Al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana solo le falta que la plenaria de la corporación vote el informe de conciliación. Por ahora ya se logró su aprobación en el Senado, en medio de una gran discusión.

Varios senadores, entre ellos Feliciano Valencia (Partido MAIS), Iván Cepeda (Polo Democrático), Sandra Ramírez (partido Comunes), Angélica Lozano (Alianza Verde) y Antonio Sanguino (Partido Verde), solicitaron que se reabra la discusión del artículo 4 de esta iniciativa.

En este sentido, el senador Feliciano Valencia afirmó: “Hemos solicitado que se abra la discusión del artículo cuarto, toda vez que afectaría de manera directa a las comunidades étnicas, dado que se refiere a personas que pueden estar exentas de responsabilidad penal en razón de su diversidad cultural”. Por su parte, el senador Iván Cepeda expuso que esta ley pareciera que le atribuyera la violencia del país a la protesta social y legitimara la fuerza letal como recurso en defensa personal, entre otros temas.

En este sentido, el senador Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres, expresó que “ayer se acusó de ser inconstitucional este proyecto de ley, pero sin argumentación ni análisis jurídico” y mencionó que no se puede desconocer la autodeterminación de las naciones.

En su presentación, el senador ponente de Cambio Radical, Germán Varón, dio a conocer que el artículo 25 establece el ámbito de aplicación de todo lo que tiene que ver con la fabricación, comercialización y distribución de armas, a lo que se propuso incorporar a los extranjeros, lo que contraviene la norma constitucional. Continuó su explicación comentando que el artículo 38 establece que para las armas no letales se debe regularizar en un término de seis meses, y cuyo costo será del 3% del valor del salario mínimo, con una proposición de que quien lo hiciera extemporáneo pagara un 4%.

Por su parte, el senador Rodrigo Lara comentó que “la legítima defensa ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano, cuando uno se defiende de manera proporcionada se justifica la comisión de un delito proporcional al daño o a la amenaza que se recibe. Sin embargo, la legítima defensa privilegiada que se introduce hace que se presuma cuando se ejerce para rechazar al extraño que usando maniobras supere la barrera de la propiedad; así como cuando mediante violencia ingreso o permanezco arbitrariamente en una habitación o dependencia inmediata; y cuando con violencia se penetra o se permanezca en propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”.

En su intervención, la senadora Aída Avella manifestó que se opone a este proyecto, debido a que “lo considero nocivo para la libertad y la democracia”. Por su parte, la senadora Sandra Ramírez comentó: “seguimos manifestando el abandono y el ataque sistemático a los Derechos Humanos en nuestro país. Cómo nos quieren borrar la memoria de la guerra”.

Declaraciones de los ministros

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó algunos de los casos especiales que contiene esta ley.

“No más reincidentes, aquella práctica que un ladrón robaba, luego que era capturado y que era liberado se acaba, ahora irán a medidas intramurales”, dijo el Ministro.

“En segundo término, todos aquellos que delinquían por delitos menores que finalmente quedaban liberados después de ser capturados, hoy tendrán penas agravadas y durante su juicio deberán permanecer en la cárcel, cuando robaban por montos menores a 4 millones de pesos o por destrucción de los sistemas de transporte público o por ataque a un CAI”, añadió.

Se agravan las penas particularmente por ataques a los policías y funcionarios públicos o por interrupción de su servicio. Asimismo, a aquellos que cometan homicidios contra líderes sociales se les dará la máxima pena.

“También incluye esta ley una línea especial de trabajo para control de armas; todo aquel que use un arma blanca, un puñal para atracar, hoy tendrá mayor agravamiento su pena solo por este hecho”, continuó Ruiz.

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Por otra parte, “introduce más de 500 mil armas traumáticas que están por fuera en el mercado y que hoy en muchas oportunidades son utilizadas por delincuentes para atracar, amedrentar, inclusive para afectar la integridad de los policías”, señaló.

“Esta ley lo que busca claramente es dar instrumentos para que haya más seguridad, más convivencia, más justicia, para que no haya impunidad y para que los colombianos sepan que el que la hace la paga, sin tregua para los delincuentes”, finalizó.

Por su parte, el ministro del interior, Daniel Palacios, dijo que “este proyecto de ley no nace para satisfacer a ninguna bancada; en efecto hay algunas bancadas que nunca van a estar satisfechas con nada que se haga en el Gobierno y una muestra de eso es que hoy han tenido la osadía de decir que van a salir a denunciar a estamentos internacionales, porque se rajan las vestiduras defendiendo a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas y no se dieron cuenta, porque estoy seguro que no lo leyeron, que en este proyecto de ley se establece la pena más alta para quien asesine a un menor de edad, a un periodista, a un defensor de derechos humanos, a un líder social y a un miembro de la Fuerza Pública, de pronto fue por el lado de la fuerza Pública que no quisieron votar”.

Refiriéndose al tema de la defensa legítima privilegiada dijo que “lo que se ha buscado es que haya una presunción de defensa legítima cuando una persona está en su casa y alguien de manera violenta irrumpe, se mantiene el test de proporcionalidad por parte del juez que tendrá que determinar si eso no fue una legítima defensa, pero sencillamente se está presumiendo que quien está en su casa está en un estado de indefensión”.  

Reacción de la Policía

El director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, subrayó que esta Ley es una garantía para todos los ciudadanos. “Siendo el Dr. Varón el ponente, él sabe también que la convivencia sale privilegiada por esta ley, en términos del Código Nacional de Seguridad y de Convivencia con las multas, los traslados por protección, las garantías que a los ciudadanos les darán precisamente el respeto a su dignidad y a los derechos humanos”.

“Hoy es un día de mucha historia para poder reafirmar el compromiso de la Policía, de las autoridades por la convivencia y la seguridad ciudadana, pero también respetamos como policías el respeto a la autoridad en términos de evitar la recurrencia, los actores prolíficos y la reincidencia, que era lo que nos tenía azotados a los ciudadanos y a la Policía, en que el delincuente era capturado, pero por la norma salía, y el ciudadano quedaba con la impresión de que estaba ocurriendo algo no muy claro con ese procedimiento”, reafirmó.

“El Estatuto Disciplinario tan rígido como quedó lo que obliga a los policías de Colombia es a que cumplamos nuestro deber en el marco de la ley, apegados a ello, porque es una ley disciplinaria muy fuerte apegada a la dignidad de las personas. Comienza una nueva era en seguridad ciudadana y en convivencia en el país”, concluyó.

Sin embargo, además de las voces en contra que se escucharon de algunos congresistas sobre esta iniciativa, también en algunos medios el ex vicefiscal general de la Nación, Francisco Sintura, explicó que “existen normas que son abiertamente inconstitucionales pues entronizan un Estado policial, un Estado gendarme que es absolutamente incompatible con el Estado democrático de derecho que promueve la Constitución de Colombia”.