Una nueva solicitud hizo en días pasados la defensa del expresidente Juan Manuel Santos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, de una vez por todas, cierre el expediente por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña de reelección en 2014.

En 2018 el caso fue archivado por este organismo por caducidad; sin embargo, hace más de nueve meses lo reabrió porque surgió un nuevo testigo, el cual guardó silencio cuando fue citado para declarar y su abogado dijo que las afirmaciones de este se basan en lo que le contaron.

El año anterior, el CNE abrió la indagación preliminar con base en la compulsa de copias de la Fiscalía por un nuevo testimonio que se conoció del testigo Andrés Sanmiguel, quien habría dicho que ingresaron más de $3.000 millones a la campaña que provenían de Odebrecht.

Sanmiguel Castaño, representante de Gistic Logistic Soluciones Integrales, dijo el año pasado a la Fiscalía que a su empresa le consignaron $3.894 millones por un contrato ficticio, pero que el destino real era supuestamente la campaña de Santos.

Añadió el empresario que esta plata “fue para la segunda vuelta, estábamos en la segunda vuelta, a mí me hicieron correr como loco para sacar esa plata, aquí tengo copias de todo lo de cheques y los movimientos”.

Entonces, el Consejo Electoral designó una comisión de tres magistrados para establecer si con el testimonio de Sanmiguel hay mérito para abrir una segunda investigación a la campaña de Santos en 2014, integrada por Renato Contreras, Doris Méndez y Luis Guillermo Pérez.

Desde entonces, dicha comisión ha realizado una serie de pruebas, como fue la citación al expresidente Santos a declarar, quien el pasado 11 de diciembre acudió al CNE. Aseguró que no autorizó ni tuvo conocimiento que entraran dineros de la multinacional  brasileña a su campaña en 2014.

“Queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada”, señaló entonces el expresidente.