SE HA insistido en la lucha contra la corrupción en Colombia en poder levantar el velo corporativo, es decir la figura que blinda a los socios de las empresas para imponerles las consecuencias jurídicas o cumplimiento de las obligaciones. Esto se logró en la Ley 2195 de 2022 en las investigaciones a cargo de la Contraloría. Sin embargo, recientemente la Procuraduría pidió a la Corte declarar esto inexequible, en un concepto sobre una demanda que argumenta que se afecta el debido proceso, entre otros.

El artículo demandado en la citada Ley es el 65, el cual señala que en cualquier momento de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal que adelante la Contraloría General de la República, “si de las pruebas recaudadas se considera necesario establecer el beneficiario real de las operaciones o transacciones realizadas por personas jurídicas presuntamente responsables, el director de la actuación correspondiente podrá decretar como prueba el levantamiento del velo corporativo con el fin de identificar a los controlantes, socios, aportantes o beneficiarios reales, y de determinar si procede su vinculación como presuntos responsables al proceso”.

El demandante solicita que se declare la inexequibilidad de este artículo por desconocer la naturaleza de la responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, tal y como por afectar de forma desproporcionada las libertades de empresa, así como el debido proceso.

Argumenta el accionante que dicha Ley permite la operación de una figura “lesiva para las personas jurídicas”, a efectos de controlar a sujetos que no tienen la calidad de gestores fiscales y, por ello, “no pueden llegar a ser objeto de responsabilidad fiscal”.

¿Qué dice la Procuraduría?

El Ministerio Público indica en un concepto que hizo llegar a la Corte Constitucional a propósito de esta acción, firmado por la procuradora General Margarita Cabello, que la demanda está llamada a prosperar porque “la norma acusada no supera un test de razonabilidad debido a que persigue una finalidad prohibida por la Constitución a través de una medida innecesaria y desproporcionada”.

La Procuraduría señala que el Código de Comercio reconoce que la persona jurídica (cualquier empresa) una vez es conformada, constituye un ente distinto tanto de las personas que concurrieron para su integración, como de sus accionistas y beneficiarios.

Recuerda la procuradora General, Cabello Blanco, que ya la Corte tumbó el artículo 37 de la Ley 2195 de 2022, en donde se presupone que “sin ser gestores fiscales”, los particulares pueden ser “objeto de responsabilidad fiscal” cuando “participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños al patrimonio público”.

Por tanto, la Procuraduría dice frente a este nuevo artículo demandado de la Ley anticorrupción (el 65) que aprobó el Congreso en 2022, que “establece una herramienta para desarrollar una tipología de responsabilidad incompatible con la Constitución porque busca perseguir a los individuos relacionados con una persona jurídica (controlantes, socios, aportantes o beneficiarios) que no tienen capacidad decisoria frente a bienes o recursos públicos”.

Dijo también que en dicho concepto a la Corte, “el levantamiento del velo corporativo es una medida que limita las libertades de empresa, por lo cual su operación debe ser proporcional a la satisfacción de los bienes superiores perseguidos a fin de no restringir dichas prerrogativas fundamentales injustificadamente”.

Cabe recordar que en agosto pasado el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, reveló hallazgos del ente de control en el manejo de dineros de los OCAD Paz y las regalías.

Indicó que en una auditoría que la Contraloría llevó a cabo por 10 meses se encontraron hallazgos fiscales por el orden de los $ 111.000 millones, sobre presuntas irregularidades en algunos proyectos ejecutados en distintas regiones.

En esa oportunidad Zuluaga dijo a la revista Semana que “ahora viene una etapa interesante y es que estos hallazgos, por ejemplo de regalías, que son los $ 227.000 y los del OCAD Paz que son $ 111.000 millones, se trasladan a la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías y en esta unidad ellos tienen ahora la obligación, pero también la oportunidad de hacer algo que en diciembre se decretó aquí en la Contraloría y fue el uso de una competencia que el Estatuto Anticorrupción le otorgó al ente de control y es poder hacer levantamiento del velo corporativo que nos permite hacer uso de la herramienta e ir a la contabilidad de la empresa reportada, mirar sus transacciones y saber cómo movieron los recursos”.