Con un llamado a abordar los flujos migratorios masivos desde lo regional, con enfoque de derechos humanos y una mirada de desarrollo y no solo de asistencia humanitaria, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, participó en Buenos Aires (Argentina), en el Diálogo de cancilleres y altas autoridades del 39º Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). “Este es un gobierno de derechos. Y así, con ese enfoque, vamos a abordar los flujos migratorios masivos”, dijo.
En el encuentro, en el que participaron más de 29 países, la alta funcionaria anunció la convocatoria de Colombia a una conferencia regional migratoria que permita la unión de los países del hemisferio en torno al fenómeno migratorio, cuya aproximación requiere de la responsabilidad compartida como eje articulador.
La viceministra de Asuntos Multilaterales también afirmó que el Gobierno de Colombia está adoptando una política exterior feminista “que garantizará el papel de las mujeres en el desarrollo sostenible”.
Además, resaltó la apuesta del Gobierno del Cambio por una reinserción política y socioeconómica en América Latina: “Tenemos una visión de sociedad en torno a la paz total y no puede haber paz total sin desarrollo sostenible”.
Por último pidió a la Cepal mantener la enorme riqueza natural y biodiversidad de nuestros países: “Es deber de todos nosotros adelantar las acciones necesarias para defenderla, fortalecer la transición energética y el crecimiento verde”.
Cepal es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y el único órgano intergubernamental de la Secretaría de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Se enfoca en temas relacionados con desarrollo sostenible y asentamientos humanos, recursos naturales, desarrollo económico, comercio internacional e integración, asuntos de género, entre otros.
Vale recordar que 12 países de América Latina firmaron una declaración para una agenda migratoria regional, en el marco de la XX Conferencia Suramericana sobre Migraciones.
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La trata de personas
De otro lado, Colombia presentó y lideró las negociaciones de la resolución que se adoptó durante la 11ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP Untoc, por sus siglas en inglés), encaminada a mejorar la implementación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Es de anotar que Colombia se hizo parte de este Protocolo al tiempo que adhirió a la Convención en el 2004.
Colombia fue uno de los tres países, de los 190 Estados Parte, en presentar una resolución temática en el marco del foro internacional más importante sobre la lucha contra la delincuencia transnacional organizada. El texto adoptado está encaminado a fortalecer la cooperación internacional, afrontar los desafíos que presenta el abuso de las tecnologías de la comunicación por parte de los traficantes de personas y mejorar las herramientas e información disponible para así facilitar la toma de decisiones basadas en la evidencia.
Así mismo, la resolución recoge la necesidad de adoptar medidas que tengan en cuenta los factores que hacen más vulnerables a las personas frente a la trata. Este texto propende por la incorporación del enfoque de género como una perspectiva esencial para analizar, prevenir y combatir este delito, que afecta mayoritariamente a las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, así como la importancia de aplicar un enfoque centrado en las víctimas para la implementación de las políticas y acciones de protección y prevención.
La resolución también hace un llamado a los Estados a mejorar sus capacidades en materia de tecnologías de la información, con el fin de poder encontrar la mejor manera de detectar y enfrentar a los delincuentes que se dedican a esta actividad.
Por último, la resolución traza el camino que tanto la COP Untoc como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito deben considerar en materia de iniciativas y futuros proyectos sobre esta materia.
Esta resolución fue adoptada el último día de la Conferencia y fue copatrocinada por Andorra, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Unión Europea (también en nombre de todos sus miembros), Guatemala, Honduras, Israel, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Estado de Palestina, Suiza, Tailandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.