EN UN acto de celebración por los 33 años de labores de la Corte Constitucional su presidente, magistrado Jorge Ibáñez Najar, destacó que los fallos sobre la exequibilidad o no de leyes y reformas constitucionales, así como otras sentencias y autos que adopta en materia de derechos ciudadanos, no son contrarios a la voluntad popular, como en ciertos casos algunos han señalado.
“Algunos tratadistas sostienen que existe una contradicción inherente entre la voluntad popular y las decisiones de constitucionalidad. Sin embargo, esta perspectiva ignora que las constituciones democráticas son el resultado de procesos deliberativos en los que la ciudadanía ejerce su poder supremo, el poder constituyente, para establecer las reglas fundamentales que rigen el derecho y la política”, explicó el presidente de la Corte.
Añadió que estas normas constitucionales son interpretadas y aplicadas por la Corte y su interpretación se complementa para materializar lo dispuesto por el pueblo en su norma fundamental. “En otras palabras, la labor de la Corte Constitucional no es otra que garantizar el cumplimiento de la voluntad popular plasmada en la Constitución. Su existencia asegura el respeto a la norma suprema y, por lo tanto, a la voluntad del pueblo soberano”, destacó Ibáñez.
Por ello, dijo el presidente de la Corte, “resulta irreal afirmar que existe una contradicción entre la voluntad popular y las decisiones de la Corte Constitucional. Lejos de oponerse, estas decisiones no hacen más que reafirmar la voluntad del pueblo, plasmada en la Constitución a través del ejercicio del poder constituyente. Así, la Corte no actúa como un órgano que limita la soberanía popular, sino como una institución que la protege y garantiza su aplicación efectiva en el orden jurídico. No es casualidad que la Corte Constitucional administre justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política”.
Además, expresó el magistrado Ibáñez Najar, el papel de la Corte Constitucional es esencial porque asegura un resultado jurídico razonable, al establecer los límites dentro de los cuales se pueden desarrollar las normas de menor jerarquía. “De este modo, se evita que la interpretación de la Constitución quede al arbitrio del poder político de turno, garantizando estabilidad y coherencia en la aplicación de la norma suprema”, dijo.
Enfatizó que contar en Colombia con una Corte Constitucional robusta, autónoma e independiente es vital para la efectiva garantía del orden constitucional y del Estado Social y Democrático de Derecho.
Añadió que “en su vigencia, esta Corporación ha sido un actor clave en la protección de los derechos fundamentales de la población, y su jurisprudencia ha sido un instrumento de transformación social, así como un puente entre las normas y la justicia material. Con ello, ha impulsado que las políticas públicas creadas y dirigidas por las autoridades competentes se encuentren acorde y respondan a los principios y mandatos constitucionales”.
28.000 sentencias
Durante los 33 años de funcionamiento de la Corte Constitucional, que fue creada por la Asamblea Constituyente del año 91, ha expedido más de 28.000 sentencias.
“A través de las 28.681 sentencias proferidas en estos 33 años, la Corte ha orientado el ejercicio responsable de las funciones públicas para que respondan a las exigencias superiores, a la guarda del Estado Social y Democrático de derecho, pero sobre todo a la garantía de los derechos de todas las personas”, indicó el magistrado Ibáñez.
Agregó que en este periodo, la Corte ha sido clave para visibilizar aquellos escenarios de masivas violaciones a los derechos derivados de bloqueos institucionales, para con ello promover e impulsar cambios en el funcionamiento del Estado que permitan que quienes han sido históricamente discriminados o se encuentran en una situación de desamparo o vulnerabilidad puedan ver materializada la justicia.