De manera oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó con el proceso de citaciones a los involucrados dentro de la investigación que abrió, el 8 de octubre, a la Campaña Petro Presidente por una presunta financiación ilegal.

Como se sabe, el CNE afirmó que hubo aportes y pagos de la misión que no fueron reportados, muchos de ellos a los testigos electorales que trabajaron con el ahora partido de gobierno.

Ayer se reconoció la resolución 05175, en la que el CNE hace oficial el pliego de cargos por la violación de los topes electorales en 5.300 millones de pesos y en la que se abre indagación al presidente Gustavo Petro, en aquel momento en calidad de candidato, y a Ricardo Roa, jefe de la campaña, pero que hoy ejerce como gerente de Ecopetrol.

Tras conocer el documento, el mandatario se pronunció a través de su cuenta de X señalando que los funcionarios firmantes “rompen por completo el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad”. Asimismo, Petro señala a los magistrados del CNE de incurrir en “delito de prevaricato por acción con dolo”. Finalmente, su tuit lo sella señalando, una vez más, un “golpe de Estado”.

El folio, que consta de 339 páginas y 21 artículos, recoge las pruebas presentadas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes argumentan por lo menos 12 hechos destacados en los que la campaña habría infringido las normas electorales. Asimismo, en este documento dan respuesta a las formulaciones de la defensa de Petro, y al propio presidente, que buscan anular o controvertir la actuación del órgano.

Dentro de los nombres propios a la investigación están el del presidente, su gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera Lucy Aydeé Mogollón Alfonso; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus en calidad de auditores de campaña; y a los partidos Pacto Histórico y Unión Patriótica (UP) por la “presunta violación al régimen de financiación de las campañas electorales”, cita el documento.

Los magistrados encargados de entregar las acusaciones contra la campaña señalan que tras la queja instaurada en el ente con el radicado CNE-E-DG-2023-002164, se pedía la apertura de investigación tras los casos de corrupción en los que se señaló a Jonathan Ramírez, en su momento abogado del movimiento electoral Pacto Histórico en 2022, y a Ricardo Roa, por la violación de los topes electorales a través de cuentas no autorizadas por el CNE.

En el mismo documento se hace referencia a la omisión de registro de una donación hecha por Fecode en 2022, presuntamente durante la primera vuelta de campaña electoral. Allí se citan 500 millones de pesos que no se reportaron en la contabilidad, pero que, según las pruebas, sí habrían entrado en la campaña mediante un cheque al representante legal de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, para finalmente ser utilizados dentro del compromiso electivo.

Un caso similar pasa con un presunto préstamo realizado por el partido Polo Democrático que finalmente no se reportó y que habría generado un colchón de ingresos para la campaña de 367 millones de pesos. Igualmente, en el reporte se advierte de una diferencia reportada entre el pago a testigos electorales y la propia cantidad de los mismos, lo que sigue generando un hueco en la contabilidad de la campaña.

Los magistrados también advierten de numerosas facturas anuladas a lo largo del proceso, inconsistencias en pagos, ingresos y donaciones para el mismo. Finalmente, la resolución sentencia que el presidente Petro y los implicados en el caso tienen un plazo de quince días para hacer presencia en el CNE y con ello puedan conocer la decisión adoptada. De no cumplir con este ordenamiento, el ente deberá notificar de manera correspondiente a cada uno de los investigados.

Si los indagados llegan a ser hallados culpables, se verían obligados a pagar algo más de 3.709 millones de pesos. Asimismo, para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica la multa ascendería a un monto entre los 18,4 y los 184,9 millones de pesos.