ESTA SEMANA sería radicada en la sala plena del Consejo Nacional Electoral la ponencia en que se pide presentar pliego de cargos contra el jefe de Estado y los principales directivos de la campaña en 2022 por la presunta violación por más de $6.000 millones de los topes autorizados. Aunque hay que esperar si es acogido el informe, cabe decir que es hasta el momento la primera de las investigaciones en curso, y que también en la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara, se está a la espera en qué se determine si hubo irregularidades.

Según lo que extraoficialmente se ha conocido, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada tienen lista la ponencia de esta investigación que el Consejo Electoral abrió hace 13 meses, después de que Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo del presidente, dijo a medios que su entonces compañero sentimental recibió más de $1.000 millones de aportantes a la campaña, algunos de oscuro pasado, pero que finalmente ellos se quedaron con la mayoría de esos recursos para inversiones y gastos personales.

Dichos magistrados han realizado una serie de pruebas en este tiempo, como citar a declarar a Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña de Petro en 2022 y actual presidente de Ecopetrol; María Lucy Soto, quien fue la auditora de la campaña y a Laura Sarabia, hoy directora del Dapre.

Roa y Soto declararon que se siguieron los procedimientos de ley, tanto para recibir las donaciones como en el reporte al Consejo Electoral de los ingresos y gastos. Mientras Sarabia señaló que no cumplió funciones administrativas en la campaña y, por ello, no tuvo conocimiento en esa materia.

Sin embargo, las evidencias que tiene el Consejo Electoral indican que la campaña sobrepasó en más de $6.000 millones el tope que estableció para la segunda vuelta, que fue de $13.000 millones, ingresos y gastos que no habría reportado.

Entre las pruebas está el pago a cerca de 60.000 testigos electorales del Pacto Histórico en todo el país para la votación de segunda vuelta, que no fue reportado. Una de las empresas por medio de la cual se hizo este pago envió al Consejo Electoral un reporte en donde se evidencia que cada persona recibió por transferencia $60.000.

También están soportes de la aprobación que hizo la USO, el sindicato de los trabajadores petroleros, de un aporte de $600 millones a la campaña, que habrían sido empleados el día de las elecciones en segunda vuelta en transporte y alimentación de simpatizantes y colaboradores.

Otra de las pruebas es un cheque por $500 millones que donó Fecode, el sindicato de los maestros al servicio del Estado, al Partido Colombia Humana, pero que finalmente habrían recalado en la campaña.

Así mismo, el organismo electoral tiene documentación por el pago de vuelos a diferentes regiones que hicieron integrantes de la campaña, entre ellos Gustavo Petro y la hoy vicepresidenta Francia Márquez, gastos que no habrían sido plenamente reportados.

Vale señalar que el abogado Julio Ortiz renunció el pasado viernes a seguir representando al presidente Petro en la investigación que lleva a cabo el Consejo Electoral. Esta decisión se produce justo antes de que sea radicada la ponencia ante la sala plena, en la que se pediría elevar pliego de cargos al jefe de Estado; al entonces gerente de la misma Ricardo Roa y a María Soto, quien fue la auditora.

En la Fiscalía

El ente investigador informó el pasado jueves que hay seis indagaciones a la campaña Petro en 2022 por supuestas irregularidades en la financiación, así como a la del Pacto Histórico al Congreso en ese mismo año.

Entre otros están indiciados la vicepresidenta Francia Márquez; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien fue el gerente de la campaña del Pacto Histórico al Congreso; y Armando Benedetti, actual embajador ante la FAO.

El coordinador de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, dijo que se “investigan presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Elena Márquez”.

Agregó que “estamos realizando las investigaciones y en su momento definiremos si se requiere una imputación, si se le solicita medida de aseguramiento, pero ahorita, inminente, que haya una formulación de imputación, no la hay. Se está recaudando elementos, se están escuchando personas”.

El pasado 9 de junio, la Fiscalía abrió investigación a la campaña por las afirmaciones del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien en audios de WhatsApp enviados a la que por esos días era jefa de gabinete, Laura Sarabia, expresó que todos irían presos si revelaba cómo consiguió $15.000 millones en la costa norte para financiar la campaña.

Además, la Fiscalía indaga si los aportes de Fecode por $500 millones y de la USO por $600 millones ingresaron o no a la campaña; al igual que otros recursos de particulares, como $600 millones de Santander Lopesierra, conocido como El hombre ‘Malboro’, Alfonso El ‘Turco’ Hilsaca por $400 millones, y del empresario Euclides Torres.

Nicolás Petro manifestó a la Fiscalía en una declaración que su padre estaba enterado durante la campaña de que algunas de estas personas aportaron dinero. Sin embargo, después el joven renunció a seguir colaborando asegurando que fue supuestamente presionado por este organismo.

También la Fiscalía tiene la declaración de Omar Hernández, quien fue capturado e imputado por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros por medio de la criptomoneda Daily Cop.

En el marco de un acuerdo de colaboración, Hernández sostuvo ante la Fiscalía que presenció en febrero de 2022 que Juan Benavides, dueño de la citada criptomoneda, se reunió con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, en donde se habría acordado poner a disposición una aeronave para algunos desplazamientos del entonces candidato Petro.

Según Caracol Radio en la matriz de colaboración que ofreció la defensa de Hernández, en el punto 6 se compromete a servir de testigo directo sobre cómo “con la empresa SADI SAS, empresa de aviación, a través del testaferro Carlos Restrepo, fue comprada y puesta al servicio de la campaña presidencial, con el dinero de la captación de la empresa Daily, por un valor acordado de más de ($1.000.000) USD, el valor de apoyo económico fue por este valor. El acuerdo se dio entre el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña”.

En la Comisión de Acusación

Tras varios aplazamientos, el pasado jueves Ricardo Roa y el empresario Euclides Torres declararon ante la Comisión de Acusación de la Cámara. Mientras que el primero se reafirmó en que la campaña se manejó dentro de los términos que establece la ley; el segundo dijo que no entregó dinero, sino que aportó recursos para algunos eventos que se realizaron en la costa Norte.

“Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato”, aseguró Torres.

Una de las denuncias que llegó a la Comisión de Acusación sostiene que el Gobierno supuestamente ha entregado a Torres contratos por más de $180.000 millones en el sector de las energías renovables.

Tras las declaraciones de Armando Benedetti el año pasado, se radicaron ante la Comisión de Acusación varias denuncias, como la del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del senador Miguel Uribe, pidiendo investigar al presidente Petro por la presunta financiación irregular de su campaña.

Hay quejas de la oposición por la lentitud como avanzan las investigaciones al presidente Petro en esta célula legislativa. Los representantes investigadores en el caso de la campaña (Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo) citaron a declarar a los parlamentarios del Pacto Histórico Agmeth Escaf y Pedro Flórez, quienes fueron nombrados por Nicolás Petro como intermediarios entre la campaña y empresarios como Euclides Torres y Christian Daes.

Caso Nicolás Petro

Nicolás Petro fue acusado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y se está a la espera que la etapa de juicio comience tras varios recursos que ha presentado el joven, pero que le han sido negados, como la nulidad del proceso y el cambio del fiscal del caso Mario Burgos.

Así mismo, Petro Burgos afronta un proceso disciplinario en la Procuraduría.

Mientras que Day Vásquez en febrero pasado logró un principio de oportunidad, ya avalado por el juez, que le garantiza inmunidad por dos años por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.