Un acuerdo político de alto espectro podría ser la salida definitiva a la indignación nacional provocada por el incremento de 5,12% en los salarios de los altos funcionarios del Estado, incluyendo magistrados y congresistas.
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Si bien el reajuste anual de los millonarios sueldos de los altos funcionarios del Estado siempre genera polémica, en esta ocasión ha tenido mayor eco porque, de un lado, en plena emergencia por la pandemia del covid-19 la opinión pública no entiende cómo es posible subir aún más el ya de por sí alto salario de los parlamentarios y, de otra parte, porque se está definiendo por estos días el incremento del sueldo mínimo para 2021 y los porcentajes de que se está hablando para millones de trabajadores de bajos recursos es sustancialmente inferior al aumento aprobado a los integrantes del Congreso, el órgano más desprestigiado en el país, según las encuestas.
Aunque tras el aumento del 5,12% muchos partidos se declararon en contra de la medida e incluso pidieron al Gobierno reversarla, pese a ser de órbita constitucional, o que los parlamentarios donen el incremento a causas sociales, o incluso el uribismo insiste en citar un referendo con este como uno de los temas principales, en realidad se trata de propuestas que no son definitivas o demandarían mucho tiempo, más aún en un Congreso que en los últimos años ha hundido por lo menos ocho proyectos que planteaban congelar o rebajar el sueldo de los senadores y Representantes a la Cámara.
Por eso se está buscando una salida más inmediata y definitiva. EL NUEVO SIGLO habló con varios parlamentarios al respecto. Por ejemplo, hay quienes plantean congelar el incremento.
“En eso se gasta un renglón de escritura y un segundo de decisión”, le dijo a este Diario el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, anotando que “se le da una orden al pagador, así de fácil”.
“Puede tener si hay voluntad política varias alternativas”, sostuvo Enríquez. “Que los parlamentarios renunciemos a ese incremento, eso es lo más rápido, lo más real, coherente”, dijo. Agregó que ese dinero “puede ser dedicado a los departamentos de donde los congresistas somos oriundos”.
Esa opción ya la han anunciado algunas bancadas. “Nosotros lo que estamos planteando es donar el 100% de ese retroactivo que se está generando”, precisó el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, anotando que probablemente hoy mismo le estarían enviando una carta a las direcciones administrativas de Senado y Cámara para informar los números de cuenta a los que se debería consignar el incremento. Es decir, que “ni siquiera nos ingrese, sino que de una vez se vaya a la fundación que haría las diferentes obras en el país con ese dinero”.
Sin embargo, hay otra alternativa. “Incluso sin que se requiera un acuerdo político y sin que se requiera una ley o un acto legislativo, el Gobierno podría expedir un decreto que elimine uno de los tres componentes del salario de los congresistas”, consideró el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, quien recordó “que el salario de los congresistas está integrado por una prima técnica, un salario base y unos gastos de representación”. Para el parlamentario, “el rubro de la prima o de los gastos de representación podría disminuirse”.
Claro que en esa opción existe la sombra del impuesto solidario, que descuenta el 10% del salario de los más altos funcionarios del Estado con destino a la atención de la emergencia originada por el Covid-19. La norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Velasco anotó que “a todos nos hicieron el descuento” y ahora “lo tenemos que poner como un anticipo de impuestos de renta”.
Voluntad política
Ante eso, argumentó, “que es mejor buscar el acuerdo político y hoy las circunstancias están. Creería que hay ambiente político para generar eso”.
El senador Enríquez indicó que “el Gobierno o el propio Congreso podría presentar un proyecto de acto legislativo para regular los salarios de los congresistas y ojalá no solo de los congresistas, sino de las altas dignidades del Estado. Es decir, todos la mano al bolsillo”.
Sobre esto, Sanguino dijo que “siempre es bienvenido un acuerdo, pero mucho más bienvenido es que el acuerdo se cumpla y mucho más bienvenido es el liderazgo del Gobierno para que ese acuerdo se materialice en el Congreso, porque el Gobierno, si se decide a construir una mayoría a favor y además si se compromete a que un acuerdo político de esta naturaleza se materialice, ese acuerdo sale avante”.
Y en este punto surgen las lecciones del pasado reciente. “Nosotros hemos planteado ya en cuatro oportunidades la congelación de los ingresos de los congresistas”, afirmó Velasco, agregando que “la voluntad política está, nosotros siempre hemos hablado de eso. Creo que en cuatro oportunidades lo hemos hecho, de presentar proyectos de ley para congelar el salario de los congresistas pero no ha sido posible llevarlo a feliz término”.
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También Sanguino aseguró que “nosotros siempre hemos propuesto en esa dirección, pero ese acuerdo no fue posible en el gobierno anterior y precisamente por eso fue por lo que el primer punto de la consulta popular anticorrupción fue la disminución del salario de los congresistas”, punto que además “fue el más votado”.
Rememoró Sanguino que, tras los resultados de la consulta, el presidente Iván Duque “convocó a todos los partidos, incluyendo a su partido, el Centro Democrático, y allí avanzamos en un acuerdo político para presentar un proyecto de acto legislativo al Congreso de la República para reducir el salario de los congresistas”, pero “fue hundido en la Comisión Primera”.
De otra parte, Velasco, al igual que el senador Enríquez, insistió en que “no solo son los congresistas”, sino todos “los altos funcionarios del Estado, porque incluso los magistrados ganan más que los congresistas”.
“Sé que hay una animadversión por los congresistas, pero lo que diría es que, para generarle un ahorro de verdad al Estado, a todos los altos funcionarios se les congelara el salario por un tiempo importante y así generamos un ahorro en los próximos años”, reiteró el senador Velasco. “Hay muchos altos funcionarios que no van a donar ni van a hacer nada e igual tienen salarios importantes”, añadió
Proyectos
Poco antes de entrar, días atrás, en el receso de sus sesiones ordinarias el Congreso hundió un proyecto de reforma política que generó especial interés porque en uno de sus apartes se congelaba la asignación salarial de los altos cargos del Estado por cuatro años (es decir, a todos los servidores públicos con sueldos por encima de los 20 salarios mínimos), exceptuando al cuerpo diplomático, pero incluyendo, por supuesto, a los congresistas.
No era la primera vez que se buscaba reducir infructuosamente la asignación salarial de los congresistas.
Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, aseguró por esos días que la iniciativa fracasó "por falta de voluntad política", porque “la mesa directiva del Senado no agendó este debate y por tiempo es imposible que se pueda debatir y votar”.
De otra parte, en medio de la crisis generada por el coronavirus, desde el Congreso se han propuesto alternativas para que el salario de los congresistas ayude a paliar la difícil situación que viven muchos colombianos.
Es el caso del proyecto de ley número 200 de 2020 Cámara, “por el cual se crea un impuesto al salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones”, radicado el 21 de julio por el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático y que desde el 28 de octubre tiene ponencia positiva para primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara preparada por los representantes Fabio Arroyave (Partido Liberal), Gilberto Betancourt (Cambio Radical) y Edwin Valdés (Centro Democrático). El proyecto plantea gravar con 10% permanente el salario de los congresistas, con lo que se recaudarían aproximadamente $660.146.620 mensuales.