UN PREOCUPANTE balance de la seguridad y la afectación a los derechos humanos en Colombia por la acción de los grupos armados, presentaron en el quincuagésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corporación Defensoría Militar (Codem); la Corporación Militares Víctimas del Conflicto (MilVíctimas) y la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore).
En una declaración conjunta indicaron que “observamos con preocupación la persistencia de hechos de violencia en el territorio nacional, atribuibles a los diversos grupos armados de carácter ilegal que amenazan y atacan constantemente a la población civil, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a la institucionalidad del Estado colombiano”.
Añadieron las tres asociaciones que, a la criminalidad en el marco de su enfrentamiento armado ilegal en contra del Estado, “debe aunarse su relación con la delincuencia organizada asociada al delito del narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal, la extorsión, los secuestros, entre otros”.
Enfatizaron que en un contexto de multicrimen, de confluencia de fenómenos de delincuencia en el territorio, “se adelantan procesos de diálogo con algunas estructuras armadas ilegales por parte del Gobierno nacional. En este aspecto, y sin perjuicio de las consecuencias que puedan darse en materia de fortalecimiento de capacidades de los ilegales, aumento en el control territorial, la afectación a la misión constitucional de sus Fuerzas Armadas y por qué no hasta una desprotección de la población civil, entre otros, se observa con preocupación la ausencia de líneas rojas como el rechazo del secuestro”.
Por ello pidieron a la OEA rechazar las acciones de terrorismo que ejercen las estructuras armadas ilegales en contra de la población civil, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad, “exigiendo al Gobierno colombiano el uso de todas las capacidades de las fuerzas de seguridad para prevenir y combatir las amenazas terroristas en Colombia”.
Además, solicitaron establecer una posición “clara y firme, de forzosa aceptación, que impida la comisión del secuestro por parte de las estructuras armadas ilegales en Colombia, sobre todo en aquellas que se encuentran adelantando procesos de diálogos de paz”.
Así mismo, Codem, MilVíctimas y Acore urgieron a la OEA recomendar al Estado colombiano la búsqueda de medidas de no repetición que se pactaron en el Acuerdo de Paz suscrito en el año 2016 y que hoy se infringen con la comisión de ataques en contra de la población civil.
Al igual que solicitaron al organismo continental “promover una declaración a favor de la lucha contra la impunidad de aquellos graves crímenes producidos después del 1 de diciembre de 2016 por parte de los grupos armados organizados y las organizaciones multicrimen en Colombia”.