SEIS MESES antes del relevo de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, el presidente Gustavo Petro envió ayer a la Corte Suprema de Justicia la terna de candidatos para escoger a la cabeza del ente acusador.

La baraja está compuesta por tres juristas mujeres: Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra.

"He escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de Fiscal General de la Nación; las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia", afirmó el presidente.

Es la primera vez en la historia del país que la terna para reemplazar al Fiscal General se envía con tanta antelación al máximo tribunal de la justicia ordinaria.

De hecho, Barbosa, quien fue ternado en su momento por el presidente Iván Duque, de quien venía de ser su consejero en materia de derechos humanos, se posesionó el 13 de febrero del 2020.

El entonces mandatario remitió esa terna a la Corte el 3 de diciembre de 2019, y de la misma hicieron parte tanto Barbosa como el excomisionado de paz, Camilo Gómez Alzate, y la jurista Clara María Abad.

La elección de Barbosa se realizó por parte del pleno de la Corte Suprema el 30 de enero de 2020 y dos semanas después asumió el cargo en reemplazo de Fabio Espitia Garzón, quien había reemplazado a Néstor Humberto Martínez, ternado por el presidente Juan Manuel Santos en 2016. Sin embargo, este alto funcionario renunció el 15 de mayo de 2019.

La remisión de la terna por parte de Petro ha estado antecedida por una fuerte polémica entre el Gobierno y el ente acusador. Como se sabe, durante los doce meses que está a punto de cumplir la actual administración se han presentado sucesivas controversias entre el Ejecutivo y la Fiscalía alrededor de temas como la implementación de la política de “paz total”, la autonomía funcional del ente acusador, los procesos penales contra algunos integrantes del Gobierno e incluso a investigación en curso por la financiación de la campaña electoral del actual mandatario, así como por el escándalo de las ‘chuzadas’ ilegales e interrogatorios no autorizados a las empleadas domésticas de la hoy exjefe de gabinete y ex mano derecha del jefe de Estado, Laura Sarabia.

De igual manera, se han presentado fuertes roces entre la Casa de Nariño y la Fiscalía en torno a los procesos contra el diputado por el Atlántico, Nicolás Petro (hijo del mandatario) y Juan Fernando Petro (hermano del presidente).

El primero, como se sabe, fue imputado meses atrás tras revelarse, por parte de su expareja sentimental, Daysuris Vásquez, que había recibido dineros de personas, presuntamente, relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo con destino a la financiación de la campaña presidencial de Petro el año pasado. Sin embargo, esos recursos no habrían ingresado a las cuentas de la campaña y el dirigente político se quedó con ellos para comprar una casa y sufragar gastos personales.

Precisamente, el sábado pasado el diputado y Vásquez fueron capturados por la Fiscalía, que en el transcurso de esta semana sindicó al primero de incurrir en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y a la segunda de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

En cuanto al hermano del presidente, está siendo investigado por sus visitas, en plena campaña presidencial, a personas presas por narcotráfico y pertenencia a bandas criminales de alto impacto. Desde la oposición se denunció en su momento que en esas visitas se habrían tratado temas electorales e incluso, presuntamente, prometido flexibilidades penales y penitenciarias si Petro llegaba a la Presidencia.

Dura antesala

Por todo lo anterior, se han presentado muchas controversias en torno a la presentación de la terna para Fiscal General por parte del presidente Petro. Algunos sectores contradictores de la Casa de Nariño advierten el riesgo de que el jefe de Estado quiera tener “un fiscal de bolsillo”, más aún después de que meses atrás llegara a insinuar que como presidente era el superior jerárquico del ente acusador, afirmación que rechazó Barbosa, recordando que constitucionalmente el Fiscal no depende ni está subordinado al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, voceros gobiernistas y del Pacto Histórico acusan a Barbosa de actuar con sesgo político y señalan a la oposición de querer quitarle a Petro el derecho a ejercer la facultad constitucional de presentar la terna para Fiscal, tal como lo han hecho todos los mandatarios desde la Constitución de 1991. Incluso ayer el propio Petro pidió a la Corte que en los casos penales contra sus familiares se designe un fiscal ad hoc.

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¿Qué viene ahora?

Tras la presentación de la terna ayer viene un proceso que puede durar varios meses. Lo primero que procede es una revisión de las hojas de vida de las tres juristas postuladas, con el fin de establecer si cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo, sin tener inhabilidades o incompatibilidades.

Si pasan ese filtro, la Corte citará a una audiencia pública para escuchar las propuestas de las ternadas respecto a la política criminal y el accionar de la Fiscalía.

Tras ello, se citarán las respectivas sesiones para la votación del pleno de magistrados. Como se sabe la Corte está compuesta por 23 juristas y la escogencia del nuevo Fiscal debe darse por voto positivo de 16 de ellos. La elección puede darse a finales de este año o comienzos del próximo.

Ángela María Buitrago Ruíz

Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma alma máter. Tiene un magíster en Derecho Penal y doctorado en Derecho y Sociología. Docente de pregrado y postgrado de la Universidad Externado.

Hace parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, el Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

También se desempeñó como subsecretaria de la comisión del Código Penal para Iberoamérica.

Fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y entre los casos más emblemáticos que manejó estuvo el de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. También estuvo al frente del proceso al exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes.

Perfiles de las candidatas

Ángela María Buitrago Ruíz

Es una abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma alma máter. Tiene un magíster en Derecho Penal y doctorado en Derecho y Sociología.

También es docente de pregrado y postgrado de la Universidad Externado de Colombia, donde imparte cátedras como derecho penal.

Hace parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, pero además del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca, y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Buitrago Ruiz es una abogada litigante, quien también se desempeñó como subsecretaria de la comisión del Código Penal para Iberoamérica y fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

También estuvo al frente de las investigaciones sobre desaparecidos en el Palacio de Justicia mientras desempeñó funciones dentro de la Fiscalía. Además de eso, fue la fiscal encargada de las indagaciones y acusaciones contra el coronel (r) Alfonso Plaza Vega, por delitos de desaparición forzada. Por estos hechos, el exmilitar fue condenado.

Llamó a indagatoria a tres generales retirados más, relacionados al asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Asimismo, estuvo al frente de las pesquisas del caso del hermano del exministro de interior, el exdirector de Fiscalías, Jorge Noguera.

Adicionalmente, fue la encargada de imputar cargos por calumnia al exvicepresidente Francisco Santos. Este había asegurado que integrantes de sindicatos como Sintrateléfonos, Emcali y Sintraunicol eran “auxiliares del terrorismo”.

En el orden internacional se conoce su experiencia en la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en México.

Amparo Cerón Ojera

Es una abogada de la Universidad de Santo Tomás con especialización en Derechos Humanos y Administración Pública de la ESAP que dedicó gran parte de su vida laboral a su carrera en Fiscalía. Desde esa instancia, estuvo al frente de investigaciones de envergadura relacionada al caso Odebrecht.

Tiene estudios como tecnóloga en Administración Municipal, en derecho penal de la Universidad Santo Tomás, con diplomado en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Rosario

Amparo Cerón Ojeda fue la responsable de la imputación de cargos a muchos de los particulares y funcionarios públicos vinculados a los sobornos millonarios hechos por la empresa. Muchos de los implicados responden a la justicia hoy en día.

Se supo de su renuncia a la Fiscalía General de la Nación en el año 2020, luego de que el fiscal Francisco Barbosa le quitara procesos por sobornos de Odebrecht a particulares, congresistas y funcionarios públicos.

Amelia Pérez Parra

Cuenta con estudios de derecho de la Universidad Libre y Especialización en Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia como funcionaria judicial, específicamente como fiscal delegada ante la Unidad Nacional de DD. HH., fiscal especializada, fiscal regional, jueza de Instrucción criminal y jueza penal municipal.

En 1998, se desempeñó como fiscal de los derechos humanos. En esa oportunidad estuvo a cargo de sendas investigaciones sobre paramilitarismo. Destacaron las indagaciones bajo su mando contra Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, vinculados a masacres como las de El Aro, Trujillo y Mapiripán.

Pero también estuvo a cargo de las investigaciones por la desaparición de Nidia Erika Bautista y Alirio Pedraza.

El 25 de abril de 2022, fue beneficiada con una medida cautelar de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al igual que ella, se otorgaron medidas a otros fiscales como Leonardo Augusto Cabana Fonseca, Amparo Cerón Ojeda, Lucía Margarita Luna Prada, Giovanni Álvarez Santoyo y Luis Augusto Sepúlveda Reyes y Martha Cecilia Camacho.

Los fiscales mencionados fueron blanco de amenazas por parte de líderes paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, en virtud de sus investigaciones, las cuales estaban dando como resultados presuntos vínculos entre paramilitares y Fuerza Pública.

Con la intención de proteger su integridad y vida, Pérez se vio en la obligación de buscar exilio en Canadá.

La terna fue recibida formalmente por el Vicepresidente del alto tribunal, Gerson Chaverra Castro, en nombre del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena