En un discurso en Cali, el presidente Gustavo Petro reiteró su determinación de implementar sus reformas sociales, incluso si no obtienen la aprobación legislativa.

"Las reformas sociales que se estancan como proyectos de ley en el Congreso de la República en contravía a lo que gritó el pueblo el primero de mayo, las tenemos que realizar en lo que podamos al máximo, la constitución de todas maneras ordena el cumplimiento de los derechos", afirmó el mandatario, justificando su posición en la necesidad de cumplir con los derechos constitucionales del pueblo colombiano.

Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión política y social en Colombia, donde las propuestas del presidente han encontrado resistencia en el Congreso de la República.

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Petro, conocido por su postura progresista y su enfoque en temas como la desigualdad social, la pobreza y la violencia, ha enfrentado obstáculos significativos para avanzar con su agenda legislativa. A pesar de haber presentado varios proyectos de ley ante el Congreso, muchos de ellos no han logrado avanzar debido a la oposición de algunos sectores políticos y la falta de consenso en el Legislativo.

En este contexto, Petro ha sugerido que, en caso de que sus propuestas no sean aprobadas en el Congreso, estaría dispuesto a implementar ciertos aspectos de sus reformas mediante decretos presidenciales. Argumenta que la Constitución colombiana garantiza el cumplimiento de los derechos y que, por lo tanto, los decretos del Gobierno deben buscar asegurar estos derechos.

En sus declaraciones, destacó la urgencia de estas reformas para abordar las demandas de la ciudadanía, afirmando que "si Colombia no hace las reformas, el estallido social va a volver". Argumentó que la Constitución ordena el cumplimiento de los derechos sociales, lo que justificaría la utilización de decretos presidenciales para avanzar en su agenda legislativa.

Asimismo, acusó al expresidente Iván Duque de haber sido el principal responsable de los crímenes que se cometieron durante el estallido social de 2021. “Más de 60 cadáveres se recogieron, de esos jóvenes. Y cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es, entonces: ‘¿Y quién fue el terrorista?¿A quién se le debería calificar de terrorista? Y el presidente de la República, hoy, tiene que decir que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia, y particularmente el Gobierno del entonces... Sí señor Duque, los 60 asesinados no fueron terrorista, el terrorista fue usted, expresidente Duque”, fueron las palabras textuales del jefe de Estado.

Esta propuesta ha generado un intenso debate en Colombia. Por un lado, los partidarios de Petro la ven como una medida necesaria para avanzar en la agenda de reformas y garantizar los derechos de los ciudadanos. Argumentan que el Congreso no siempre refleja la voluntad popular y que el presidente tiene la autoridad para actuar en beneficio del pueblo.

Sin embargo, los críticos de esta estrategia advierten sobre los posibles riesgos y consecuencias. Señalan que el uso excesivo de decretos presidenciales podría socavar los principios democráticos y el equilibrio de poderes en Colombia. Además, advierten que las decisiones unilaterales del presidente podrían generar divisiones adicionales en la sociedad y socavar la estabilidad política del país.

Por otro lado, el mandatario reconoció la posibilidad de enfrentar resistencia y críticas por esta medida, pero subrayó la necesidad de impulsar el proceso de cambio social, incluso si ello implica sortear obstáculos políticos. Asimismo, hizo referencia al contexto de las movilizaciones sociales, especialmente el paro nacional de 2021, donde la ciudad de Cali fue escenario de intensas protestas, criticando la actuación del gobierno anterior y exigiendo justicia para las víctimas de la represión estatal.

En medio de este debate, el mandatario reafirma su compromiso con su agenda de reformas y su disposición a utilizar todos los medios a su disposición para avanzar en ella. Insiste en que su objetivo es garantizar los derechos de todos los colombianos y construir un país más justo y equitativo.

Además, aprovechó la ocasión para demandar la liberación de personas detenidas durante las protestas, solicitando al Ministro de Justicia que adelante las gestiones necesarias para este fin.