GREMIOS ECONÓMICOS, empresarios y expertos en el campo de trabajo han encendido las alarmas por las implicaciones negativas que dejará al país el articulado de la reforma laboral, luego de conocerse que el segundo debate a esta iniciativa del gobierno Petro en la plenaria de la Cámara de Representantes podría comenzar el 17 de septiembre.
Las primeras manifestaciones contra la polémica propuesta, que el pasado 18 de julio pasó su primera prueba en la Comisión Séptima, vino de la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), que aseguró que el texto del Ejecutivo se centra en el trabajo dependiente y sindicalizado, sin considerar empleos independientes y formalidad, que hoy en día constituyen el grueso del mercado laboral colombiano.
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) también cuestionó el articulado, por cuanto no soluciona la informalidad en el campo, mucho menos resuelve las principales necesidades del sector agrícola.
En la misma tónica se pronunció la ANDI, a través de un documento que conoció este diario. Bruce Mac Master, presidente de la organización, aseguró que cualquier reforma laboral debe tomar en cuenta el empleo como prioridad.
Ante los duros cuestionamientos surgidos previo al inicio del segundo debate del proyecto, EL NUEVO SIGLO analizó junto con expertos en materia laboral las implicaciones de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y, por supuesto, de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.
Sobre el tema, el especialista en derecho laboral Charles Chapman aseguró que la reforma laboral de Gustavo Petro tiene un enfoque desafortunado.
“En un momento de crisis como el que vivimos hoy, ocasionado por erradas políticas públicas de este Gobierno, lo que se quiere es reactivar. Y una reforma que incrementa costos cuando estamos ante la peor catástrofe de mortalidad empresarial en Colombia, obviamente tiene un enfoque desafortunado”, aseguró Chapman, quien ayudó al Partido Conservador al desarrollo de una versión propia de esta iniciativa, la cual reposa en el Congreso desde finales de 2023.
Manifestó que indiscutiblemente la reforma del Gobierno es inconveniente, ya que, además, la “mortalidad empresarial” a la que hizo referencia va acompañada con la destrucción del empleo.
“Con eso, por supuesto, también muchas empresas no resistirán y se liquidarán. En el mejor de los casos, entre comillas, les tocará pasar a la informalidad. Digo entre comillas porque la informalidad no es lo deseado. Lo peor que pasaría sería liquidar, pero en el mejor de los casos es pasar a la informalidad”, apuntó.
Para el experto en derecho laboral, la reforma del gobierno Petro tampoco incentiva nuevos empleos, ni siquiera fomentará la inversión extranjera o la conformación de nuevas empresas en Colombia: “La misma ministra ha confesado que no genera empleo. Esa reforma no va a generar empleo”.
Además, consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa esté adecuada al mercado laboral, Chapman fue tajante al contestar: “No, para nada. Todo lo contrario. Hay cosas tan ilógicas como que se crea una carga para las empresas cuando hacen cambios tecnológicos. En vez de estar impulsándolas, generan más obligaciones para las compañías cuando hacen cambios tecnológicos. Entonces, eso no tiene sentido. Parece que quisieran llevar a Colombia más atrás de la Cuarta Revolución Industrial”, afirmó.
“La veo innecesaria”
Esta reforma es, para la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, innecesaria.
“La veo innecesaria. En este momento del país, creo que tenemos que volcar energías en reactivar, en movilizar productividad empresarial; estar pensando en políticas de transformación energética, de retorno laboral a la formación educativa, que no necesitan reformas legislativas, sino simple voluntad política”, respondió la docente.
Morad asegura que este proyecto necesita adecuarse al mercado laboral actual. “Creo que el espíritu con el que comenzó era desacertado. Se han recortado muchos puntos de ese articulado. Aun así, siguen viéndose cambios muy puntuales de demandas de grupos pequeños que siguen siendo grupos privilegiados. Está totalmente descoordinada con las necesidades de país”, indicó.
La apuesta del Gobierno en el Congreso es, a su juicio, inútil en el propósito de favorecer y fortalecer las empresas.
“No ha sido el enfoque, no hacen estudios a profundidad sobre la necesidad de fortalecer el gran empresariado colombiano”, aseguró Morad, quien también afirmó que la reforma “es desajustada con las otras apuestas que el Gobierno ha mostrado en economía popular. Y no solo desajustado, sino que incluso puede tener un impacto muy difícil en la mediana y la pequeña empresa con los antecedentes graves que ya venimos viviendo, relacionados con la subida del salario mínimo en el último periodo de Iván Duque, y las subidas del salario mínimo tan grandes que ha tenido el gobierno Petro, que finalmente en lo que se traducen es en ampliar la brecha entre los pocos afortunados que pueden ganar un mínimo y el resto de la población”.
Tampoco cree que fomente el empleo y sea atractiva para la inversión privada. Pero hay un elemento que considera imprescindible y que no es considerado por la iniciativa, que es que no incentiva la participación laboral.
“Nosotros en el Observatorio Laboral hicimos un estudio, junto con el Observatorio Fiscal. Nos dimos cuenta de que el empleo ha fluctuado, pero no drásticamente, en los últimos 10 años. La formalidad, por su parte, ha crecido de una manera importante, gracias a unas reformas que han disminuido cargas”, informó.
Pero agregó: “Lo que nos preocupa, sin embargo, es que se ha incrementado la no participación laboral; es decir, las personas que no buscan trabajo, en donde, por supuesto, está el gran universo de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, creo que también la invitación es que dejemos de pensar solo en empleo, ya que las necesidades del mercado laboral nos están mostrando otras particularidades, como la no participación laboral de los jóvenes y la no participación laboral de las mujeres”.