En medio de la controversia desatada por la decisión del presidente Gustavo Petro de no incrementar los salarios de altos funcionarios en el 2024, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello insiste en que los incrementos son necesarios en conformidad con las normas y leyes que rigen el funcionamiento del sector público.

Varios sectores han reaccionado ante el anuncio del presidente Petro de no subir los salarios de altos funcionarios en el próximo año, tras el revés de la Corte Constitucional a una parte de la reforma tributaria. La Rama Judicial también se pronunció, pero la procuradora Margarita Cabello destacó con un posicionamiento firme.

En el marco del XX Congreso Nacional de la Infraestructura, Petro reafirmó su posición: "No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público. Esto en las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas, etcétera." Este pronunciamiento, además, fue respaldado por varios sectores políticos que consideran necesario recortar gastos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, sin referirse directamente al presidente, dijo en la Gran Cumbre de Justicia 2023: "Anunciar un recorte de la Rama Judicial como consecuencia de una decisión de una alta Corte es inaceptable."

La Procuradora Margarita Cabello respondió al anuncio de Petro, argumentando: "Hay normas y hay leyes que determinan el funcionamiento de todo el sector público, y una de esas reglas generales es que por lo menos el IPC tiene que ser respetado porque son los movimientos propios del costo de la vida."

Durante la Gran Cumbre de Justicia 2023, la Procuradora reiteró su posición, subrayando que el congelamiento de salarios va en contra de las leyes que rigen el sector público: "El presidente de la República tiene funciones específicas para determinar los aumentos salariales, y debe ceñirse a esas reglas".

Aurelio Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, se sumó a la crítica, calificando la propuesta de Petro como "nefasta" y destacando la necesidad de mayores recursos para garantizar el acceso a la administración de justicia en todo el país.

La procuradora Cabello destaca la importancia de respetar el IPC y las leyes que regulan los aumentos salariales en el sector público. Su posición desafía la decisión presidencial y refuerza la idea de que el Gobierno debe cumplir con las obligaciones constitucionales de garantizar ingresos consagrados.