El informe publicado a comienzos de este año por la Misión de Empleo, hizo que, en todos los sectores, políticos, académicos, sindicales e institucionales, se despertara cierto optimismo para que el país se adentrara en esa hoja de ruta que diseñaron los expertos, y mejorar la situación laboral tanto de los colombianos como de las empresas que lo generan.

Incluso el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo tan pronto se conocieron las recomendaciones, que uno de los primeros pasos sería socializar los resultados con la Mesa de Concertación Laboral.

“Llevaremos este informe para discutirlo con las centrales obreras, con los gremios y con toda la academia posible”, indicó Cabrera.

En ese momento dijo que, en el marco del tiempo que le resta a este Gobierno, iban a presentar una ruta que se debe seguir para mejorar las condiciones laborales de los colombianos.

“Le presentaremos al país una ruta frente a los temas laborales complejos, lo de las pensiones, seguridad social y todo lo que planteó la Misión de Empleo”, sostuvo.

Añadió que en lo relacionado con los parafiscales quedan claros los avances que se han realizado con el objetivo de fortalecer las Cajas de Compensación Familiar, en el cuidado de personas enfermas que hoy no tienen ningún tipo de protección.

“En los próximos días ya se podrán ver resultados, pero primero vamos a mirar detalladamente este informe para empezar a hablar con las cortes por el tema de justicia laboral, además incrementaremos la planta de inspectores de trabajo con el propósito de llegar a muchos sitios de Colombia, por eso le apuntamos a los inspectores móviles”, dijo Cabrera a mediados de enero.

Sin embargo, todavía no existe un proyecto de ley ni un programa que tome en cuenta las propuestas de la Misión y las lleve adelante.

Protección social

El primer lineamiento que propuso la Misión es identificar y delimitar aquellos elementos de la protección social, separando los que son propios de la relación entre trabajadores y empresas de los que no lo son.

“Es importante delimitar aquellos factores de la protección social que quisiéramos que llegaran a todos los colombianos, de aquellos que son específicamente para los que trabajan”, dijo Santiago Levy, quien fue quien lideró la Misión de Empleo.

Otro elemento importante de las recomendaciones es renovar y fortalecer las instituciones de fiscalización de justicia laboral, ello con el fin de adecuarlas al entorno que se deriva de las recomendaciones anteriores. Se planteó, por ejemplo, vincular la fiscalización de la obligación de ahorrar para el retiro con el cumplimiento del impuesto sobre la renta.

Además, se sugirió reducir la litigiosidad de las relaciones entre empresas y trabajadores por “contrato realidad” y “causa justa”, así como dar mayores recursos públicos para las instituciones de fiscalización.

¿Solo en el papel?

Entre algunas de las opiniones que EL NUEVO SIGLO recogió tan pronto se conoció el contenido de la Misión, se destacan las de la directora de la Cámara Colombo Americana, (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture; el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, e Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

María Claudia Lacouture recalcó que las propuestas de la Misión no pueden quedarse solo en el papel y deben ser un foco del Gobierno que se elija en la próxima contienda electoral.

“El nuevo Congreso y Gobierno que se elegirán en las próximas elecciones deben ser conscientes de la importancia de estas reformas para hacer que el crecimiento económico sea sostenible y reducir la brecha laboral y social”, dijo Lacouture.

Soluciones

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “compartimos el diagnóstico de la gravedad del problema y también compartimos buena parte de las recomendaciones”. Sin embargo, dijo que el texto no da soluciones de fondo, solo recomendaciones.

En el tema de una renta básica, desde Fedesarrollo se considera que se debería haber ahondado más, “por ejemplo, decimos que se podría pensar una pensión universal y de $400 mil para todos los adultos mayores. En el documento hay una serie de cálculos del impacto fiscal y cómo se puede financiar si ese paquete de protección se aprueba”.

Además, complementa: “El informe dice que se trata de no financiar cosas que no están directamente atadas al empleo, con impuesto al empleo, y en particular se refirió al tema de la salud, que no debe depender de la posición ocupacional de una persona que está empleada, que sea empleada formal o informal. La idea de ellos es financiarlo con los impuestos generales, en vez de financiarlo con contribuciones a la nómina”.

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¿Refrito?

Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la Central Unida de Trabajadores (CUT), comentó cómo se separaron en un inicio de la misión, ya que no contaban con las garantías para ser escuchados. Además, explicó que el informe entregado es una repetición de otras recomendaciones hechas con anterioridad.

“Ese informe de la Misión de Empleo es un refrito. Es una plata pérdida, que continúa haciendo las mismas recomendaciones, todas las medidas que se han hecho en los últimos 30 años y que no han dado ningún resultado. Ese informe habla de que las regulaciones jurídicas están desactualizadas, sencillamente, para decir que hay la necesidad de hacer una reforma laboral, pensional y acabar con los descuentos, con parafiscales de las cajas de compensación familiar. Eso es en el fondo lo que el informe plantea, continuar de regularizar, no las relaciones laborales”.

Más acciones

De otro lado, Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, dijo que se necesitan más acciones, ya que el diagnóstico está hecho.

“Yo creo que hay un diagnóstico más o menos correcto. Pero lo que pasa es que nosotros estamos llenos de diagnósticos en este país, entonces hay un sobrediagnóstico, porque no hay uno solo de las problemáticas del sistema laboral colombiano. Se necesita tener en cuenta las condiciones históricas y culturales, tener en cuenta las dificultades que tenemos de las carencias en materia de formalización, de las carencias en materia de seguridad social, en su cobertura, de las carencias en materia de adaptación a las nuevas realidades. Lo hemos intentado”, afirmó el experto.

A su vez, Alejandra Botero, directora de Planeación Nacional, destacó en su primera reacción a los medios la importancia de la misión como una herramienta para cuestionar qué hacer para que funcione mejor el mercado laboral en Colombia. Del mismo modo, resaltó que a pesar de los efectos adversos de la pandemia en Colombia está “en un proceso muy exitoso de recuperación económica, resultados que se encuentran motivados, entre otros, por medidas que se adoptaron rápidamente desde el Gobierno nacional y desde el sector productivo para proteger el empleo y avanzar en la senda de recuperación”.

El diagnóstico de la Misión

1.- El mercado laboral en Colombia funciona mal. Como resultado, la mayoría de los trabajadores recibe protección social deficiente y tiene empleos precarios, con pocas posibilidades de mejora durante su carrera laboral.

2.- La disfuncionalidad del mercado laboral genera exclusión social, castiga el crecimiento y la productividad, y genera tasas de desempleo persistentemente altas.

3.- El mal funcionamiento proviene de malos incentivos de la protección social asociados a la forma en que se financia, y a la calidad y reglas de acceso a sus beneficios, deficiencias en los mecanismos para proteger a trabajadores contra el despido, un salario mínimo muy alto relativo a la distribución salarial, un sistema de formación para el trabajo que no conecta con las demandas del sector productivo y debilidad en los mecanismos de fiscalización e impartición de justicia laboral.

4.- Esta situación es producto de un proceso de reformas iniciado hace tres décadas, enmarcado por la Constitución de 1991, que no logró la consistencia necesaria para alcanzar los objetivos de eficiencia, universalidad y solidaridad establecidos en esa Constitución. Mirando al futuro, Colombia requiere construir una visión objetivo que amplíe y mejore la protección social en el contexto de un mercado laboral menos segmentado y más favorable a la productividad, y diseñar un proceso de reformas consistente para alcanzar esa visión.

5.- Lo anterior no implica reformar todo al mismo tiempo, pero sí implica no diseñar ni implementar reformas aisladas, y requiere cambios legislativos que pueden llevarse a cabo por diversas rutas, siempre y cuando se mantenga la consistencia global.