El cuarto ciclo de negociación arranca con un alto grado de desconfianza ciudadana con un equipo gubernamental nuevo
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Con un equipo gubernamental nuevo, un alto grado de desconfianza ciudadana y en medio de la campaña electoral para Congreso y Presidencia, las partes vuelven a la Mesa con la urgencia de imprimirle productividad a las tratativas y evitar que el rompimiento de la tregua y una eventual escalada violenta condenen al fracaso un proceso que lleva más de tres años, entre fases secreta y pública
Cuando este martes los negociadores del Gobierno y la guerrilla del Eln reanuden las negociaciones de paz, ese proceso estará afrontando su más dura prueba de fuego desde que hace tres años comenzó la etapa de los diálogos secretos y en febrero del año pasado se instalaran las tratativas en Quito.
Es evidente este cuarto ciclo de negociación arranca con tensión y prevención de lado y lado, porque así como es muy posible que las conversaciones se puedan destrabar de forma rápida debido a la voluntad política expresada por el Ejecutivo y la guerrilla de mantener el proceso, también puede ocurrir lo contrario, es decir que la Mesa se rompa porque ninguno de los bandos esté dispuesto a ceder.
Son cuatro los retos que el proceso tiene sobre la mesa y que deberán ser superados en el corto plazo si la intención es que la negociación pueda ser continuada por el próximo gobierno, sea cual sea el Presidente que asuma la titularidad de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.
Por el momento, de acuerdo a los pronunciamientos de las partes, podría decirse que tanto el Gobierno como el “Comando central” del Eln le están apostando a que no pase lo que ocurrió en febrero de 2002, cuando el entonces presidente saliente Andrés Pastrana decidió dar por terminado el proceso de paz que había desarrollado durante los tres años anteriores con las Farc en la zona de distensión del Caguán, en Caquetá.
Como se recuerda el secuestro por parte de un comando de las Farc de un avión comercial que obligaron a aterrizar en una carretera del Huila, para llevarse a un senador que iba entre los pasajeros, fue la gota que rebosó la copa. Aunque el proceso había tenido múltiples crisis por las acciones militares y terroristas de la guerrilla, estas habían sido superadas con mediación nacional e internacional. Pero en esta última ocasión Pastrana, muy debilitado políticamente y con un proceso de paz muy desprestigiado, dijo “no más” y acabó con tres años de conversaciones, pese a que ya tenía una agenda de negociación definida y se estaba en la vía de los primeros acuerdos humanitarios, incluso sobre el secuestro.
El panorama en el proceso de paz con Eln es hoy muy similar: la productividad de la negociación es muy baja, la desconfianza de la ciudadanía sobre la voluntad de paz de la guerrilla es supremamente alta, el gobierno Santos está muy debilitado políticamente y la campaña electoral para Congreso y Presidencia de la República tiene el tema de la paz, de nuevo, como eje central de la puja proselitista.
Todo lo anterior ha redundado en que exista un debate creciente en torno a si deben mantenerse las tratativas que adelanta un gobierno saliente, muy débil y desprestigiado, o si lo mejor sería romper o congelar la Mesa hasta que se defina el nuevo mapa político parlamentario y quién será el nuevo Jefe de Estado que, según la Constitución y la ley, tiene el manejo exclusivo de los intentos para buscar una salida negociada con los grupos armados ilegales que continúan combatiendo al Estado.
Como se ve, el reto que arranca este martes para el proceso de paz con la segunda guerrilla más antigua del país, ahora la primera tras la desmovilización de las Farc el año pasado luego del acuerdo de paz con el Gobierno, es muy alto y seguramente lo que pase en Quito marcará una parte de la campaña electoral del primer semestre de 2018.
Empujar productividad
El primero de esos cuatro retos que tiene que superar la Mesa es el relacionado con la productividad misma de la negociación.
No se puede negar que tras once meses de conversaciones es muy poco lo que se ha avanzado en la discusión de los puntos de la agenda temática que se anunció en marzo de 2015, durante una rueda de prensa en Caracas.
Dicha agenda está comprendida en seis puntos centrales: Participación de la sociedad; democracia para la paz; transformación para la paz; víctimas; fin del conflicto armado; e implementación dirigida a ejecutar los acuerdos pactados.
Una parte de estos once meses de funcionamiento de la Mesa se fue en temas logísticos, así como en discusiones relativas a las demoras del Eln para liberar los secuestrados en su poder. Sin embargo, en lo que tiene que ver con acuerdos parciales sobre los primeros puntos de la agenda es muy poco lo que se ha logrado.
Esta demora era predecible porque lo primero que iban a abordar las delegaciones de lado y lado era, precisamente, cómo sería la participación de la sociedad civil como un tercer actor de la Mesa, sobre todo en materia propositiva en cuanto a temas y problemáticas a solucionar para alcanzar una paz estable y duradera.
Como se sabe, esa es una de las principales diferencias entre la mecánica de negociación que se tuvo con las Farc y la que se está aplicado con el Eln. Mientras que la mesa de La Habana fue marcadamente bilateral y, por lo mismo, otros sectores nacionales de carácter político, social, gremial y de otra índole tuvieron una participación tangencial, en Quito se está dando pie a la eterna petición del Eln para que la “sociedad civil” sea protagonista principal y permanente de las conversaciones.
Según lo dijo hace dos semanas el ex jefe negociador gubernamental, Juan Camilo Restrepo, las conversaciones no solo se han circunscrito al inédito pacto sobre cese del fuego y de hostilidades, sino que “hemos comenzado a desarrollar la agenda”.
Sobre ese punto de la sociedad civil, explicó el proceso de las llamadas “audiencias preparatorias” que tuvieron lugar en Tocancipá, Cundinamarca.
Señaló Restrepo que 200 estamentos, escogidos unos por el Gobierno y otros por el Eln “fueron en plena libertad, orden y disciplina a presentar los puntos de vista de la sociedad civil en esas audiencias (…) cuyos resultados han sido tabulados y están muy bien ordenados por el PNUD que fue el organizador logístico de estos encuentros”.
Dichos encuentros, según Restrepo, fueron muy importantes porque “son el pórtico que demuestra que sí hay metodología y orden para que, como reza el punto número de la agenda común con el Eln, se pueda hacer una consulta ciudadana amplia, probablemente en el primer semestre del año”.
Explicó que esa consulta ciudadana amplia “debe ir acompañada de un telón de fondo que se llama prosecución de continuidad del cese al fuego”.
La tregua
Como se dijo, en ese proceso de las “audiencias preparatorias” se fue buena parte del segundo semestre del año pasado, con la única novedad de que las partes también trabajaron en la dirección de buscar acuerdos parciales para disminuir la intensidad de conflicto armado. Y fue, precisamente, en ese ámbito de discusión en el que se logró el que se considera como mayor logro de los once meses de negociación.
A comienzos de septiembre las partes anunciaron que habían llegado a un principio acuerdo para implementar un “cese el fuego bilateral y temporal” que comenzaría el 1 de octubre y estará vigente, precisamente, hasta este 9 de enero.
“Este es un hecho de marcada significación histórica: es el primer acuerdo de esta naturaleza que firma el Gobierno Nacional con esta guerrilla en más de 50 años, y que constituye el primer paso para ir avanzando a una paz definitiva con el Eln que conduzca al fin del conflicto con este grupo alzado en armas y al desarrollo de la agenda que se pactó en marzo de 2016”, indicaron las partes en un comunicado que sorprendió a todo el país y le dio un aire a un proceso que, como se dijo, siempre ha estado bajo una alta presión y poco margen de confianza de la opinión pública.
Un aire más importante aún porque no solo se pactó la suspensión de operaciones militares ofensivas entre la Fuerza Pública y esa guerrilla, sino también la “suspensión de hostilidades durante la vigencia del cese al fuego”, lo que implicó que el Eln se comprometiera a no perpetrar secuestros, atentados contra la infraestructura (sobre todo la petrolera), reclutar menores de edad e instalar campos minados. A su turno, el Gobierno se comprometió a fortalecer el llamado sistema de alertas tempranas para la protección de los líderes sociales, adelantar un programa de carácter humanitario entre los presos del Eln y no judicializar la protesta social.
Para que la tregua tuviera éxito las partes acordaron que sería supervisada por veedores independientes, encabezados por la ONU y con el acompañamiento de la Iglesia Católica.
Como se dijo, el cese el fuego estará vigente hasta el próximo martes y según el Gobierno se ha cumplido de manera satisfactoria, salvo algunos incidentes.
De acuerdo con Restrepo, que renunció a mediados de diciembre “por razones personales” y será reemplazado por el ex vicepresidente Gustavo Bell, las evaluaciones efectuadas, la última por Naciones Unidas y lglesia Católica en su calidad de veedores y verificadores, señalan que “hasta el momento (…) el balance es muy satisfactorio. No se ha presentado ningún incidente armado entre la Fuerza Militar y el Eln”. Agregó que “gran parte de los compromisos humanitarios se han cumplido satisfactoriamente”.
En su opinión, ese cumplimiento es “un hecho muy importante y muy significativo porque abre puertas (…) para que se vaya jalonando el resto de la agenda”.
Sin embargo, en distintas regiones se denunció que el Eln sí rompió la tregua de manera muy puntual, sobre todo en Chocó y Nariño, en donde se acusó a esa guerrilla de estar detrás de asesinatos de líderes sociales, secuestros, desplazamientos forzados de población, presión a campesinos cocaleros y hasta de trenzarse en combates armados con bandas criminales.
El Eln, por el contrario, aduce que sus estructuras armadas cumplieron con la tregua y que fue el Gobierno y la Fuerza Pública los que lanzaron operativos militares contra campamentos y líderes subversivos. Incluso, a la par de retirarse de la comisión de verificación de incidentes, aduciendo que sólo se investigaban las quejas contra la guerrilla y no contra el Estado, el “Comando Central” advirtió que la tregua no se prorrogaría automáticamente, lo que abrió de inmediato la posibilidad de que esa facción subversiva se reactive militarmente este martes.
"La mesa de diálogos no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese al fuego culmine el 9 de enero", afirmó Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’, la semana pasada.
Tras reiterar que las acciones del Gobierno y los militares dejaron "en crisis dicho esfuerzo", ‘Gabino’ recalcó que "el Eln no renuncia a la paz y en tal sentido no se levantará de la mesa".
¿Cómo mantenerla?
Visto todo lo anterior, prolongar la tregua es, por ende, el segundo reto que tendrán las delegaciones a partir de este martes, ya que si la guerrilla reactiva su accionar militar y terrorista estaría dándole una peligrosa estocada al proceso.
Este es un asunto bastante delicado toda vez que es evidente que pese a las violaciones puntuales de la tregua, el país sí ha sentido y reconocido que esa guerrilla disminuyó de forma sustancial su accionar violento en los últimos meses. Las propias estadísticas oficiales así como de la ONU y entidades no gubernamentales nacionales e internacionales confirman esa circunstancia.
Tanto el presidente Santos como Bell y el nuevo equipo negociador, que fue oficializado ayer sábado en Cartagena por el Jefe de Estado, indicaron que una de las prioridades a partir del martes será, precisamente, evitar que se rompa la tregua y buscar mantenerla mientras se pactan nuevas reglas del juego.
Es claro que si el cese el fuego se mantiene, la posibilidad de supervivencia del proceso es mayor a si se rompe y vuelven no sólo las hostilidades armadas sino los ataques a los oleoductos y los hostigamientos a la población civil.
No hay que olvidar que el Eln está siendo acusado de que en algunas regiones se está asociando con las disidencias de las Farc para combatir a las bandas criminales y adueñarse de operaciones de narcotráfico y control de narcocultivos.
Sin embargo, también es cierto que al interior de esa guerrilla hay varios mandos y frentes de guerra que consideran que tanto la tregua como el proceso de paz están debilitando al Eln, razón por la cual son partidarios de romper ambos escenarios, lanzar una escalada violenta para volverse el tema central de la campaña y, de paso, ‘medirle el aceite’ al nuevo Presidente que sea elegido en junio.
Campaña, telón de fondo
Ese, precisamente, es el tercer reto que tiene el proceso de paz del Gobierno y el Eln: que tendrá que enfrentar esta prueba de fuego teniendo como telón de fondo la campaña por el Congreso y la Presidencia de la República.
Para nadie es un secreto que tanto la puja por el Parlamento como por la Casa de Nariño tiene, de nuevo, como uno de los principales temas de debate y de posicionamiento de los candidatos el relativo a la implementación del acuerdo de paz con las Farc y la marcha de las tratativas con el Eln.
Las coaliciones y candidatos de derecha y centro derecha, en donde están Germán Vargas, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Juan Carlos Pinzón, es sabido que tienen una postura crítica frente a ambos procesos, en tanto que en la otra orilla, es decir del centro a la izquierda del espectro político, se ubican los aspirantes que son más proclives a esas negociaciones, es decir Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Clara López, Piedad Córdoba…
Es obvio que pase lo que pase en Quito, los aspirantes a la Casa de Nariño y sus respectivas caudas partidistas y parlamentarias tienen que empezar a opinar sobre si deben o no mantenerse estas negociaciones o cuáles ajustes se les harían, según quien sea escogido como el sucesor de Juan Manuel Santos.
Como se ve, será imposible para Gobierno y el Eln abstraerse de la campaña y de allí que las decisiones que se empiecen a tomar en la Mesa tendrán un impacto en la contienda proselitista, lo que seguramente, a su vez, determinará el futuro del proceso a corto y mediano plazos.
Juntos, pero no revueltos
El cuarto reto, pero no por ello menos importante que los otros, se refiere a la tensión que en la Mesa de Quito produce todo lo que ha ocurrido con el proceso de implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Es claro que los elenos están analizando detenidamente los ajustes que hizo la Corte Constitucional a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); la lupa de la Corte Penal Internacional sobre lo que serán las primeras condenas en el marco de la justicia transicional que se creó en Colombia; el régimen de no extradición; el desarrollo de la participación política del nuevo partido de las Farc en los comicios a Congreso y presidenciales, e incluso el alto, bajo o medio nivel de cumplimiento de los pactos sobre reinserción a la vida civil de los desmovilizados…
Si bien es cierto que la cúpula del Eln en repetidas ocasiones ha insistido en que su proceso no es subsidiario ni se atañe a lo pactado con las Farc, es apenas evidente que en temas como la justicia transicional, el margen de impunidad a los culpables de delitos graves y otros asuntos de primer orden, el Estado –al tenor de los fallos de la Corte Constitucional- no puede ir más allá.
Como se ve, este martes cuando las delegaciones del Gobierno y el Eln se sienten de nuevo a negociar, tendrán un marco circunstancial bastante complicado. Son cuatro retos que les resultan imposibles de esquivar y que, en el fondo, significarán, según las decisiones que se tomen en la Mesa, si el proceso de paz pasa este semestre electoral y se le hereda al nuevo gobierno… O si, por el contrario, el ritmo de las tratativas llega a una sinsalida que no sólo rompa el cese el fuego sino el proceso mismo. Habrá que esperar qué pasa.