![Nuevo Siglo Nuevo Siglo](/sites/default/files/2020-11/gavirias.jpg)
El artículo 225 de la Constitución señala claramente que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición es determinada por la ley, es un cuerpo consultivo del Presidente de la República, en el entendido de que este tiene claramente la facultad exclusiva y excluyente de dirigir la política exterior del país.
Ese mandato formal, que como se dijo tiene rango constitucional y legal, no es, sin embargo, obligatorio. Es discrecional del Jefe de Estado convocar a esa instancia en donde tienen asiento permanente los expresidentes de la República, el Vicepresidente (a), seis congresistas de las comisiones segundas del Congreso y dos miembros independientes definidos por el Mandatario.
De hecho, es innegable que citar a la Comisión Asesora se volvió en las últimas dos décadas un tema bastante complicado porque el factor de la contradicción o el respaldo político y partidista coyuntural terminó primando, sobre todo en los tres últimos gobiernos (Uribe, Santos y Duque), en medio de la fuerte polarización.
Prueba evidente de esta circunstancia fue lo ocurrido con la decisión anunciada el pasado 20 de noviembre por la canciller Claudia Blum, según la cual el Gobierno había citado para ayer a la Comisión a una sesión de carácter informativo sobre “asuntos de la política exterior colombiana relevantes para la reactivación económica”.
Sin embargo, lo que Blum catalogó ese día como la oportunidad para “un espacio cordial de diálogo”, terminó convertido en una polémica de marca mayor.
De un lado, porque esta primera convocatoria de la Comisión (después de dos años y tres meses de mandato de Duque) no fue una decisión unilateral de la Casa de Nariño sino que se hizo por una orden del Consejo de Estado que conminó, a finales de octubre, a citarla. Esto tras confirmar una decisión de primera instancia del Tribunal de Cundinamarca, que resolvió positivamente una solicitud de varios congresistas que consideraron que el Gobierno debía citar esa instancia consultiva a sesiones informativas.
Y, de otra parte, porque a partir de esa orden judicial la reunión ayer de la Comisión Asesora no prosperó como se esperaba.
De un lado, el expresidente y jefe único del liberalismo, César Gaviria, declinó su asistencia, afirmando que “no es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior".
En carta a la ministra de Relaciones Exteriores, Gaviria dijo que "teniendo en cuenta que la citación se hace con el objetivo de cumplir la orden dada por el Consejo de Estado, de manera muy cordial le expreso mi decisión de no asistir a una reunión que, en mi opinión, desnaturaliza la razón por la cual se creó hace ya varias décadas".
“Tampoco me interesa recibir información sobre decisiones de política exterior ya tomadas y con las que tengo grandes discrepancias, no expresadas públicamente, como las de intervenir de múltiples maneras en el reciente debate electoral de los Estados Unidos o las de poner a nuestro país en situación de subordinación, en los temas relacionados con enfrentar el tráfico nacional e internacional de narcóticos y otras sustancias”, manifestó el expresidente.
- Le sugerimos: La canciller Blum anuncia estrategia para reactivación
Puntualizó que "cuando haya un gobierno que quiere construir consensos nacionales sobre la dirección de nuestra política exterior, estaré atento a aportar lo que pueda en esa dirección".
El expresidente Andrés Pastrana también se excusó de asistir argumentando problemas de agenda, pero consideró urgente retomar este mecanismo en medio de esta difícil coyuntura. “Deliberadamente el gobierno Santos profanó el ejercicio democrático incluyente y deliberativo de la comisión y optó por sustituir la política de Estado por una estrategia del gobierno”, manifestó.
Entretanto, el expresidente Ernesto Samper indicó que se excusó de “asistir a la Comisión por varias razones. Porque el Presidente ha debido presidirla. Porque no tiene sentido una reunión ‘informativa’ con temario confuso y difuso. Porque el Gobierno la convocó presionado por el Consejo de Estado y no como el gesto amistoso de siempre”.
Por último, el expresidente Álvaro Uribe tampoco pudo asistir a la reunión de ayer por un problema de agenda. Igualmente no concurrió el exmandatario Juan Manuel Santos, cuya rivalidad política con Duque, Uribe y Pastrana es más que conocida.
Así las cosas, a la reunión de ayer, que versó sobre temas de reactivación económica y cómo ayuda la política exterior en la misma, asistieron Blum, los congresistas, la Vicepresidenta y los dos delegados designados por Duque: la excanciller Noemí Sanín Posada y al exministro Alfonso Gómez Méndez.
Blum, tras la reunión, hizo un balance positivo de la misma e indicó que hubo importantes aportes de los asistentes. “Es importante que la Comisión Asesora haya abordado la reactivación porque, ante una crisis global, las relaciones internacionales son centrales en el diálogo político, económico y de cooperación que permite avanzar a los países hacia una recuperación sostenible”, explicó.
“Tuvimos un diálogo muy amable y constructivo, en el que se resaltó la importancia de la política exterior para enfrentar una pandemia de alcance global. En todos los países, las cancillerías están trabajando para fortalecer el diálogo político, las relaciones económicas, la cooperación en temas sociales, de salud, y en generación de empleo, asuntos que tienen alta importancia para el país y los miembros de la Comisión”, puntualizó.
¿Y ahora?
Blum ya había anunciado el 20 de noviembre que a partir de ahora se citarán “sesiones informativas” cada dos meses y los temas serán definidos por la Cancillería.
Más allá de los asuntos típicamente políticos, lo que parece claro es que desde el Congreso ya se escuchan voces que insisten en reformar la facultad de convocar a la Comisión Asesora.
De hecho, ya el año pasado se debatió un proyecto al respecto que terminó supeditado a que se conformara una Mesa de Trabajo conjunto entre el Gobierno y Congreso que permitiera darle viabilidad a dicha iniciativa.
Al final el proyecto fue aprobado en primer debate el 17 de junio pasado en la Comisión II de Senado y el 4 de septiembre se radicó ponencia para segundo debate.
“… La falta de rigurosidad por parte de dicha Comisión, su carácter exclusivamente consultivo, y la politización en algunos casos de sus recomendaciones o reuniones ha llevado a desdibujar su propósito inicial, lo que genera urgencia en la tecnificación del asesoramiento del Presidente en estos temas, pues permitiría que de forma sustancial se establezcan lineamientos concretos sobre la Política Exterior de Colombia, sin importar el gobierno en turno, creando políticas de Estado y no de Gobierno”, señalaron los ponentes.
Así las cosas, se propone que la Comisión la integren los expresidentes, tres senadores y tres representantes de las Comisiones Segundas y dos excancilleres designados por el Presidente de la República. También cuatro expertos de reconocida trayectoria en el estudio y análisis de las relaciones internacionales, seguridad y defensa nacional así como dos voceros gremiales, todos designados por el Jefe de Estado.
Las funciones principales de la Comisión serían: análisis de los riesgos y las oportunidades para la promoción y la defensa de los intereses nacionales de Colombia en la escena internacional; identificación de áreas prioritarias para la acción exterior; acompañamiento a la gestión de situaciones de crisis; política internacional de Colombia; negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos; seguridad exterior de la República; límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial y zona contigua y plataforma continental; reglamentación de la Carrera Diplomática y Consular; y proyectos de ley sobre materias propias del ramo de Relaciones Exteriores.
Si bien se mantiene el carácter consultivo y reservado de las sesiones, se plantea que la Comisión entregará al Congreso cada año un informe de apreciación del marco estratégico de la política exterior de Colombia y sus recomendaciones, tanto como la información de su gestión a lo largo del año.
Asimismo, se establece que, al iniciar cada periodo presidencial, la Comisión deberá entregar ante el Congreso un Informe con la valoración de la Política Exterior del Presidente saliente, en el que se evidencien los avances, retrocesos y desafíos en relación con la política exterior del país.