DE FORMA extraoficial se conoció ayer que el informe de la Casa Blanca de Estados Unidos sobre cultivos ilícitos en Colombia no se presentará este año. Se dice que podría ser porque en este momento el fentanilo es la droga que más les preocupa debido a los impactos que está causando en su población, incluso sería por los costos que demanda. La noticia produjo alguna preocupación en el país porque se dejaría de tener una fuente tradicional de información en esta materia, sin embargo, expertos consultados señalaron que el otro estudio que entrega la ONU da tranquilidad, ya que es muy cercano a la realidad debido a la forma técnica como se lleva a cabo.

Desde hace un buen tiempo los dos estudios principales que miden la extensión de los cultivos ilícitos en Colombia son el de la Casa Blanca de Estados Unidos, específicamente de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (Ondcp), y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unpdc).

Desde el año 2015 se dispararon los cultivos ilícitos en el país, atribuido por muchos a que en el marco de la negociación con las Farc uno de los puntos que se trataron era la política antidroga, lo que habría incidido en que se redujera la erradicación forzada. Sumado a ello que el entonces gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la fumigación aérea con glifosato, atendiendo estudios de organizaciones adscritas a la Organización Mundial de Salud (OMS) que alertaban sobre efectos que tendría este herbicida en el cáncer en humanos.

Posteriormente, el presidente Iván Duque quiso reactivar la fumigación aérea a los sembradíos ilícitos, pero, finalmente, no logró activar este programa porque los protocolos que se elaboraron no cumplieron los seis requisitos que fijó la Corte Constitucional en 2017 para que el gobierno utilizará esa técnica, sin poner en peligro la salud humana y el medioambiente.

Actualmente, en el presente gobierno se conoce que el presidente Petro no acudirá a la fumigación aérea con glifosato, pues la descarta por sus eventuales riesgos sobre la salud y el medioambiente y, también, porque no calza en su política antidrogas, que en erradicación privilegia que sea voluntaria, es decir consensuada con el campesino para que transite hacia los cultivos lícitos.

Los últimos informes publicados el año pasado, con fecha de corte a 2021 (ver tablas), son el de la Casa Blanca, el cual refiere la existencia de 234.000 hectáreas de coca, con una leve reducción comparado con el año 2020, cuando fueron 245.000 hectáreas.

Así como, también el estudio Simci de Naciones Unidas, que habla de una disparada de cultivos ilícitos en el año 2021 al llegar a 204.000 hectáreas, cuando en 2020 fueron 143.000 hectáreas.

Sin embargo, un problema que se ha presentado con estos informes son las importantes diferencias que se presentan en sus resultados, que explican porque utilizan metodologías distintas.

A mediados de 2021, el por esos días presidente Duque anunció que tendrían una reunión de alto nivel en Washington con el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer las metodologías para la medición de los cultivos ilícitos.

“Así como los estudios y análisis independientes de Naciones Unidas muestran una reducción –y una reducción importante– en el año 2020, el Gobierno de los Estados Unidos ha registrado en el 2020 un aumento”, dijo Duque. Agregó que en una reunión con la embajada de Estados Unidos y funcionarios de ese país se acordó “unificar cifras y unificar metodologías”.

No obstante, la iniciativa no se materializó y se mantienen las diferencias en los resultados de las mediciones que hacen de cultivos ilícitos en Colombia el Simci de ONU y la Casa Blanca, como se vio en 2022.

Opinan expertos

El exvicefiscal Francisco José Sintura Varela, quien fue delegado por Colombia a la Comisión de Estupefacientes de la ONU, compartió a EL NUEVO SIGLO: “Creo que nuestras autoridades de inteligencia y policial tienen las suficientes fuentes de información y los recursos para arrojar estadísticas que sean precisas para generar políticas públicas en la persecución del sembradío de sustancias psicotrópicas”.

Por ello consideró que la suspensión del informe de la Casa Blanca, “no creo que eso afecte mayormente el tema”.

A su turno Viviana Manrique, ex viceministra del Interior y ex integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dijo a este medio que: “Creo que ahí no hay un cambio sustancial, siempre se tenían los dos informes, pero había diferencias era porque se aplicaban metodologías distintas, se medían períodos diferentes. Pero realmente el informe de fondo, es un informe mucho más elaborado, con más categorías de análisis, es el de Naciones Unidas, el Simci, porque ese es el que mide no solamente el crecimiento de cultivos, sino la producción, la base de coca, la adición geográfica, una distribución poblacional. Incluso da más garantías de análisis que el de Estados Unidos”.

En ese sentido explicó que: “no hay una pérdida porque el de Naciones Unidas es el que da la guía para las actividades de política pública”.

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Una duda que se presenta es que el Congreso de Estados Unidos para la aprobación de recursos de cooperación a Colombia tiene en cuenta el informe sobre cultivos ilícitos de la Casa Blanca. Entonces, ¿en qué se basará si el estudio no se produce este año?

Al respecto, Manrique opinó que: “Ahí tendrían que determinar ellos cuál tomarían, pero no hay otra opción: el único válido e incluso, en el marco de las convenciones de Viena, de las que hacen parte tanto Estados Unidos como Colombia, y los tratados internacionales sobre sustancias ilícitas, está el monitoreo de Naciones Unidas como válido”.

Por su lado, Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, también comunicó a este Diario que: “Hay tres informes: uno que saca el Ministerio de Defensa de Colombia, el que saca Naciones Unidas con el Simci y el del Departamento de Estado de Estados Unidos”.

Dijo que “el Estado colombiano pese a que saca un informe nunca lo coge para crear la política pública, siempre ha utilizado el Simci de Naciones Unidas, y con base en ese es que siempre monta las estrategias de seguridad”.

Concluyó que “el del Ministerio y el de Estados Unidos servían como de respaldo, pero, finalmente, Colombia como Estado acoge el del Simci”.

Mientras que, por su parte, Eduardo Díaz Uribe, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, manifestó a este Medio que: “El único informe que es válido para las autoridades colombianas es el de Naciones Unidas, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y las metodologías que utiliza son a partir de aerofotografías sobre todo el territorio. Entonces es más precisa la evaluación que hace Naciones Unidas”.

Añadió que “Estados Unidos hacía su propia evaluación, eso generaba muchas tensiones, entre otras porque el Estado colombiano y las autoridades estaban en el dilema de a cuál cifra acogerse”.

Explicó Díaz que: “Normalmente el examen que hacía Estados Unidos era muestral, donde no tomaba todo el territorio, sino unas muestras, y con base en eso extrapolaban el resultado. O sea que era una evaluación que no era tan precisa y tan seria como sí lo es la de Naciones Unidas".

Habla el Gobierno

La Embajada de Colombia en Estados Unidos produjo ayer un comunicado, en donde sin referirse a la versión de que la Casa Blanca no presentaría este año el informe sobre cultivos ilícitos, destacó que se mantiene la cooperación de las dos naciones contra los narcóticos.

“Colombia y Estados Unidos son aliados estratégicos en la búsqueda de soluciones al problema de las drogas y hacia la construcción de paz en Colombia. La estrecha colaboración fruto de nuestro trabajo bilateral, basada en la confianza y el mutuo compromiso, es fundamental para lograr este objetivo compartido”.

En tanto que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que: “Es una decisión de la autoridad norteamericana que es neutral. Nosotros tenemos varios índices de medición, uno que lo contratamos anualmente con Naciones Unidas y otro que hace nuestra Policía”.

Por su parte el director de la Policía, general William Salamanca, indicó: “Aquí vale la pena destacar que, en una reciente visita de una delegación de Estados Unidos a Colombia, esta conoció la contundencia, las capacidades y la decisión del Gobierno, las Fuerzas Militares y de Policía, para enfrentar el narcotráfico, haciendo énfasis en la interdicción”.