LAS REFORMAS que presentó el Gobierno de salud, laboral y pensional no han avanzado como esperaba en el presente periodo legislativo. Esta sería una de las razones para que dejara de radicar una serie de proyectos que meses antes anunció, como la reforma a la Ley de Servicios Públicos, al Código Minero y el de sometimiento a la justicia, entre otros.

En el caso de la reforma a la Ley de Servicios Públicos, el presidente Petro busca herramientas para racionalizar las tarifas, especialmente de energía.

A finales de septiembre pasado, el presidente Petro dijo en medio de las marchas de algunos sectores a favor de su gobierno, que “vamos a presentar la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes hoy vigentes pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Los usuarios no tienen derechos ante el servicio”.

Agregó que “creemos que el servicio público debe tener en su centro al usuario que debe tener instrumentos para incidir en las políticas de las tarifas”.

El mandatario anunció que uno de los elementos esenciales en esta reforma es un “mínimo vital” en los servicios de gas, agua e internet para personas de pocos ingresos. 

Tampoco llegó la ley de humanización carcelaria, como lo anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, luego de que se hundiera el proyecto en la pasada legislatura por falta de trámite.

En junio pasado, el ministro sostuvo que “el texto lo volveremos a presentar el 20 de julio con ese enriquecimiento que tuvo gracias a las discusiones que hemos tenido”.

Osuna explicó que el proyecto de ley busca reactivar la resocialización, y que en ese esfuerzo se proponen mecanismos cuyo objetivo es que todas las personas privadas de la libertad estén trabajando o estudiando. “También hay una apuesta por la justicia restaurativa con el fin de que la reparación integral a la víctima sea causal de la terminación del proceso penal”, dijo.

Tampoco fue radicado en el periodo legislativo que está por terminar el proyecto de sometimiento de los grupos multicrimen a la justicia, el cual se hundió en la pasada legislatura en medio de las advertencias del fiscal general, Francisco Barbosa, sobre aspectos fundamentales del articulado que beneficiarían a narcotraficantes.

Esta ley es necesaria para que el Gobierno tenga el piso jurídico en las negociaciones que espera alcanzar con grupos como el ‘Clan de Golfo’ para su sometimiento a la justicia, como lo tiene previsto en la política de paz.

El pasado 21 de junio, luego de que finalizara el segundo periodo de la primera legislatura, el ministro Néstor Osuna dijo que el proyecto de ley de sometimiento de los grupos multicrimen a la justicia sería radicado nuevamente.

“Las sesiones ordinarias terminaron, pero el Congreso sigue, el Gobierno sigue, entonces aquellos proyectos que son prioritarios para el Gobierno del cambio los volveremos a presentar”, sostuvo.

Añadió que “el proyecto está hecho para que se sometan a la justicia estructuras completas, sí una persona quiere someterse a la justicia esas leyes ya están vigentes”.

Reforma de educación

Otro proyecto que, finalmente, no llegó este año al Legislativo por parte del Gobierno es el que busca reformar de manera integral la Ley 30 de 1992 de educación.

Con este proyecto se busca fortalecer el acceso a la educación superior, el financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales y el bienestar educativo, entre otros, con el fin de garantizar este derecho fundamental.

Tampoco el Gobierno nacional presentó la reforma al Código Minero, que anunció el presidente Petro en enero pasado.

“Nosotros vamos a presentar un proyecto para cambiar el Código Minero, y hemos citado a una convención nacional de pequeños mineros de Colombia para que formulen sus propuestas, porque queremos que vuelva un Estado amigo del pequeño minero, la pequeña minera, y podamos caminar por un sendero donde las cosas puedan ser más sostenibles”, dijo el primer mandatario.