La reforma pensional fue aprobada ayer en la plenaria de la Cámara y pasa a sanción presidencial, sin que se tuvieran en cuenta las advertencias de Asofondos, que agrupa a los fondos privados; ANIF, el Consejo Gremial y el centro de investigación Fedesarrollo, quienes manifestaron temores sobre la sostenibilidad del sistema, así como advirtieron que la misma no resuelve los problemas estructurales. También se habían pronunciado la Procuraduría y la Contraloría.

Asofondos, por intermedio de su presidente, Santiago Montenegro, dijo que “creemos que el problema de fondo de este proyecto es que no incorpora los efectos de la transición demográfica que se está dando en el mundo y se está dando aceleradamente en nuestro país”.

Advirtió también en declaraciones a Colprensa que la reforma “no es sostenible, obliga al 88 % de los trabajadores a cotizar exclusivamente en la administradora estatal, Colpensiones. Por cada 100 pesos que reciba, Colpensiones solo va a ahorrar 22. Esto no es suficiente para pagar las pensiones de los jóvenes. Y, debido a que en Colombia cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, el sistema es insostenible”.

Recordó Asofondos que el propio Gobierno ha sostenido que el fondo de ahorro público que contempla el proyecto de reforma es insostenible en el largo plazo; y, en recientes declaraciones, en rueda de prensa, la ministra de Trabajo reconoció que, dada la transición demográfica, habrá que hacer una nueva reforma dentro de 15 años. 

“Estas declaraciones del Gobierno corroboran los argumentos de Asofondos y de otros académicos de que esta reforma no resuelve los problemas estructurales del sistema pensional y que perjudica, no solo a los jóvenes de hoy, sino a las futuras generaciones”, dijo Asofondos.

En relación con la reducción del umbral de aportes de 3 SML a 2,3 SML, este gremio conceptuó que es insuficiente y va a lesionar el ahorro de los trabajadores, pues todos (salvo quienes estén en transición) serán obligados a cotizar al fondo público. Con esta reforma la mayoría de los afiliados, un 82 %, perderá las excelentes rentabilidades que hoy gozan con su ahorro en los fondos de pensiones, lo que representa un duro golpe en su etapa de vejez. Además, este cambio no subsana los problemas de sostenibilidad que tiene la reforma propuesta.

La ANDI

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) envió a la Cámara un documento 'ad portas' del cuarto debate de la reforma pensional, en donde dice que es positivo que elimina la competencia entre los dos regímenes pensionales, la forma en que se estructura en pilares, el ajuste en el subsidio que reciben las pensiones altas, la generación de mayor equidad al fortalecer el sistema de solidaridad aumentando lo que reciben los adultos mayores en el pilar solidario y en el semicontributivo.

No obstante, hace notar que “la reforma no cuenta con una medición adecuada de su impacto sobre la sostenibilidad fiscal y el mercado de capitales, no considera los cambios demográficos y no permite la libertad de decisión de las personas sobre quién maneja su ahorro”. 

Dice también la ANDI que “consideramos que la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones bajo la modalidad de prima media debe reducirse". Propone que el límite sea por un salario mínimo mensual. Advirtió que “el mayor impacto se daría sobre la situación fiscal del país. La carga fiscal adicional que habría que asumir en el año 2070 se traduciría en un deterioro del déficit pensional, que pasaría del 2,2 % del PIB en el escenario básico sin reforma a 5,5 % del PIB”.

Fedesarrollo 

Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la reforma pensional aumenta la cobertura del sistema de protección en la vejez a través del pilar solidario, elimina el arbitraje entre el régimen público y el privado, y disminuye sustancialmente los subsidios en el régimen público, que hoy se otorgan hasta 25 salarios mínimos mensuales.

A pesar de ello, Mejía insistió en la necesidad de reducir el umbral del componente público de 2,3 a 1,5 salarios mínimos, lo cual permitiría mejorar la sostenibilidad fiscal de la reforma, especialmente en el contexto de una transición demográfica acelerada que hace que los sistemas de reparto, como el de Colpensiones, sean cada vez menos sostenibles.

Consejo Gremial

El presidente del Consejo Gremial y de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo que “la Cámara decidió declararse inocua e irrelevante y considera que lo que diga el Senado es suficiente para aprobar la reforma al sistema pensional. ¿Renunciamos al sistema bicameral entonces?”.

Agregó Mac Master que "más de 80 representantes a la Cámara se declaran incapaces de debatir la reforma pensional".

El directivo se refirió con esto a la polémica que produjo el hecho de que la plenaria de Cámara decidió acogerse al texto aprobado en Senado, luego de que había discutido apenas cinco artículos de la ponencia 

Comité de Regla Fiscal 

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó en días pasados una actualización de su documento técnico sobre el impacto de la reforma en las finanzas públicas.

Si bien destaca que con la iniciativa se reducen los subsidios de la Nación a las altas pensiones, se elimina el arbitraje que hoy existe entre los regímenes público y privado, así como aumenta la cobertura del régimen contributivo, el umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales aumenta  las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones, del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % del PIB en el año 2065.

“Debido a las mayores necesidades, y en vista de que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro, la Nación le deberá hacer una transferencia anual mayor en alrededor de 2,5 % del PIB a Colpensiones (pasa de 1,3 % del PIB en 2025 a 3,8 % del PIB en 2063)”, dice el organismo en el documento.

Agrega que “si se limita el umbral que va a Colpensiones a un salario mínimo, el acervo de ahorro nacional aumentaría en cerca de 17,1 puntos porcentuales del PIB frente al escenario actual”. Insiste el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que “entre menor sea el umbral, aumenta el ahorro nacional en el largo plazo, se limita el subsidio del régimen público a ese mismo nivel y se aumenta el carácter distributivo de la reforma”.

Además, llama la atención porque “la reforma no modifica los regímenes especiales y exceptuados, que representan una carga financiera para la Nación: en 2023 se destinaron cerca de $26,8 billones (1,7 % del PIB) del Presupuesto General de la Nación para cubrir las necesidades de estos”.

Órganos de control

La  Procuraduría dijo antes del último debate de la reforma, en una misiva a la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, que “las cifras que se conocen de Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la entidad, evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas”.

Subrayó la Procuraduría que “es necesario que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, datos que además se deberán tener en cuenta en el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y largo plazo”.

Puntualizó que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones.

Por su parte el contralor general (e), Carlos Zuluaga, advirtió hace unas semanas que “una de las grandes limitaciones de la reforma pensional es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados, los cuales se llevan una importante asignación presupuestal equivalente al 39,3 % del total de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinados a pensiones. Es decir, que de cada $100, se destinan $40 a este tipo de regímenes, cubriendo el 17 % de los pensionados del país”.

Agregó que la principal apuesta para ampliar la cobertura pensional es la creación de un pilar solidario. Sin embargo, subrayó la Contraloría “que la cobertura pensional requiere, por definición, una contribución previa, que es necesario promover a través políticas de empleo, puesto que el simple otorgamiento de subsidios no abordaría verdaderamente la falta de cobertura pensional en la población mayor”.

Algunos de los aspectos claves de la reforma son:

 Umbral de cotización

Todos los trabajadores que devenguen hasta 2,3 salarios mínimos mensuales cotizarán en Colpensiones. Si ganan más, el excedente podrán llevarlo a un fondo privado.

Pilares

Se introduce el sistema de pilares, el cual queda constituido por: el semicontributivo, en el que estarán las personas afiliadas al sistema que en el momento de cumplir la edad para pensionarse no completen los requisitos para la pensión.

El pilar contributivo, que está conformado por las personas con capacidad de pagar la cotización. La mayoría de los cuales quedarán en Colpensiones por el Régimen de Prima Media; y al menos 2 millones en el componente del ahorro individual en los fondos privados.

Y el pilar solidario, que beneficiará con una renta básica de $223 mil mensuales a cerca de 3 millones de personas de pobreza extrema que no tienen posibilidad de una pensión.

Semanas de cotización

En el régimen contributivo, para las mujeres las semanas de cotización se reducirán en 25 semanas desde 2025 para llegar a 1.000 semanas en 2036, atendiendo un reciente fallo de la Corte Constitucional. 

Igualmente, en el pilar contributivo las mujeres verán descontadas de las semanas requeridas para pensionarse, 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo. Este número podría llegar hasta un mínimo de 850 semanas en un máximo de tres años.

Competencia entre regímenes

La reforma resuelve el problema que existe de competencia entre los dos regímenes pensionales: el de prima media en cabeza de Colpensiones y el de ahorro individual en los fondos privados.

Subsidios altas pensiones

Pone punto final al problema de los subsidios a las altas pensiones en el sistema público (Colpensiones), al limitar el subsidio para todos los que cotizan sobre más de 2,3 salarios mínimos mensuales.