El actual Código Electoral data de 1989, es decir es anterior a nuestra Constitución Nacional, por ello es urgente tramitar una nueva normatividad acorde con las necesidades actuales del país y que incluya todas las reformas que se han hecho a través de diferentes leyes estatutarias, decretos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Así lo advierte la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la opinión de la MOE acerca de la reforma al Código Electoral que radicaron Gobierno, Registraduría y CNE?
ALEJANDRA BARRIOS: Este Código Electoral trae dos temas que son novedosos y sobre los cuales se va a centrar la discusión: uno es la inclusión de las tecnologías en la reglamentación electoral. Aquí es importante tener en cuenta que todo nuestro proceso electoral ya incluye las tecnologías, lo que pasa es que no estaba reglamentado sino que funcionaba a partir de la discrecionalidad que tiene la Registraduría Nacional.
Es importante reconocer la existencia de esas tecnologías porque eso es lo que permite hacer auditorías, y dentro de este Código se está reconociendo la importancia de tener auditorías, que nuestros sistemas tecnológicos puedan ser auditados por las organizaciones políticas, que puedan ser auditados por organizaciones de la sociedad civil. Es decir que haya un acceso transparente a qué es lo que tienen esas tecnologías.
También se habla ya de la propiedad por parte de la Registraduría del software de trasmisión de datos. Todo nuestro sistema está tercerizado, es decir, no le pertenece a la Registraduría, y eso hacía casi imposible una auditoría porque se tenían cláusulas de propiedad intelectual, de propiedad industrial, etcétera.
Para la directora de la MOE, dijo que todos los software que se necesitan en elecciones deberían ser de la Registraduría.
Si pertenece a Registraduría el tema de trasmisión de datos ya podría ser auditado por los técnicos de cada una de las organizaciones políticas. Sin embargo nos preocupa que solamente se habla de ese software de propiedad de la Registraduría.
Si se ha tomado en el Código Electoral la decisión de avanzar hacia la inclusión de más tecnología, lo recomendable es que todos los softwares sean de propiedad de la Registraduría y no tengamos que seguir haciendo outsourcing porque eso además dificulta la auditoría por parte de las organizaciones políticas.
El segundo tema es el de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que también por primera vez se incluye.
ENS: ¿Qué piensa la MOE del voto remoto que se está proponiendo?
AB: Lo que puede pasar es que dentro del Código se considere que vienen nuevas tecnologías, pero aquí hay unos temas claros: hoy ni siquiera con la tecnología existente, no se puede hacer, por ejemplo, votación remota o votación virtual. Eso significa que no hay las garantías necesarias de seguridad con la tecnología existente para que yo haga la votación desde el computador de mi casa y pueda decidir por presidencia de la República o por Congreso.
Si hay algo que tiene que garantizar el Estado para elecciones tan importantes es que nunca se pueda identificar el ciudadano con el sentido de su voto, que no pueda ser hackeable y que además pueda tener auditoría y trazabilidad.
Sí consideramos que esos temas es importante empezar a contemplarlos, pero en el momento que se tome la decisión de avanzar en voto remoto, en voto electrónico, en voto a distancia, porque también se está contemplando el voto anticipado, que es por ejemplo el que se hace en Europa o en Estados Unidos a través del correo certificado, pero cuando cada uno de éstos se vaya desarrollando eso necesita su legislación particular.
ENS: ¿Cuáles son algunas de las inquietudes que surgen en relación con una normatividad posterior?
AB: ¿Cuál va a ser entonces la función de los jurados de votación frente a la votación virtual o remota?, ¿cómo va a ser la función de los testigos electorales?, ¿cómo los partidos políticos van a poder hacer la vigilancia y el control en el conteo de los votos?
Nosotros no vemos la posibilidad desde la MOE, conociendo muy bien cómo funciona nuestro sistema electoral y además los niveles de desconfianza con el que se tienen que gobernar las elecciones, en que eso se pueda hacer a la vuelta de tres años, a la vuelta de cuatro años, esa posibilidad no existe, pero es importante contemplarlo porque a eso vamos a llegar.