Sectores independientes y de la oposición política, así como algunos gobernadores y alcaldes, señalan que la política de paz total del Gobierno va de bandazo en bandazo por la forma como trata de resolver los múltiples problemas que enfrenta, mientras que los avances son pocos.

Esta semana, el proceso con el Eln prácticamente quedó en un punto muerto porque crecieron las recriminaciones de lado y lado, responsabilizándose por supuestos incumplimientos y es incierto si se reactivará la mesa de negociación.

En cuanto a la mesa con las disidencias, sigue en pie, pero su mayor problema es que hace meses se levantó el bloque Amazonas, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, el grupo mayoritario, que desde entonces desató una escalada terrorista en el suroccidente del país. En tanto que siguen en la negociación con el Gobierno tres facciones.

Mientras que con la Segunda Marquetalia la negociación comenzó a finales de junio pasado, pero hay dudas jurídicas para su desarrollo porque el Gobierno le dio estatus político a este grupo. Aunque no es claro si ello es posible, porque muchos de sus integrantes, comenzando por su cabecilla, alias ‘Iván Márquez’, son reincidentes pues abandonaron el Acuerdo de Paz y como consecuencia los excluyó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Entretanto, el Gobierno hace los preparativos para iniciar conversaciones formales por primera vez con grupos criminales de alto impacto, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Sin embargo, no hay un marco jurídico, porque se hundió la ley de sometimiento a la justicia que presentó el entonces ministro Néstor Osuna en la primera legislatura, y a la fecha no han vuelto a radicar el proyecto.

Volviendo a la crisis del proceso con el Eln, la negociación con el Gobierno comenzó en noviembre del 2022 en Caracas, siendo la primera mesa que la administración Petro logró instalar dentro de su política de paz total. Desde entonces se han desarrollado seis ciclos con varias polémicas a bordo por asuntos como la persistencia de esa organización en el secuestro.

A principios de febrero anterior se realizó el sexto ciclo en La Habana, en el que entre otras se prorrogó el cese el fuego hasta el pasado 3 de agosto. Sin embargo, días después el Eln responsabilizó al Ejecutivo de supuestamente congelar la mesa, esto debido a que le molestó que la Casa de Nariño mantiene en Nariño una negociación con el frente Comuneros del Sur, una facción que se separó de este grupo armado.

El presidente Petro le hizo al Eln una “propuesta confidencial” en un intento por reactivar la mesa de conversaciones, la cual era viabilizar un punto de acuerdo que se había logrado sobre reforma económica. 

Sin embargo, el Comando Central del Eln le dio un portazo al presidente al señalar que “la grave situación de crisis que padece la mesa y el proceso de paz en este momento, no requiere de propuestas confidenciales (…) sino franqueza y claridad al país”.

Esta semana, alias ‘Antonio García’, máximo cabecilla del Eln, le dio un ultimátum al Gobierno para que los saque de la lista de grupos armados organizados (GAO). 

“El tiempo sigue corriendo y nada que el gobierno de Gustavo Petro responde si va a sacar al Eln de la lista de los GAO, tal como se acordó”, expresó ‘García’.

Por su parte, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, dijo que “llamarlos un grupo armado rebelde, o cualquier otra denominación, significaría algo que depende del Congreso y no del presidente de la República”.

Como consecuencia de que las conversaciones están suspendidas no se prorrogó el cese el fuego que, como se dijo, venció el pasado 3 de agosto. Por lo tanto, las Fuerzas Militares reactivaron las operaciones contra el Eln, que tampoco cede en sus acciones criminales, como el paro armado que desarrolló en Chocó en días pasados.

Las disidencias

Hasta el momento las delegaciones del Gobierno y de las disidencias han sostenido cinco ciclos de conversaciones, sin alcanzar un acuerdo importante. Sin embargo, desde marzo pasado el proceso entró en una crisis, después de que el presidente Petro ordenó suspender el cese el fuego en Valle, Nariño y Cauca, porque uno de los frentes, en el último de estos departamentos, asesinó a una líder indígena e hirió a tres personas más.

Entonces, el Ejército emprendió una ofensiva contra las disidencias en el suroccidente del país, a mayor escala en Cauca, y como consecuencia alias ‘Iván Mordisco’ se apartó de la mesa y desató una ola terrorista en esa región.

Por lo pronto se mantienen en la mesa conversando con el Gobierno tres facciones al mando de alias ‘Calarcá’: los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio-Comandante Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes. Además, en julio pasado se extendió el cese al fuego con estas estructuras por tres meses más, hasta octubre. 

No obstante, otro palo en la rueda surgió esta semana, pues el bloque Amazonas, al mando de ‘Iván Mordisco’, declaró la guerra a los frentes que dirige alias ‘Calarcá’, quien se mantienen en la mesa.

Entonces, a las dificultades que tiene el Gobierno para mantener con vida esta negociación se suma un nuevo conflicto armado en el país entre estos dos bloques de las disidencias, que amenaza con más violencia en diferentes regiones.

Qué pasó con ley de sometimiento

El Gobierno inició a principios de este mes un espacio de diálogo, que denominó sociojurídico, con el Clan del Golfo, tal vez el grupo con mayor poder criminal en el país en el narcotráfico y otras actividades como la extorsión. 

En dicho proceso la fiscal general, Luz Camargo, atendiendo una solicitud del Gobierno, suspendió las órdenes de captura contra Orozman Osten Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’; Elkin Casarrubia Posada, alias el ‘Cura’, y Luis Pérez Castañeda, alias ‘Bruno’. 

El Ejecutivo espera hacer con grupos criminales como el Clan del Golfo un proceso de sometimiento a la justicia y no una negociación, porque no les reconoce estatus político, como sí al Eln, las disidencias y la Segunda Marquetalia.

Sin embargo, las conversaciones que van a comenzar con el Clan del Golfo despiertan polémica, porque no existe un marco jurídico de cómo llevarlas a cabo ni cómo implementar los eventuales acuerdos a los que se llegue.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que “la fiscal no puede levantar órdenes de captura de narcos del Clan del Golfo, así lo pida el Gobierno. No hay norma que la habilite. No hay ley de sometimiento”.

Añadió que “esto es gravísimo. Si no hay ley de sometimiento, no pueden levantar las órdenes de captura; lo hemos dicho y hay que repetirlo. Esto es totalmente abusivo, porque no hay cómo desmovilizar a quienes negocian con el Gobierno”.

No es el único problema que de entrada se aprecia en estas conversaciones, pues el abogado Ricardo Giraldo, quien fue contratado por el Clan del Golfo, advirtió que para este grupo el sometimiento no es una opción.

“Incluso, el comandante máximo del Ejército Gaitanista lo dijo hace unos 15 días: ellos quieren que haya justicia transicional, porque el sometimiento no va a garantizar la pacificación de los territorios”, dijo Giraldo.

Autodefensas de la Sierra Nevada 

A comienzos de este mes se conoció una resolución en la que el Gobierno abre la puerta a iniciar un diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización criminal también conocida como Los Pachenca.

Al igual que con el denominado Clan del Golfo, el Gobierno pretende desarrollar con Los Pachenca “un espacio de conversación sociojurídico”.

Sin embargo, este proceso también carece de piso jurídico por la falta de una ley de sometimiento a la justicia. No obstante, en el caso del Clan del Golfo ello no fue óbice para que, como se dijo, el Gobierno pidiera a la Fiscalía levantar la orden de captura a varios integrantes de ese grupo.

En ese contexto, no es de extrañar que la Casa de Nariño en los próximos días solicite a la Fiscalía suspender órdenes de captura a algunos integrantes de Los Pachenca, para iniciar conversaciones.