Human Rights Watch (HRW) le envió una carta al presidente Gustavo Petro, a propósito del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

En la misiva, le dicen que Colombia debe priorizar obtener compromisos concretos de las autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese más asistencia humanitaria; restablecer el Estado de derecho; terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Ejército de Liberación Nacional (Eln); y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países.  

En un aparte de la carta, HRW asegura: “Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela, en particular, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de cara a las elecciones programadas para 2024”.

Sobre esta situación, EL NUEVO SIGLO consultó con analistas sobre lo que debería hacer el Gobierno respecto a la petición del organismo internacional.

Reacciones a la carta

El excanciller Rodrigo Pardo le dijo a este Diario que interpreta la carta como una preocupación por lo que ha significado hasta ahora el mal momento de las relaciones entre los dos países y cómo eso afecta a mucha gente, incluso de terceras naciones, pero fundamentalmente de Colombia y Venezuela.

Y ahora, con el restablecimiento de las relaciones, existe la posibilidad de reconstruir algunos de los mecanismos de cooperación que han venido en desuso en los últimos años. "Yo veo que se debe tener en cuenta la población fronteriza entre los dos países, que es de las más grandes del mundo en términos de población. Colombia va a abstenerse en las instancias internacionales contra Venezuela. No me extrañaría que el gobierno Petro estudie esa posibilidad, porque Colombia y Venezuela están en un momento de reconstrucción de unas relaciones que no son fáciles, pero que son muy importantes para ambos países. Más en el caso de Colombia, donde además hay un cambio de Gobierno y quieren mostrar una visión distinta, y quieren buscar una aproximación para lograr resultados distintos a los que se lograron en el pasado".

Del mismo modo, la consultora e investigadora en áreas relacionadas con Derechos Humanos, especialmente Venezuela, Nastassja Rojas, le dijo a este Medio que "el país debe restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela; la necesita para cualquier tipo de proceso que vaya a hacer con el Eln, pero al mismo tiempo la presencia de la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, es un riesgo para la misma democracia en Colombia".

Precisó la consultora que "por eso el gobierno de Petro se ha fijado sobre todo es en la población y no específicamente sobre Maduro, pero sabemos que las relaciones diplomáticas finalmente se hacen entre los gobiernos. Y Venezuela no es un socio estable ni en términos comerciales ni políticos".  

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Las peticiones

En la misiva HRW detalla las recomendaciones centrales para el gobierno de Colombia en su nueva relación con Venezuela. Se destacan cuatro puntos.

Promover avances para los derechos humanos en Venezuela

De acuerdo con la carta, “las autoridades venezolanas siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, que incluyen el hostigamiento y el procesamiento arbitrario de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La organización venezolana Foro Penal ha contabilizado que, a la fecha, hay 245 presos políticos. Muchos detenidos han sufrido torturas gravísimas, tales como descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y violencia sexual”.

También señala que el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela no es un motivo para guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en el país. “De hecho, el restablecimiento total y funcional de las relaciones diplomáticas y consulares, incluido cualquier tipo de cooperación militar, requiere que los gobiernos colombiano y venezolano adopten medidas progresivas”.

“En este sentido, consideramos positivos los reportes sobre que su gobierno le habría pedido a Nicolás Maduro que vuelva a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo llamamos a hacer esfuerzos más contundentes para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos”, agrega la carta.

“También nos preocupan las declaraciones de su gobierno acerca de que está evaluando la posibilidad de retirar la remisión de Colombia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela”, señala HRW.

Facilitar negociaciones genuinas para restablecer el Estado de derecho

“Las conversaciones con el gobierno de Maduro que fueron propiciadas por la reapertura de las fronteras y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ponen a su gobierno en una posición única para impulsar una negociación real entre el gobierno de Maduro y líderes de la oposición venezolana. Colombia tiene la oportunidad de desempeñar un papel positivo y proactivo para que estas negociaciones incorporen compromisos claros para restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela, lo que incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y permitir que ingrese al país ayuda humanitaria apolítica”, destaca la misiva.

“Dado que en el pasado las autoridades venezolanas no han hecho concesiones de manera voluntaria, para proteger verdaderamente los derechos de las víctimas resulta esencial que su gobierno apoye un escrutinio internacional que documente abusos y, a su vez, contribuya a negociaciones genuinas orientadas a restablecer el Estado de derecho en el país", señala HRW.

Abordar la violencia y los abusos en la frontera

Desde 2018, Human Rights Watch ha documentado múltiples abusos cometidos por grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela, en particular,en la región de Catatumbo y el departamento de Arauca en Colombia, y el estado venezolano de Apure.

“Nuestras investigaciones sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, han llevado a cabo operaciones conjuntas con combatientes del Eln y han sido cómplices en sus abusos. La Misión de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos recientemente identificó evidencias creíbles de que “existen vínculos de colaboración entre el gobierno venezolano y el Eln” y de que el gobierno “permitió la entrada del Eln” en la región del Arco Minero. Sin embargo, cualquier política de seguridad enfrentará desafíos inmensos si los grupos armados en Colombia pueden usar a Venezuela como retaguardia estratégica y actuar con la colaboración o aquiescencia de las fuerzas de seguridad de Venezuela”, expresa el documento de HRW.

Enfrentar la trata de personas

Asimismo como cuarto elemento, el organismo señala que desde 2019, Human Rights Watch ha documentado casos de trata de víctimas venezolanas, sobre todo en la frontera. Muchas de estas personas, en su mayoría mujeres y niñas, son víctimas de explotación sexual; por ejemplo, aunque no únicamente, en “casas webcam”. La información oficial disponible, aunque es limitada, sugiere que hubo un aumento de estos casos en los últimos años.

"Según nuestras entrevistas en terreno y la información proporcionada por autoridades gubernamentales, una deficiencia fundamental es que pareciera haber una comprensión limitada de la magnitud y gravedad de estos delitos por parte de numerosas autoridades locales y nacionales en Colombia. Existe un subregistro importante en el número de casos denunciados de trata de personas y muchas autoridades locales no entienden cabalmente la definición legal de este delito", sostiene la carta.

"Las investigaciones penales de estos casos también han sido limitadas. La Fiscalía General de la Nación informa que ha identificado a 14 personas presuntamente responsables de casos de trata ocurridos entre 2020 y 2022, pero hasta mayo de 2022 ninguna de estas personas había sido imputada, ni mucho menos condenada, por estos abusos", concluye la misiva.

La carta es firmada por Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas de HRW, quien fuera congresista colombiana.