Siguen los ecos a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el acto legislativo que imponía cadena perpetua a los asesinos y violadores de niños.

De un lado ex viceministro de Justicia y precandidato presidencial uribista, Rafael Nieto Loaiza, en una columna de opinión se refirió a unos trinos suyos al respecto. “… Por un lado, dije que por razones éticas y filosóficas estoy en contra de la pena de muerte y la cadena perpetua. Por el otro, sostuve que la Corte abusó de sus atribuciones, invadió la órbita de competencia del Congreso, erosionó la democracia y se equivocó gravemente en su argumentación jurídica”, sostuvo.

Agregó que “como defensor de la vida que soy, no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte. Quitar la vida de otro ser humano solo es aceptable en ejercicio de la legítima defensa o del cumplimiento de sus funciones constitucionales por soldados y policías. La prisión perpetua no da oportunidad para quien se redime. Pero, sobre todo, es inútil en un país como el nuestro”.

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“Entiendo que la intención de la cadena perpetua es desestimular la comisión de esos delitos pero tal cosa no es posible con los exorbitantes niveles de impunidad que vivimos. Como funciona hoy, el sistema judicial ni asusta ni disuade a los delincuentes…”.

Puntualizó que la Corte se equivocó al considerar que la cadena perpetua atenta contra la “dignidad humana” y constituye una pena “cruel, inhumana o degradante”, prohibida en los tratados de derechos humanos. “… Muchos tratados prohíben la pena de muerte y algunos otros invitan a los Estados a su abolición. Pero ninguno prohíbe la cadena perpetua”, dijo.

También replicó el argumento de la Corte en torno a que la “resocialización es el fin primordial de la pena privativa de la libertad”. Igual indicó que los magistrados no tienen derecho a reemplazar el juicio de prudencia y conveniencia de los congresistas.

En la misma página web del Centro Democrático se publicó la columna del presidente de Fedegán y dirigente afín a ese colectividad, José Félix Lafaurie, quien indicó que “la justicia, a partir del excesivo garantismo de la Constitución del 91, se ha alejado de la realidad del ciudadano y parece más dedicada a garantizar los derechos de quienes agreden a la sociedad, que a la sociedad agredida”.

“No me sorprendieron los argumentos de la última sentencia de la Corte, que se preocupa por la ‘dignidad humana’ de los criminales, preocupación válida, pero no veo la misma preocupación por el creciente e impune abuso sexual y asesinato de niños, que socava las bases de civilidad de una sociedad”, sostuvo el dirigente gremial.

Puntualizó que “le preocupa (a la Corte) ‘la resocialización como función principal de la pena’, pero me pregunto cómo resocializar a Garavito, que confesó 197 violaciones y asesinatos de menores; y cómo resocializar a cualquier delincuente en nuestro vergonzoso sistema penitenciario”.