Las irregularidades que se presentaron en el contrato que hizo el Ministerio de las TIC para dotar de internet a escuelas públicas, ponen de nuevo sobre la mesa que la rapiña de los recursos públicos no afloja.

El escándalo que por estos días concentra la atención de la opinión pública en Colombia son los $70 mil millones embolatados del contrato que hizo el Ministerio de las TIC con la unión temporal Centros Poblados para llevar internet a escuelas rurales públicas de todo el país.  Esto se dio a pesar de que en los últimos años se ha reforzado la normatividad anticorrupción.

Es por ello que algunos consideran que es necesario hacer más ajustes a la Ley 80 de contratación pública e incorporar otros elementos, como es que los ciudadanos tengan acceso a la información de los contratos así como implementar un registro detallado de quiénes son los contratantes.

La corrupción es uno de los más grandes flagelos que sufre el país, que afecta no solo las finanzas del Estado sino los recursos de inversión social que éste destina a las regiones más necesitadas.

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En el 2017 el entonces contralor Edgardo Maya dijo que de todos los presupuestos públicos, entre nacionales y regionales, la corrupción le ha costado al país entre $40 y $50 billones.

La respuesta que le han dado los diferentes gobiernos y el Congreso contra esta problemática ha sido expedir varias normas anticorrupción, con mayores controles y penas para los culpables. Sin embargo a juzgar por lo que está sucediendo, pareciera que ello no ha sido suficiente

La ley 1474 de 2011 fija un conjunto de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, así como medidas penales.

También el arsenal jurídico contra la corrupción cuenta con la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; la Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993; y el Decreto 1510 de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

Se requiere más 

A pesar de que la normatividad anticorrupción se ha ido desarrollando y enriqueciendo con el paso del tiempo, es necesario hacer ajustes pues los corruptos están en constante evolución de sus estrategias para timar los recursos públicos.

En ese sentido se manifestaron conocedores de esta problemática consultados por EL NUEVO SIGLO.

El director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández Montes, dijo que sobre el caso puntual de Centros Poblados, “hay una herramienta muy importante que el país está en mora de implementar, y es tener un registro de beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado”.

Explicó que este registro de beneficiarios finales es "tener con nombre y apellido quiénes son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas.  Es lo que estamos viendo en este caso de Centros Poblados, en el que hay un entramado de personas jurídicas, pero que al final no se sabe quiénes son las personas directamente implicadas, y hoy ya sabemos que, por ejemplo, Emilio Tapia hacía parte de una de estas empresas".

Hernández detalló que ese registro se creó en el año 2019 a través de una ley, fue además ajustado en la pasada reforma tributaria, “pero hoy en día, no tenemos ninguna evidencia  de implementación.  Es urgente que  se pase a implementar entonces y que el Estado no siga contratando sin saber realmente quiénes son las personas naturales que están controlando a las personas jurídicas que reciben recursos públicos".

En cuanto a la Ley 80 de contratación pública, el Director de Transparencia por Colombia indicó que "tocaría conectar esto que estoy planteando con justamente el estatuto de contratación, de tal manera que, como lo dije antes, todos los recursos que se entregan a particulares quede claro quiénes son las personas naturales detrás de ellas”. 

Agregó que “habría que actualizar la normatividad de contratación pública,  por supuesto la Ley 80,  para que el Estado siga teniendo este tipo de herramientas”.  Y seguir garantizando los controles pues, dijo,  lo más llamativo de este caso de Centros Poblados es "que se trata de una licitación pública de un monto muy grande,  en teoría muy regulada,  muy vigilada,  y de todas formas se pasaron este tipo de sucesos desapercibidos".

Por su parte el excontralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, dijo frente a la corrupción que se presenta en la contratación pública que mientras la sociedad tolere, "por acción o por omisión, que quienes se enriquezcan a través del ejercicio  del poder y luego pasan de un lado a otro, eso es imposible de controlar. Ese es el principal problema que tenemos”.

Agregó que “digamos, es socialmente legítimo actualmente que alguien invierta unas cantidades enormes de dinero para acceder a un cargo público de elección o administrativo, y luego lo recupere por cualquier forma”.

En tanto que la representante a la Cámara por Bogotá, Luvi Katherine Miranda Peña, dijo que “efectivamente la Ley 80 se tiene que revisar con lupa, pero adicionalmente tenemos que volver a lo que nosotros habíamos planteado en su momento en los puntos anticorrupción,  y es cómo hacemos para que no haya puerta giratoria,  que es lo que está pasando ahorita en Centros Poblados, que es lo que vemos continuamente,  y es que se compran empresas de papel con una mediana hoja de vida y, posteriormente, son traspasadas a otras personas. Entonces, no sacamos nada metiendo en la cárcel a los corruptos sí posteriormente se camuflan en otros”.

La Parlamentaria de la Alianza Verde dijo que también es necesario revisar el asunto de casa por cárcel para los corruptos, así como la extinción de dominio por los delitos relacionados con este flagelo. "Hay muchas cosas que podemos hacer, y que de verdad ha sido poco el avance en términos de transparencia en la contratación”.

Finalmente, Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Veedores sin Fronteras, dijo frente al caso de Centros Poblados que "presentamos inclusive acciones judiciales, denuncias, quejas,  acciones populares,  recusaciones, y aunque advertimos a tiempo ninguna de ellas fue suficiente".

Agregó "creo que estamos frente a la necesidad, sin duda, de hacer los procesos de contratación mucho más participativos, mucho más abiertos, y además en donde los controles preventivos asignados a los órganos de control, Procuraduría y Contraloría, sean mucho más eficientes, e incluir los sistemas de control preventivo de orden  judicial".

Dijo también Bustos que lo que ocurre “sin duda muestra cómo  los escenarios de contratación y sobre todo de participación y control social son muy limitados, y quedamos de alguna manera  expuestos como país a entregar los recursos al peor postor”.