, empezó a regir el 25 de junio, hay prohibiciones para los funcionarios públicos como la de no utilizar los recursos del Estado para patrocinar causas políticas, como la de no inaugurar obras en las que se hagan presentes candidatos a cargos de elección popular. Ello porque definitivamente es muy nocivo para el proceso electoral que el gobernante de turno pretenda a través de los recursos del Estado y del municipio orientar la intención de voto libre, legítimas y espontánea que debe tener un ciudadano”.