La salida del país, el miércoles en la tarde, del gobernador del Magdalena, Diego Caicedo, ante amenazas contra su vida por parte del ‘Clan del Golfo’, generó ayer una polémica sobre el esquema de seguridad del mandatario seccional.

Ayer Caicedo señaló que “salí del país por información de fuente confiable de un plan inminente de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) o Clan del Golfo para atentar contra mi vida; salí para evitar se consumara el Plan”.

Dijo que hacía “responsable al Presidente y Uribe si las AGC atentan contra mi vida; uno por crear clima de desprecio a mi gobierno y al pueblo del Magdalena en favor de la impunidad de grupos paramilitares, y el otro por azuzar la extrema derecha en contra nuestra y de la izquierda colombiana”.

El gobernador sostuvo que el “uribismo expresado en sus clanes políticos-narco paramilitares han tratado de liquidarme moral y judicialmente con sus órganos de control; me han detenido injustamente, hecho todo tipo de montajes, y campañas difamatorias; ninguna les ha funcionado. Ahora planean asesinarme”.

Estas afirmaciones generaron una inmediata reacción de muchos sectores del Gobierno y el Centro Democrático.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que Caicedo cuenta con el esquema de protección más grande de un gobernador en el país.

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“Gobernador de Magdalena cuenta con medidas de protección robustas por parte de la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Su protección, como la de todos los mandatarios locales y departamentales, es prioridad para el gobierno nacional. Se investigan posibles amenazas en su contra”.

En declaraciones a Blu radio, Palacios indicó que a él y al titular de Defensa, Diego Molano, se les acercó un senador (que no identificó) para informarles que había datos sobre unas posibles amenazas contra el gobernador.

“En ese momento el Ministro de Defensa ordena inmediatamente al Director General de la Policía que se comunique con el gobernador para escuchar de dónde pueden venir esas posibles amenazas” e iniciar el proceso de investigación y verificación respectivo, así como para tomar las medidas de seguridad del caso.

“… En ese sentido, me llega una carta (el miércoles) en donde la firma el gobernador, la firma la alcaldesa de Santa Marta, la hermana del gobernador, en donde envían información sobre que a través de una fuente, tal vez un exfuncionario del CTI, les entregan una información sobre eventuales intentos contra la vida del gobernador por parte del Clan del Golfo… Toda esa información está siendo validada” por las autoridades.

Puntualizó que el gobierno Duque no brinda protección a los funcionarios dependiendo de su orientación política, sino que ha trabajado con todos los alcaldes y gobernadores del país.

“Aquí lamentablemente vemos una combinación de factores. Unos temas de seguridad y otras afirmaciones políticas a las que nos tiene acostumbrado el gobernador…”, dijo Palacios.