UNA INDAGACIÓN ordenó abrir la Procuraduría General a funcionarios y particulares por determinar de varias EPS, con el objetivo de verificar posibles irregularidades identificadas en el informe de auditoría de actuación especial de fiscalización para el año 2020 a 24 de estas empresas, emitido por la Contraloría General.

La delegada para la Economía y la Hacienda Pública inició actuaciones disciplinarias para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC) girados por la ADRES en el año 2020.

En el mismo sentido, el Ministerio Público verificará si a las EPS les era aplicable o no el principio de anualidad que rige en materia presupuestal.

Esta actuación disciplinaria busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

La Contraloría General informó el pasado 5 de agosto que identificó hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, y $5.3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en indagación preliminar.

Entre las EPS que fueron objeto de la actualización están Asmet Salud, Capital Salud, Coosalud, Famisanar, Sanitas, SOS, Sura, Nueva EPS y Salud Total.

La Contraloría explicó que adelantó la actuación especial con el objetivo de “analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020; asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y variaciones patrimoniales”.

Entre otros hallazgos del órgano de control en esta actuación dijo que las EPS pagaron servicios de vigencias anteriores al 2020 con los recursos de la UPC por $5.4 billones, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley.

La Contraloría General informó en esa oportunidad que trasladó a la Fiscalía y a la Procuraduría General los hallazgos en esta auditoría especial, que en el caso de este último derivó en la indagación que anunció ayer.

¿Qué han dicho las EPS?

Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, hizo el pasado 14 de agosto observaciones a la auditoría de la Contraloría General a 24 EPS.

Manifestó su disenso frente a la tesis del equipo auditor de la Contraloría General en relación con la aplicación del principio de anualidad presupuestal a la UPC, pues sostuvo Acemi que “no existe ninguna norma jurídica vigente que sustente esta posición”. Agregó que “constitucionalmente, los recursos parafiscales de la salud deben usarse para el pago de servicios y tecnologías en salud, y para asumir los costos administrativos del sistema. El pago de servicios y tecnologías en salud de vigencias anteriores cumple con esta regla constitucional”.

Sostuvo Acemi que “de aplicarse la tesis expuesta por la Contraloría −la anualidad y demás reglas del presupuesto público− se afectará gravemente el flujo de recursos y el pago de deudas en un sistema, cada vez más inviable, entre otras razones por la inacción gubernamental frente a los demostrados problemas de suficiencia”.

Añadió sobre el uso de la UPC en 2020, “es importante hacer la claridad sobre el hecho de que dichos recursos financiaron enteramente el aseguramiento y la atención de la pandemia en ese año. Los recursos extraordinarios a que hace referencia la Contraloría provenientes del FOME, fueron girados en 2021 por valor de 1.8 billones de pesos por concepto de canastas covid, que equivalen a cerca del 2% de los ingresos corrientes del 2021”.