A TRAVÉS de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría General ordenó abrir dos procesos de responsabilidad fiscal en contra de funcionarios y coordinadores del Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de Víctimas.
El inicio de estos procesos se debe a que se estableció la existencia de daño patrimonial ocasionado al Ministerio de Hacienda, uno por $ 15.284 millones y otro por $ 872.427.331.
“Estas aperturas de proceso se generan por las presuntas irregularidades encontradas en la administración y monetización de los bienes entregados por los desmovilizados de los grupos armados, dentro del marco de la ley de Justicia y Paz, a través de los cuales se generan los dineros para el pago de las reparaciones integrales reconocidas mediante sentencia judicial, a todas las víctimas del conflicto armado en el país”, estableció el ente de control fiscal.
Mencionó que “entre las presuntas irregularidades en la administración y monetización de los bienes entregados al Fondo de Reparación de Víctimas están el no cobro de los cánones de arriendo, permitir por descuido el deterioro de los bienes hasta llevarlos a ruina o amenaza de ruina”.
La Contraloría también destacó que está entre las irregularidades “efectuar la venta de bienes por debajo de los precios del mercado, por una indebida administración y producción de los bienes destinados a las actividades agrícolas y forestales, y por mantener bienes en el paso del tiempo, sin ningún sistema de administración, entre otros”.
Respuesta
Por su parte, la Unidad para las Víctimas, en respuesta al boletín emitido por la Contraloría General, afirmó que “lo anterior obedece a la denuncia presentada por la Unidad para las Víctimas el 28 de octubre de 2022, mediante un oficio en el que solicitó la intervención y actuación especial de fiscalización del ente de control para investigar el manejo de los bienes del Fondo”.
Destacó que, en la respectiva denuncia, el órgano comunicó presuntas irregularidades relacionadas con el pago de cánones de arrendamiento, ocupaciones sin el lleno de requisitos, deterioro o falta de mantenimiento de los bienes, entre otras situaciones que afectan los recursos de las víctimas.
“La Contraloría dio respuesta a esta solicitud el 17 de noviembre de 2022, informando que los hechos se declaraban de Impacto Nacional y que serían investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción”, manifestó.
Asimismo, mencionó que la Unidad para las Víctimas ratifica su compromiso por las víctimas y por la correcta administración de los bienes del Fondo. “Se destaca este hecho como el resultado de una de las primeras acciones de esta administración y del Gobierno en su lucha contra la corrupción y el impulso por la transparencia en la gestión pública”.
Entrega de bienes
El 29 de diciembre del año pasado, La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, culminó la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, en 2023.
Por lo tanto, entre octubre y diciembre fueron puestos a disposición 161 inmuebles, que ascienden en valor a 499.107 millones de pesos.
“Se trata de predios ubicados en Bogotá y algunos municipios de Antioquia y Córdoba, que tendrían relación con diversas estructuras paramilitares como la denominada ‘Casa Castaño’, y los bloques Elmer Cárdenas, Mineros, Nordeste Antioqueño y Cacique Nutibara, entre otros”, indicó el ente investigador.
También dijo que entre los bienes afectados están la Hacienda Virgen del Cobre, conformada por 31 bienes rurales en Necoclí (Antioquia). “Este bloque de terreno haría parte del patrimonio ilícito de José Antonio Ocampo Obando, alias ‘Pelusa’, presunto financiador del Bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tiene un valor estimado de 219.500 millones de pesos”, destacó la Fiscalía.