LUEGO DE que el Ministerio de Salud respondiera al senador Carlos Fernando Motoa sobre los pocos avances en la implementación de la Ley 2316 de 2023 que busca proteger a las víctimas de biopolímeros en el país, el congresista hizo un llamado urgente a esa cartera para acelerar ese proceso.

“En agosto del año anterior logramos una noticia importante para la salud de las colombianas: fue sancionada nuestra ley 2316 de 2023 para proteger a las víctimas de biopolímeros en el país. Sin embargo, seis meses después hemos encontrado algunos obstáculos en la implementación por eso llamó la atención del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo”, aseguró Motoa, ponente único de esta Ley.

Según explicó el senador en diálogo con EL NUEVO SIGLO, esto hace parte de lo inoperante que es el Ministerio de Salud del actual Gobierno en muchos temas.

“Ocurrió con los giros en las EPS, ocurrió también con la demora en la designación del director del Invima que es un cargo tan importante, retrasos de los no registros de medicamentos y, por supuesto, en un tema como implementación de una ley, aunque es fundamental para víctimas de biopolímeros, por estar dedicados a defender la reforma a la salud han descuidado otros temas como este”, sostuvo.

En este sentido, enfatizó que esta fue una ley que se construyó con las víctimas y que se aprobó por unanimidad en el Congreso de la República para darle protección a los mismos, así como beneficios en el plan de salud, prestarles apoyo psicológico y el retiro de las sustancias.

“Lamentable que no exista esta reglamentación y siguen sucediendo casos diariamente en Colombia y afectando la salud de las mujeres”, señaló.

La respuesta del Ministerio

Cristhian Abello, subdirector de Asuntos Normativos del Ministerio de Salud, respondió en nombre de la entidad al congresista que la Dirección de Promoción y Prevención de esa cartera, responsable de diseñar e implementar la estrategia de promoción y prevención sobre los riesgos y daños a la salud humana derivados de la aplicación de sustancias modelantes no permitidas, informó que en los meses de noviembre y diciembre de 2023, formuló el plan de trabajo y se conformó el equipo técnico para la elaboración de la política, la cual, actualmente se encuentra en la etapa de creación.

Al respecto, Motoa aseveró que las respuestas del Ministerio no le convencen.

“Hay puntos donde responsabilizan a terceros por las demoras, no asumen su responsabilidad, omiten los avances en la implementación de la ley. Lo que es cierto es que el plazo ya se venció que era en diciembre del año anterior y cerca del 95% de las víctimas de biopolímeros son mujeres en el país”, enfatizó.

El congresista solicitó al ministro que entienda la urgencia de que el Invima concrete el listado de sustancias modelantes permitidas en Colombia; que el Ministerio incluya dentro de los Planes de Beneficios en Salud (PBS) tratamientos para el retiro de la sustancia; que se disponga de un sistema de información interoperable que incluya un registro para el control de ventas de esas sustancias y que implemente las estrategias de promoción y prevención correspondientes.

Motoa recordó que con esta ley ya se establece un nuevo tipo penal a la persona que inyecte biopolímeros en el país.

“Además Colombia es uno de los países de la región donde más se practican cirugías estéticas. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica en el año 2017 Colombia ocupó el cuarto lugar en el mundo en cirugías plásticas realizadas, después de EE. UU., Brasil y México. Recordemos también que las mujeres son la mayoría de víctimas con un 95%”, concluyó.